El 14 de marzo de 2022, el Congreso del Perú decidió admitir a debate una nueva moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el Presidente democráticamente electo Pedro Castillo, que tiene el potencial de cesar las funciones del mandatario. Al respecto, la CIDH ha señalado en distintas oportunidades que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú, lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos. En este sentido, insta al Estado, una vez más a que por medio de las autoridades competentes avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho.
Adicionalmente, la CIDH ha expresado preocupación por el uso reiterado de esta figura, pues la misma ha sido promovida 6 veces desde diciembre de 2017, contribuyendo a los problemas de gobernabilidad del Perú, país que ha tenido 5 presidentes y 3 parlamentos desde 2016 como resultado de las confrontaciones entre los distintos poderes públicos.
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