Trece fiscales y siete jueces han sido incluidos en pesquisas del Ministerio Público debido a que estarían involucrados en red que encubría casos de violación sexual y corrupción
A
inicios de junio del 2021, la Unidad de Periodismo de Datos identificó a cuatro
fiscales y dos jueces de Amazonas que, al menos en once resoluciones dadas
entre 2018 y 2021, aparecen como denunciados o habían tenido participación en
casos contra la libertad sexual y violencia familiar, y habían emitido
resoluciones favorables para los agresores.
Desde
entonces, el Departamento de Investigaciones Especiales de la División de
Investigación de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (DIVIAC-PNP)
intensificó sus investigaciones y, junto a representantes del Ministerio
Público, realizó allanamientos e incautaciones en algunas oficinas fiscales
ubicadas en la provincia de Bagua, Amazonas.
El último 3 de diciembre, la Segunda Fiscalía
Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos emitió la
disposición 06-2021-MPFN-2FSTEDCFP. La Unidad accedió a este documento según el
cual se resuelve ampliar investigación e incluir como investigados a doce
fiscales, un exfiscal y siete jueces que integrarían una red de corrupción en
Amazonas involucrada en al menos 16 casos en los que se habrían cometido al
menos doce delitos como cohecho activo y pasivo específico, encubrimiento
personal y real, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, denuncia
calumniosa, obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, entre otros.
Organización
Criminal
Además,
once de estos funcionarios han sido incluidos como parte de una organización
criminal. Entre ellos resalta el exfiscal superior José Novoa Vásquez, quien
según la disposición emitida por el Ministerio Público estaría involucrado en
doce de los 16 casos por lo que se le acusa de al menos seis delitos.
El
caso más resaltante es el intento de violación a su sobrina, la joven abogada
Shirley Novoa Torrejón. La cantidad de situaciones irregulares que se
presentaron en su proceso y que fueron denunciadas de forma constante por el
abogado de IDL Juan José Quispe, representante de la agraviada, quien además
lleva años investigando la corrupción en el sistema de justicia de Amazonas,
impidieron que durante meses se llevara a cabo una adecuada investigación del
caso.
“A
pesar de todas las influencias que él tiene [José Novoa], yo continúo con esta
denuncia porque temo que él pueda hacerle lo mismo a otras personas. Pero temo
por mi seguridad”, mencionó Shirley Novoa.
Tras
la publicación del caso, José Novoa Vásquez renunció a ser fiscal. Según
fuentes del Ministerio Público lo habría hecho ante la Fiscalía de la Nación de
Lima. Este Diario intentó comunicarse con Novoa Vásquez para solicitar sus
descargos. Sin embargo, al cierre de este informe no recibió respuesta.
Además
de él, otros nueve fiscales han sido acusados de favorecimiento e impunidad en
este caso, entre los que destaca el fiscal Gilder Zapana Mayta, involucrado en
cinco de los casos, y quien en junio mencionó a este Diario que actuó “como la
ley lo estipulaba”. No obstante, el Ministerio Público lo investiga por los
delitos de cohecho activo y cohecho pasivo específico, falsedad genérica y
denuncia calumniosa.
Según
su abogado, Benji Espinoza Ramos, “la razón de la investigación contra el
doctor Zapana es una sinrazón. Se le atribuye un avocamiento indebido en una
causa para favorecer al doctor José Novoa y no hubo ningún favorecimiento solo
el cumplimento de la ley”, asegura sobre la investigación abierta por el
“favorecimiento e impunidad del fiscal Novoa Vásquez en presunta comisión de
tentativa de violación sexual”.
Espinoza
menciona que en este caso su cliente respetó el procedimiento de sucesión. “El
doctor Zapana no buscó el caso, le correspondía por apelación del artículo 23
de la LOMP, debido a que era el Fiscal Superior menos antiguo”, dice.
No
obstante, según declaraciones de Shirley Novoa Torrejón, Novoa Vásquez le había
mencionado en repetidas ocasiones su amistad con el fiscal Zapana Mayta,
Presidente de la Junta de Fiscales de Bagua y que este había nombrado, por
sugerencia de él, a Neptalí Marquina Paz como el encargado de la Fiscalía en
Delitos de Violencia contra las Mujeres.
Además,
Espinoza no hace referencia a los otros cuatro casos por los que se investiga a
su cliente: Los cuellos verdes del Milagro, los farsante de Cajaruro, interferencia
en investigación sobre violencia psicológica contra magistrada Soledad
Barrueto, y conspiración y ofrocimiento para el delito de sicariato. Espinoza
solo resaltó que “está convencido que el caso contra el doctor Zapana terminará
en un archivo rotundo”, declaró.
Antecedentes
Del
mismo modo, la fiscalía investiga a Guido Ojeda Torres, por los delitos de
abuso de autoridad, cohecho activo y cohecho pasivo específico, y falsedad
genérica; y a Neptalí Marquina Paz por los delitos de cohecho pasivo específico
y patrocinio ilegal en los casos de interferencia en investigación para
favorecer a padre de Novoa Vásquez y favorecimiento e impunidad de Novoa
Vásquez en presunta comisión de tentativa de violación sexual.
A
mediados del 2021, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación
preliminar contra Neptalí Marquina, quien el 28 de diciembre del 2020, sin
realizar ni una sola diligencia, como tomar declaración de la víctima o del
mismo agresor, resolvió no formalizar la investigación preparatoria contra el
exfiscal Novoa Vásquez por la tentativa de violación contra su sobrina. En
junio, el Ministerio Público mencionó a este Diario que Marquina además de la
investigación por presunto favorecimiento la Fiscalía de la Nación había dado
por concluido su nombramiento provisional.
Otro
investigado e incluido como parte de la organización criminal es el Juez
Superior Gonzalo Zabarburú, quien en 2019 fue denunciado por acoso sexual y
violencia de género. No obstante, nunca fue destituido de su cargo. Este Diario
intentó comunicarse con los funcionarios mencionados, a través de intentos de
llamas, correo y mensajes de texto, pero no recibió respuesta hasta el cierre
de esta edición.
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