MESECVI: Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas

La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI) y ONU Mujeres presentaron la Ley Modelo Feminicidio en memoria de todas las mujeres, adolescentes y niñas que han sido asesinadas por razones de género: ¡Ni Una Menos!

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Fuente MESECVI: http://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp

IPRODES: Por una gran transformación en la situación de la mujer en nuestra sociedad

05 feminicidios en lo que va del año 2019

A pesar de las denuncias y las protestas, la violencia contra las mujeres y las niñas no cesa ni disminuye en nuestro país. Al contrario, cada día se muestra más brutal y descarnada, pero sobre todo, tan impune como siempre. Hay que reclamar por sus derechos, por su dignidad, por la igualdad y, ante todo, por el fin de la violencia que cotidianamente se perpetra contra de ellas de las más diversas formas y en todos los espacios sociales. Ni una menos.

La situación actual en que viven las mujeres en nuestro país es terrible. Literalmente, una de las peores situaciones de todo el continente. La violencia contra la mujer y la niña se vive en nuestro país a todo nivel económico y social. Es uno de nuestros peores flagelos. Ninguna mujer, ninguna niña, está a salvo de sufrir alguna forma brutal de violencia; tal es la triste y dolorosa verdad de nuestra sociedad: desde el “piropeo” agresivo y obsceno -tan habitual en nuestras calles-, los ataques sexuales -más de la mitad de ellas contra niñas y adolescentes- y las golpizas para “corregirlas”, hasta los feminicidios. Una realidad espantosa. Una rutina macabra. Nuestra sociedad no le ofrece ni le garantiza a ninguna mujer o niña que podrá vivir con un mínimo de paz y seguridad. Finalmente, todas están expuestas.

¿Y no nos hace cómplices convivir con esta horrible situación sin mover un dedo?

Lo que el país necesita, urgentemente, es enfoque de género a todo nivel y de manera decidida. Enfoque de género en la educación, a todo nivel, para que los niños aprendan desde muy pequeños el respeto que deben a las niñas y mujeres, y crezcan en el concepto de la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como en el respeto a la identidad y la integridad sexual de todas las personas. No debemos permitir más que crezcan niños y hombres prepotentes, gratuitamente agresivos, que se creen con derecho a abusar de las niñas y mujeres porque de algún modo creen que ellas y sus cuerpos son de su propiedad.

Enfoque de género en la policía, para que atiendan las denuncias de las mujeres y no las relativicen como exageraciones o porque “algo habrán hecho” las víctimas. Enfoque de género en las fiscalías y tribunales, para que protejan de manera efectiva a la víctima y sancionen drásticamente al agresor, de acuerdo a ley. Enfoque de género en el Congreso, para que no protejan a los agresores como Mamani.

Debemos promover las medidas necesarias que se necesitan con urgencia. Estos años deben encontrarnos a todos trabajando por hacer realidad el fin de la violencia contra las mujeres y logrando resultados tangibles. Dos años puede parecer corto pero también puede ser suficiente para lograr cambios trascendentales.

Hay momentos en que la historia se acelera y éste tiene que ser uno de ellos. Que el bicentenario de la República nos encuentre con una gran transformación en la situación de la mujer en nuestra sociedad: mujeres empoderadas y conscientes de que tienen derecho a un lugar digno y en igualdad de condiciones sobre la tierra. Y que tienen derecho a la justicia más plena, a la seguridad de poder decidir sus vidas y no ser violentadas ni demonizadas por ello como se ha hecho tradicionalmente. Que las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas ya puedan respirar una atmósfera libre del dominio abusivo del machismo, seguras de que tienen por delante un futuro libre y digno, con oportunidades en pie de igualdad. Sería un cambio auténticamente radical, el cambio que necesita nuestro país, un cambio que depende de todos.

#NiUnaMenos

Instituto Promoviendo Desarrollo Social - IPRODES.

“Nuestra sociedad es patriarcal y tiene una cultura machista”

Luego de los cuestionados fallos en casos de violencia contra la mujer, el Poder Judicial creó la Comisión de Justicia de Género. La jueza suprema Elvia Barrios Alvarado fue nombrada presidenta de ese grupo.


Elvia Barrios acepta que algunas sentencias en casos de violencia contra la mujer son cuestionables. Afirma que desde la Comisión de Justicia de Género trabajarán por la aplicación de condenas justas y porque las mujeres no sientan más maltrato durante los procesos judiciales.

- ¿En qué consiste el trabajo de la Comisión de Justicia de de Género?
Es una comisión que tiene como función principal generar una perspectiva de género en los servidores judiciales. Se trata de reforzar la capacidad de los jueces, imitar sus buenas prácticas y trtansmitir el concimiento de los intrumentos internacionales.

- ¿Qué hace distinta a la justicia de género de la justicia como tal?
La justicia de género es sinónimo de igualdad en la aplicación de la ley.Nuestra sociedad es patriarcal y tiene una cultura machista, en esa perspectiva se marcan ciertos estereotipos, tanto para hombres como para mujeres. Lo que tenemos que hacer es erradicarlos porque esos estereotipos hacen que haya desigualdades. Cuando decimos justicia de género, estamos diciendo derecho a la igualdad ante la ley .
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—En esa perspectiva, ¿es necesario el enfoque de género en nuestro país?
Somos conscientes de que hay diferencias estructurales en la sociedad y que quien asume esas diferencias en desventaja es la mujer. Entonces, en esa línea tenemos que trabajar, pero se trata de un tema social y es estructural, no solo un tema del sistema de justicia. Aquí tenemos que intervenir absolutamente todos los entes.

—¿A la fecha existen en el Perú sentencias con perspectiva de género?
Siempre han existido. Quizá algunas personas consideren que algunas decisiones no son acertadas o adecuadas, pero para eso existe el recurso de impugnación. Muestra de ello son los acuerdos plenarios del 2005, sobre cómo valorar la declaración de la víctima, y el del 2011, sobre valorización de pruebas en el delito de violencia sexual, ahí se establece que la declaración de la víctima debe ser tomada como una prueba fundamental y piramidal. Indudablemente hay falencias, pero estamos para corregirlas.

—¿Los acuerdos plenarios a los que hace referencia han generado un cambio en la aplicación de sentencias para casos de violencia de género? ¿Son determinantes?
Todos los acuerdos han tenido cambios positivos. Además de lo que he mencionado, está el acuerdo por el tema retractación en casos de violencia sexual, el 60% de las víctimas cuyo agresor es un familiar se retracta, por eso nosotros hemos establecido estándares para valorar este recurso. Los acuerdos son precedentes vinculantes que orientan la actuación del juez y son de cumplimiento obligatorio. La posibilidad de apartarse existe, pero tienen que tener una motivación suficiente y reforzada.

—La marcha Ni Una Menos, realizada hace un mes, nació de la indignación por las sentencias leves a los agresores de Lady Guillén y Cindy Contreras. ¿Considera que esas condenas fueron justas?
Esas sentencias son de primer nivel, sé que ambas están impugnadas y serán vistas por un tribunal o Corte Suprema. No puedo adelantar opinión porque la probabilidad de que yo las conozca es altísima.

—De forma general, ¿cree que el Poder Judicial está dando un mensaje de justicia en este tipo de casos?
La estadística demuestra que hay un elevado número de condenas por delitos de violencia sexual y que las medidas de protección que otorga el Poder Judicial son inmediatas. No creo que estemos en una línea de ir contra la ley, indudablemente hay algunas decisiones que pueden ser cuestionables o cuestionadas, pero para eso las víctimas tienen el recurso de apelación.

—Los casos de agresión a mujeres, violaciones y asesinatos no paran y la población exige penas máximas, como en el caso de la violación grupal en Ayacucho. ¿Considera que es necesario agravar las condenas con respecto a estos delitos?
El caso de Ayacucho me causa mucha preocupación porque ocurrió en una ciudad que en los años 80 fue base del terrorismo y donde hoy tenemos hombres y mujeres hijos de la violencia. Lo ocurrido recientemente nos demuestra que tenemos una sociedad violenta. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Actualmente tenemos un marco normativo, hemos avanzado mucho, pero lo que se requiere es una correcta aplicación de las leyes. Siempre que se habla de incrementar las penas hay que recordar que tenemos cárceles llenas y donde el 50% de presos no tienen una condena.

—¿Es difícil probar el feminicidio o la tentativa de este delito?
La condición fundamental para evaluar este delito es conocer las circunstancias que rodean al acto. Si la pareja dispara un arma y causa un rasguño a la mujer, no podemos hablar de lesiones, eso es un intento de feminicidio.

—¿Cuál es el compromiso de la Comisión de Justicia de Género?
Son muchos, pero el fundamental es recuperar la credibilidad que tiene que tener la ciudadanía en sus jueces; lo segundo es que tenemos que responder a las expectativas sociales y tenemos que aplicar una justicia oportuna y ajustada a la verdad.

PERFIL
La valiente fiscal del Caso Accomarca
En 1985, Elvia Barrios fue nombrada fiscal mixta de Ayacucho. Por ese entonces tenía apenas 26 años pero se enfrentó con valentía a los peligros que implicaba ser autoridad en la época del terrorismo.

Tras la masacre en Accomarca, perpetrada por militares el 14 de agosto de 1985, ella se dirigió a la zona y junto al juez desenterró durante dos días los cuerpos de los campesinos. Con las pruebas que demostraban el delito de lesa humanidad en el Caso Accomarca, Elvia Barrios denunció al subteniente Telmo Hurtado.

Ella también dirigió la investigación por el Caso Pucayacu, y formalizó acusación contra el comandante Álvaro Artaza. Luego, fue vocal superior de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y presidió la Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos Libres de Lima.

Cuando se desempeñaba como jueza suprema provisional, en el 2011, formó parte de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que confirmó la condena de 7 años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori por los pagos a medios de comunicación, a congresistas tránsfugas e interceptación telefónica.

Casi medio año después fue nombrada jueza suprema y desde ese momento es una de las tres mujeres que integran la Corte Suprema.

Elvia Barrios también presidió la Red Latinoamericana de Jueces y en la actualidad es la presidenta de la Asociación de Juezas del Perú.

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NI UNA MENOS
Los compromisos que  generó la movilización

16 de agosto: Los ministerios de la Mujer y de Justicia, el Poder Judicial, la defensoría y otras instituciones anunciaron su compromiso de articular acciones para brindar una mejor atención a las mujeres víctimas de violencia.

18 de agosto:El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció en el Congreso varias medidas. Entre ellas, la instalación de comisiones para la promoción de la igualdad de género en las políticas públicas del Poder Ejecutivo .

Escribe Cristina Fernández.

Fuente El Comercio: https://elcomercio.pe/lima/nuestra-sociedad-patriarcal-cultura-machista-257189

España: La sentencia de La Manada "subestima la gravedad" de la violación

ONU Mujeres lamenta la sentencia de cárcel impuesta a cinco hombres por abuso sexual contra una mujer, que no fueron condenados por violación grupal, un delito más grave y que hubiera conllevado más tiempo en prisión.

La Coordinadora Ejecutiva de ONU Mujeres para el acoso sexual asegura que sentencias como la dictada en España en el caso de La Manada "subestiman la gravedad" de la violación y suponen un incumplimiento de las obligaciones claras que existen para que se respeten los derechos de las mujeres. "Las mujeres tienen que recibir justicia", señala en un comunicado.

Purna Sen recuerda que la violencia sexual es un fenómeno "global" al que "ninguna organización o país es inmune". "Demasiadas mujeres sienten que nadie las escucha, que nadie las cree o se preocupa".

El acoso sexual, dice, es un claro ejemplo de "violencia contra las mujeres" y los responsables tienen que rendir cuentas de sus actos. "La impunidad por las violaciones de derechos humanos impregna la cultura de la violación, culpa y juzga a las víctimas por los daños que les han causado a ellas, y no se puede permitir que continúe ocurriendo, incluso en los sistemas judiciales", añade su declaración.

Sen aplaude a las mujeres que han sido "valientes para hablar, a pesar de los riesgos", y que nos "piden cuentas a todos". Ha citado a España entre los países en los que las mujeres han impulsado el movimiento #MeToo o #YoTambién, y han "tomado las calles, clamando contra la violencia a la que se enfrentan y marchando en solidaridad con sus hermanas".

La sentencia de La Manada

Cinco hombres fueron condenados a nueve años de prisión por el delito de abuso sexual contra una adolescentes de 18 años cometido durante la fiesta de los Sanfermines de 2016.

Los cinco individuos, todos españoles de entre 27 y 30 años, se llaman "La Manada" en su grupo de WhatsApp.

La fiscalía argumentó que se trató de un hecho violento y que la víctima nunca dio su consentimiento para mantener relaciones sexuales.

El tribunal optó por declararlos culpables de un delito menor de abuso sexual y no de violación grupal, que hubiera conllevado penas de más de 22 años de cárcel para cada uno. La fiscalía y la defensa han anunciado que apelarán el fallo.

La corte acordó que no hubo consentimiento debido a que los imputados estaban en una situación de "superioridad que limitó la libertad de la víctima". Uno de los tres jueces del panel votó a favor de exonerar a los acusados.

Miles de personas salieron a las calles de muchas ciudades españolas para protestar por la sentencia. En Twitter, miles de mujeres han compartido sus experiencias de abuso sexual con el hashtag #cuéntalo .

El Gobierno español ha anunciado que estudiará una reforma legal del Código Penal.

Statement From Purna Sen 

Fuente ONU Noticias: https://news.un.org/es/story/2018/05/1432632

#NiUnaMenos: primer aniversario, por Arlette Contreras

“¿Y tú, apreciado lector, haces algo para contrarrestar la violencia que existe en el Perú?”

Por Arlette Contreras

Estoy tan orgullosa porque este es mi primer artículo de opinión y porque hoy cumplimos nuestro primer aniversario de la marcha Ni Una Menos Perú. Marcha que, como quedó registrado en las páginas de los periódicos, las fotos de las redes sociales y las cámaras de televisión de hace un año, albergó a miles de personas, entre hombres y mujeres de todas las edades, el 13 de agosto del 2016.

A un año de la multitudinaria marcha, desde el colectivo Ni Una Menos hemos contribuido a seguir visibilizando y colocando en la agenda pública la problemática de la violencia física, psicológica, sexual y de todo tipo contra las mujeres. Y a pesar de que los índices de violencia no se han reducido, sí hemos observado que las mujeres, hoy, tienen mucho más coraje y valentía para denunciar y dar a conocer todo aquello que antes callaban.

Seguimos luchando por deslegitimar la normalización de la violencia en nuestra sociedad, y pienso que en este terreno hemos logrado avanzar algo. Sin embargo, no es suficiente. No basta, pues es necesario que reflexionemos sobre nuestras prácticas de crianza y educación para que podamos quebrar los estereotipos de género y reaccionar con mucha más fuerza frente a tantas muertes y ataques contra las mujeres en el Perú.

En efecto, nuestro país registra hoy uno de los índices más altos de violencia en el planeta. Después de la asiática Bangladesh y la africana Etiopía, ocupamos el tercer lugar en violaciones sexuales. Asimismo, seis de cada diez peruanos y peruanas son tolerantes a la violencia.

En el Perú, basta que seamos mujeres para situarnos en un alto grado de vulnerabilidad, para convivir con una situación latente de riesgo para nuestras vidas y nuestra seguridad. ¿Es ese el país que queremos?

Ese país que, como constatan las cifras de agosto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de enero a julio –es decir, en los primeros siete meses del año– ya ha reportado 59 feminicidios y otras 123 tentativas de feminicidios (lo que significa, tristemente, un 11% más que los casos que se registraban en el mismo período del año anterior).

Ese país cuyo Ministerio de la Mujer, en los primeros seis meses del año –también según cifras de la entidad gubernamental– atendió un total de 2.890 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Cifra que, además, representa un alarmante 74,1% del total de casos atendidos (que asciende a 3.898 atenciones).

Ese país que durante los doce meses del año pasado registró la atención de 43.750 casos de violencia familiar y sexual de personas entre los 18 y los 59 años en los Centros de Emergencia Mujer. De este total, además, el 97% de casos fue por violencia contra las mujeres.

Ese país con un departamento como Loreto, donde el abuso sexual en escolares de secundaria ha afectado a cuatro de cada diez estudiantes.

Ese país donde, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en el 2016 el 13,6% de adolescentes entre los 15 y los 18 años quedaron embarazadas.

Ese país donde, según estadísticas de la ONG Save the Children, el 60% de embarazos en menores de edad entre los 12 y los 16 años ocurridos el año pasado fue consecuencia de una violación sexual. Y en el que, según registros del Seguro Integral de Salud, en los últimos seis años 11.781 niñas y adolescentes entre los 9 y los 14 años tuvieron hijos producto de una violación.

Ese país en el que, durante todo el 2015, 1.538 niñas y adolescentes de entre 11 y 14 años de edad acudieron al Registro Nacional de Estadística e Informática para declarar el nacimiento de un hijo. Y donde, también, se registraron 3.950 casos de adolescentes que transitaban la maternidad con apenas 15 años.

Más allá de lo que puedan enseñarnos las cifras (y de lo fuertes que puedan ser), necesitamos que el Estado cumpla con su función de brindar una adecuada atención a las mujeres que sobreviven a episodios de violencia. Es al Estado al que le corresponde darnos un acompañamiento integral y continuo.

En ese sentido, los operadores de la administración de la justicia en nuestro país tienen el deber de atender adecuadamente nuestros casos aplicando el enfoque de género. No les estamos pidiendo algo extraordinario, sino simplemente que cumplan la legislación y vean nuestras demandas tal y como manda la Ley 30364. ¿Saben nuestros jueces, fiscales y demás operadores de justicia lo que significa esto? ¿O es que todavía persisten los juzgadores machistas que, lejos de otorgar justicia y reparación para las víctimas, las terminan haciendo responsables del delito?

Díganme ustedes: ¿acaso los feminicidas, violadores y otros vienen arropados con una etiqueta visible pegada en la frente para que nosotras, las mujeres, sepamos que son capaces de violarnos, matarnos y violentarnos de distintas maneras? Pues no, señores juzgadores. Es fundamental valorar el testimonio de las víctimas y no culparlas o hacerlas responsables por la violencia que han sufrido.

¿Podremos lograr ser un país en el que podamos vernos todos y todas iguales ante la ley –como nos dicen– y con las mismas oportunidades? ¿Y tú, apreciado lector, haces algo para contrarrestar la violencia que existe en el Perú?

Fuente El Comercio: https://elcomercio.pe/amp/opinion/colaboradores/niunamenos-primer-aniversario-arlette-contreras-noticia-449727

"Una marcha de esperanza"

#NiUnaMenos, "Una marcha de esperanza" por Ronald Gamarra

Ni Una Menos es el lema de la marcha que impulsa para este sábado 13 el universo de mujeres más amplio que haya podido coincidir tras un objetivo en las últimas décadas. Nunca como ahora se vio la unanimidad que hoy anima a las mujeres a marchar y a reclamar por sus derechos, por su dignididad, por la igualdad y, ante todo, por el fin de la violencia que cotidianamente se perpetra contra ellas de las más diversas formas y en todos los espacios sociales. Esta es una fuerza que podría cambiar radicalmente nuestra sociedad haciéndola más humana y justa.

Podría ser el inicio de una revolución auténtica y profunda, verdadera y palpable por todas las personas. Se trata nada menos que de la vida de hoy, la vida de todos los días, de la mitad de la población, que son precisamente las mujeres. Y la otra mitad, los varones, tendrían la oportunidad de superar conductas arcaicas y abusivas que, tras la cachada del dominio, producen seres profundamente infelices que hacen daño irreparable a su entorno familiar y social. El movimiento de las mujeres puede ser el gran agente de civilización que requerimos urgentemente para un cambio real.

Por eso debemos ver con gran esperanza la movilización de las mujeres de este sábado. Porque con ella no podrá dejar de moverse también la sociedad entera. Se puede abrir entonces un momento de profundo cuestionamiento del modo tradicional en que están normadas las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la sociedad y quedará al descubierto su carácter opresor. El cambio que puede venir, entonces, se puede y debe tornar inevitabe. Eso, sin duda, es lo que produce inquietud a los reaccionarios como Cipriani.

Les da pesadillas que, como resultado de todo esto, surja un movimiento imparable de reivindicación femenina que arrase con los tabúes que han impuesto para dominarlas mejor. En vez de mujeres recluidas en su casa, bajo la autoridad suprema del pater familias, mujeres empoderadas y conscientes de que tienen derecho a un lugar digno y en igualdad de condiciones sobre la tierra. Y que tienen derecho a la justicia más plena, a la seguridad de poder decidir sus vidas y no ser violentadas ni demonizadas por ello como se ha hecho tradicionalmente.

Porque la situación actual en que viven las mujeres en nuestro país es para llorar. Literalmente, una de las peores situaciones de todo el continente. Según información disponible del Ministerio Público, entre los años 2008 y 2013 se registraron más de 100 mil denuncias por violación sexual, la mitad de ellas contra niñas y adolescentes. ¿Y las golpizas para "corregir" a las mujeres? ¿Y los asesinatos, empezando por el de la propia pareja? ¿No se trata de una realidad espantosa? ¿Y no nos hace cómplices convivir con esta horrible situación sin remover un dedo?

La mujer que habló de "país de violadores" para describir esto solo dio expresión a su indignación y al justificado temor que una sociedad así infunde en las mujeres. Y la única forma de no ser cómplices de esa situación es hacer del modo más activo todo lo que esté a nuestro alcance para cambiarla. Pero hubo quien tuvo la ocurrencia de exigirle a esa mujer que "se disculpe" por haber ofendido a los hombres de nuestro país. Así estamos, pues, hasta el cien, con tal grado de indiferencia e inconciencia, exigiendo que las mujeres se disculpen y callando como monaguillos ante las sandeces machistas del cardenal.

Ojalá, repito, que esta marcha de las mujeres sea el inicio de un gran cambio. Qué bueno que se produzca, además, con el inicio de un nuevo gobierno, que debe comprarse activamente este pleito y promover las medidas necesarias que se necesitan con urgencia. Este quinquenio debe encontrarnos trabajando por hacer realidad el fin de la violencia contra las mujeres y logrando resultados tangibles. Un quinquenio puede parecer corto pero también puede ser suficiente para lograr cambios trascedentales.

Hay momentos en que la historia se acelera y este tiene que ser uno de ellos. Que el bicentenario de la República nos encuentre con una gran transformación en la situación de la mujer en nuestra sociedad. Que las niñas y adolescentes ya puedan respirar una atmósfera libre del dominio abusivo del machismo, seguras de que tienen por delante un futuro libre y digno, con oportunidades en pie de igualdad. Sería un cambio auténticamente radical, el cambio que necesita nuestro país, un cambio que depende de todos.

Notas relacionadas:

- "Por Nuestras Niñas, #Ni Una Menos"

- "Impunidad, el otro nombre de la violación sexual", por Ronald Gamarra.

- "Niños, niñas y adolesentes necesitan una justicia más amigable". 

- "¿Somos un país de violadores? por Ronald Gamarra.

* Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 12 de agosto de 2016.

Fuente Hildebrandt:  http://www.hildebrandtensustrece.com/

ONU: Los derechos de las mujeres en el centro de decisiones judiciales

El acceso a la justicia es un pilar fundamental para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Contribuye a romper el círculo de la violencia, proporcionar reparación adecuada a las víctimas y transformar las circunstancias que las hacen vulnerables.

Fortalecer los esfuerzos que realizan las y los jueces para proteger los derechos de mujeres y niñas es esencial en ese proceso. Esa es la finalidad de una publicación de ACNUDH - Guatemala, denominada "Herramienta para la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en la elaboración de sentencias relativas a delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer”.

"La herramienta brinda orientación a jueces y magistrados en su análisis de casos de violencia contra las mujeres, femicidio, explotación y trata de personas", expresó Alberto Brunori, Representante de ACNUDH-Guatemala. "Compila tanto buenas prácticas identificadas en sentencias dictadas por tribunales nacionales, como estándares internacionales de derechos humanos. El objetivo es poner a la víctima y sus derechos en el centro de las decisiones judiciales", agregó.

La publicación es resultado de una estrecha colaboración entre ACNUDH-Guatemala, la Corte Suprema de Justicia, la Escuela de Estudios Judiciales y la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer del Organismo Judicial, con el apoyo de la Sección de Género en la sede de ACNUDH en Ginebra.

"La herramienta será utilizada como una guía para la interpretación de tratados internacionales, en consonancia con la legislación nacional", indicó el Magistrado Ranulfo Rafael Rojas, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. "Considero que será muy útil para que las y los jueces emitan resoluciones y decisiones con perspectiva de género", finalizó.

Un estudio previo realizado por ACNUDH concluyó que los tribunales especializados sobre delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer han reducido sustancialmente la impunidad en el país. Sin embargo, dado que en la actualidad los tribunales especializados están presentes sólo en 11 de los 22 departamentos de Guatemala, las autoridades judiciales y ACNUDH identificaron la importancia de fortalecer las capacidades de las y los jueces de tribunales ordinarios. Capacitarles en la aplicación de la perspectiva de género y derechos humanos en casos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer contribuirá con los esfuerzos que realiza el país para reducir la impunidad en esos casos. "La herramienta (...) es una contribución clave, ya que las investigaciones muestran que los estereotipos y el ignorar la perspectiva de género pueden influir mucho en la forma en que se evalúa la credibilidad de las víctimas y se entienden los delitos de violencia contra la mujer, lo que a menudo resulta en impunidad", manifestó Veronica Birga, Jefa de la Sección de Género y Derechos Humanos de las Mujeres de ACNUDH.

"Esta herramienta nos ayudará a identificar los estándares internacionales pertinentes en un caso concreto, y lo que es más importante, a utilizarlos para reconocer los derechos afectados y tomar las medidas adecuadas", dijo la jueza Leticia Alvizuris, del Tribunal penal de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en Guatemala.

Con apoyo de ACNUDH, la Escuela de Estudios Judiciales ha organizado cuatro talleres iniciales para explicar el uso de la herramienta a juezas y jueces de sentencia penal de tribunales ordinarios y especializados en la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Zacapa y Chiquimula.

Autoridades de la Escuela expresaron su compromiso de integrar la herramienta en los programas de formación inicial y permanente de las y los jueces. "La Escuela de Estudios Judiciales tiene un rol muy importante (...) para promover que las sentencias con perspectiva de género sean emitidas en todo el país", dijo Dora Lisseth Nájera, Coordinadora de la Escuela.

El número de sentencias dictadas en casos de femicidio y violencia contra la mujer ha aumentado en los últimos años, debido principalmente a la labor de los tribunales especializados. De acuerdo con el Organismo Judicial, en 2015 estos tribunales emitieron 4.149 sentencias, en comparación con 3.628 en el año anterior. Para reforzar estos resultados positivos, el Alto Comisionado ha recomendado a Guatemala adoptar políticas institucionales que aseguren la formación especializada de juezas y jueces sobre violencia contra las mujeres, así como para ampliar la cobertura de los tribunales especializados, dotándolos con recursos suficientes para trabajar de manera eficiente.

Guatemala Herramienta Incorporación Género ACNUDH

Fuente ONU: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/JudicialDecisions.aspx