El año 2013 terminó con 520 condenados y 927 presos por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
La hora de revisar el rol de la Justicia
Hay 272 civiles involucrados en causas que tuvieron un movimiento significativo el año que terminó y seguirán avanzando en el que empieza. Cincuenta y tres entre esos acusados están vinculados con el Poder Judicial.
El 2013 concluyó con varios datos significativos en las causas de lesa humanidad. Hubo un aumento de 144 detenidos: pasaron de 593 en 2011 a 813 en 2012 y ahora son 927 en 2013. Y no hay en este momento constancias de detenidos en dependencias del personal militar. El año terminó con 520 condenados: 142 más que en 2012, que representa un aumento del 27 por ciento. Los números pertenecen a las últimas estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Pero el año tuvo otros datos significativos. Hay 272 civiles involucrados en distintas causas, sobre un universo de 2335 imputados. La información surge de un relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y muestra otro de los efectos de las políticas de persecución penal de este año. Entre los civiles acusados –conjunto que incluye a hombres de la Iglesia y empresarios– sobresalen los funcionarios del Poder Judicial: son 53 casos, 32 de ellos son jueces. El número es elocuente si se tiene en cuenta que hasta aquí hay un solo juez condenado.
Los civiles y el Poder Judicial
Según datos del CELS, a diciembre de 2013 son 272 los civiles registrados en distintas causas, lo que representa el 12 por ciento de los 2335 imputados. Es significativa la presencia del personal civil de Inteligencia, de sacerdotes o profesionales de salud, entre los que hay médicos, varios de los cuales están afectados a causas de robo de niños. Pero el dato más relevante es el del Poder Judicial. Hay 53 personas mencionadas en distintos procesos. Entre ellas hay fiscales, asesores de menores, defensores, secretarios y jueces.
Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que encabezan Jorge Auat y Carolina Varsky, indican que las causas en la que estas personas están involucradas tuvieron movimientos importantes durante este año. En esta línea, Varsky destaca que este año quedó firme la condena impuesta al ex juez Víctor Hermes Brusa. Brusa es hasta ahora el único juez condenado –la sentencia fue en 2009–, aunque cuando cometió los crímenes era secretario de juzgado.
Este año también se elevaron a juicio dos causas que involucran a seis ex funcionarios judiciales: Rolando Evaristo Carrizo Elst, Gabriel Francisco Guzzo, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz en Mendoza y Luis María Vera Candioti en Santa Fe. Y distintas Cámaras Federales confirmaron procesamientos de cinco imputados: Roberto Catalán (La Rioja), Roberto Mazzoni (Resistencia), Luis Angel Córdoba (Resistencia), Gustavo Modesto Demarchi (Mar del Plata) y Manlio Torcuato Martínez (Tucumán).
Detrás de los datos
El movimiento en torno de los funcionarios judiciales implica una revisión sobre el rol de la Justicia durante la última dictadura. Un rol que durante años se vio como “inactivo” y ahora se lo entiende como “activo”, aun en su supuesta inactividad. Dos resoluciones consolidaron esa línea de interpretación. Una de Omar Palermo, ahora integrante de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, cuando era fiscal y tuvo que pensar responsabilidades de imputados en una provincia paradigmática en ese sentido. Y otra de la Cámara de Casación en marzo de 2013, en la que se revocó el sobreseimiento del ex juez salteño Ricardo Lona. Allí se señaló: “Con tristeza estamos descubriendo que esos abogados fueron nombrados jueces federales para cumplir el rol de denegar justicia a cualquiera que mediante su reclamo cuestionara o revelara el plan sistemático de eliminación de oponentes políticos”.
Lorena Balardini, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del CELS, sostiene: “Las responsabilidades empresariales y judiciales están tematizadas desde la época de la Conadep. Siempre hubo menciones a los distintos poderes del Estado, pero eso no se había traducido en persecución penal. La hipótesis que tenemos es evidentemente que toda la cuestión civil estuvo presente en la transición democrática, pero lógicamente no hubo un foco en esa cuestión, salvo en el tema de la Iglesia. Ese tema estuvo muy presente, y sigue estando. Lo trabajó desde Emilio Mignone a Horacio Verbitsky. Pero sin embargo no tuvo su correlato en la persecución penal. Con los jueces existe un solo caso hasta ahora de una persona condenada. En ese sentido está todo por venir.”
Brusa visitaba los centros clandestinos de detención. Su caso es paradigmático, pero “no todos los jueces fueron Brusa”, dice Balardini. El juicio que comenzará en febrero en Mendoza va a ser importante, entre otras cosas, porque permitirá ver las distintas dimensiones en las que se está pensando la intervención de la Justicia. “No todo accionar fue visitar centros clandestinos. También son ejemplos de aquello no investigar, cajonear, no citar testigos, rechazar sistemáticamente hábeas corpus o dar la espalda a familiares”, señala. “Durante mucho tiempo se discutió este tema y se decía que los jueces estaban atados de pies y manos. O que estuvieron ‘inactivos’. Lo que ahora se ve es que los jueces o integrantes del Poder Judicial tuvieron un rol ‘activo’ a su modo. Porque su rol no era picanear, sino, por ejemplo, impedir el acceso a la justicia.”
Juan Pablo Bohoslavsky trabaja en la edición de un libro de varios expertos sobre la complicidad de funcionarios judiciales y abogados durante la dictadura. “Contra lo que sugiere la literatura comparada en la ciencia política, el Poder Judicial durante la dictadura en Argentina fue activo –no sólo complaciente o apolítico– en su colaboración con el régimen, cubriendo una amplia y variada gama de conductas”, dice uno de los párrafos de presentación del proyecto. “Desde la denegación sistemática (tanto de la Corte Suprema como de tribunales inferiores) de hábeas corpus interpuestos por los familiares de las víctimas, la confirmación de la validez de las normas de facto represivas, la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres y las razones de esas muertes, así como en la apropiación ilegal de niños, la intervención en tribunales militares para juzgar civiles, la ayuda prestada para interrogar e incluso torturar a detenidos ilegalmente, y la delación de abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fin de que fueran disciplinados por las fuerzas represivas –señala–. Se debe tener en cuenta que al día de la fecha ha habido, por lo menos, 129 acusaciones contra funcionarios judiciales por su complicidad durante la dictadura. La mitad se desvinculó voluntariamente de sus cargos, otros fueron destituidos y una tercera parte aún continúa en funciones”.
Auat reflexiona sobre este movimiento en un año en el que estuvo de fondo el debate de Justicia Legítima. Dice que después de la caída de las leyes de impunidad, el avance de estos expedientes se vio trabado por un segundo cerco de impunidad promovido por los propios jueces y operadores que debían investigar. Unos eran jueces, fiscales y operadores del sistema judicial que habían cumplido funciones durante la dictadura y aún ocupaban puestos. Otros habían ingresado después, pero estaban imbuidos por una misma matriz cultural. “Al no haber sido alcanzado por la democracia, ese Poder Judicial siguió funcionando con los mismos paradigmas y los mismos operadores de entonces, así se retroalimentó hacia adentro. Esos nuevos funcionarios ingresaron al abrigo de los viejos paradigmas con apoyo y padrinazgos, familiares o de amistad y evidentemente se generaron anticuerpos para investigar a sus propios miembros y no sólo los de esa época. Ellos encontraban el manto de impunidad porque las propias estructuras se encargaban de generar esa situación. El hecho de que pertenezcan a la misma comunidad, en ciudades chicas, hace que se inhiban de actuar por distintas razones, se excusan, en un trámite que lleva muchísimo tiempo. Y la demora se paga con monedas de impunidad, no hay otro costo y es el costo más grave que tenemos”.
Aunque estos 53 casos no son todos, ni muchos, en ellos puede verse cierto quiebre de esa lógica de clan. Las razones son muchas. Los juicios orales, por ejemplo, suelen hacerse con jueces que se movilizan desde otras provincias porque no hay magistrados del lugar disponibles. Eso llevó jueces de Tucumán a Santiago del Estero, de Buenos Aires a Santiago o Jujuy, de Santiago a Salta y de Catamarca a La Rioja. A la vez, eso impide la consolidación en cada lugar de una estructura judicial que se haga cargo de avanzar con estos ejes y lentifica las causas con audiencias que se hacen una o dos veces por semana. Pero mirados en conjunto generaron algunas sacudidas interesantes en los principados territoriales.
Por Alejandra Dandan
