La
norma, que ha salido adelante con los únicos votos en contra de Vox y el PNV,
amplía el plazo de prescripción de la pederastia e incorpora un amplio conjunto
de medidas de prevención. El País, por María Sosa.
El
Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley orgánica
de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia. Es un texto
pionero a nivel internacional que sitúa a España a la vanguardia de la
protección de los derechos de los niños y que ha salido adelante rebasando, por
mucho, la mayoría absoluta que necesitaba. No es habitual en estos tiempos que
corren un apoyo tan importante, pero los grupos han echado a un lado los
colores políticos y la norma ha cosechado 268 votos a favor, 57 en contra y 16
abstenciones. Solo Vox y el PNV, este último por motivos competenciales,
mostraron su rechazo. Las abstenciones son de EH-Bildu, JuntsxCat, PDeCAT y
Navarra Suma. Queda ahora su paso por el Senado, donde probablemente se
presentarán nuevas enmiendas, pero como el trámite es de urgencia, la ley puede
estar publicada en el Boletín Oficial del Estado ya en junio
La
violencia contra la infancia es una realidad silenciada. El sistema de recogida
de datos es muy deficiente. En 2019, se registraron más de 40.000 delitos
contra menores de edad, según datos del Ministerio del Interior que tomó como
base denuncias y actuaciones policiales. Cerca de la mitad del total de los
delitos cometidos contra la libertad sexual tuvieron como víctimas a un niño o
un adolescente. Pero estos son solo la punta del iceberg. Muchos casos ni
siquiera llegan a denunciarse.
HLa
norma pretende ser un cambio de paradigma, como en su día lo fue la ley de
violencia de género. Tiene como fin garantizar los derechos de los niños y
adolescentes frente a cualquier forma de violencia, que el texto aborda de
forma exhaustiva (desde el castigo físico a la violencia sexual o el ciberacoso),
y recoge medidas para la sensibilización, detección, protección y reparación de
las víctimas. Tiene el objetivo de acabar con la impunidad de los delitos
graves contra menores, entre ellos la pederastia, al ampliar los plazos de
prescripción: el tiempo del que dispondrá la víctima para denunciar comenzará a
contarse cuando cumpla 35 años, frente a los 18 actuales. Esto quiere decir que
los delitos no caducarán hasta que tenga al menos 40 años, y los casos más
graves podrán denunciarse hasta los 55. Esta enmienda fue añadida este mismo
miércoles in extremis y es la única que ha salido este jueves adelante en el
pleno de todas las que se han votado.
Además,
se instauran medidas para evitar la victimización secundaria, que se produce
cuando, durante el proceso judicial, la víctima recibe una atención deficiente
que le hace revivir su trauma; se refuerza el derecho de los niños a ser
informados y escuchados; se da un mandato al Gobierno para que cree juzgados
especializados, y pone el foco en la prevención, con un despliegue de
iniciativas, desde formación a profesionales que trabajen con niños al
establecimiento de protocolos en los colegios, centros deportivos y de menores.
HNo es común que todos los grupos que suban a la tribuna, con el punto discrepante de Vox, elogien el espíritu de una norma. Se presentaron 576 enmiendas, de las cuales más de 200 fueron incorporadas, y más de 70 fueron transaccionadas entre los distintos grupos. Es una ley que marca un antes y un después, señalaron los dos partidos del Gobierno. “Podemos convertirnos en referencia mundial”, ha afirmado la ponente de Unidas Podemos, Lucía Muñoz. “Queremos que crezcáis sin violencia y viváis sin miedo”, ha dicho la portavoz socialista de derechos sociales, Sonia Guerra.
Pese
al gran consenso en torno a la norma, han salido a relucir diferencias en el
seno del Ejecutivo de coalición. La formación morada ha reclamado al PSOE su
voto a favor de la prohibición de la entrada de menores a espectáculos taurinos
y a una enmienda en la que se propone aumentar las garantías de los menores
ante desahucios, al obligar a que el juez realice un juicio de proporcionalidad
antes de autorizar la expulsión de la vivienda. Las dos han sido rechazadas.
Fuentes parlamentarias socialistas argumentan, respecto al primer punto, que
las competencias son autonómicas, y respecto al segundo, que es un asunto que
ya se está negociando en la futura ley de vivienda.
“Nada
de lo que os ha pasado es culpa vuestra”
Las
organizaciones de infancia llevan años reclamando esta ley. El Comité de
Derechos del Niño recomendó a España en 2010 que aprobara una norma que
protegiera de forma integral a la infancia, y en 2017 todos los partidos
votaron una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a legislar de forma
urgente. Esa urgencia ha tardado cuatro años en hacerse realidad. En palabras
de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Unidas Podemos), la norma
“ha tenido un altísimo consenso, pero una baja intensidad”. Ha puesto ejemplos
de casos reales de menores víctimas de violencia y su desprotección, y ha
criticado que “la Iglesia católica ha sido cómplice demasiadas veces” al
encubrir violencia sexual contra los niños, algo que “tiene que terminar”.
Belarra también se ha dirigido directamente a los niños: “Si alguien trata de
haceros sentir culpables por lo que os ha pasado quiero que escuchéis
atentamente mis palabras: nada de lo que os haya pasado es vuestra culpa, pedid
ayuda porque alguien va a ayudaros”.
HLos
trabajos de preparación de esta ley comenzaron con el Gobierno del PP, la
exministra socialista María Luisa Carcedo dejó el texto muy avanzado y fue la
primera iniciativa legislativa que Pablo Iglesias llevó a Consejo de Ministros
cuando era el titular de la cartera de Derechos Sociales, el pasado junio.
Durante el trámite parlamentario, según han reconocido la mayoría de los
grupos, la norma ha absorbido mejoras sustanciales, como el refuerzo de la
protección de los menores que viven situaciones de violencia de género o la
prohibición del síndrome de alienación parental, que carece de aval científico,
pero se ha utilizado por peritos, abogados y trabajadores sociales para
describir la manipulación de un progenitor, normalmente la madre, sobre sus
hijos para que rechacen al otro progenitor.
Alicia
García, portavoz de derechos sociales del Grupo Popular, ha reconocido que la
ley “llega tarde” y que echa en falta un “enfoque de discapacidad” y “más
receptividad por parte del Gobierno”. Sara Giménez, diputada de Ciudadanos, ha
recalcado el consenso en torno a esta norma. “El trabajo parlamentario exige
voluntad de acuerdo y llegar a mejoras”, ha dicho, “no se nos debe olvidar para
qué nos pagan, para qué estamos aquí”. Ha exigido recursos para poder desplegar
la ley.
7Invasión
de competencias
El
principal punto de fricción ha llegado por el asunto competencial. En palabras
de Iñigo Barandiaran, del PNV, la norma contempla “una invasión competencial
que no tiene justificación”, lo que ha llevado a su grupo a votar en contra;
Mertxe Aizpurua (EH-Bildu) ha dicho que su grupo se ha abstenido con un
“sentimiento amargo”. El PDeCAT también se ha abstenido por este motivo.
Aizpurua ha considerado que la ley debe incluir el reconocimiento de la
“violencia institucional”, y debe suprimirse la condición de agente de
autoridad que se otorga a los funcionarios de servicios sociales, algo que
según ha explicado puede aumentar la situación de poder de la Administración
ante las familias en procesos de retiradas de tutela. ERC, que ha votado a
favor, coincide en ambos aspectos. Pero todos ellos han respaldado los
parámetros que defiende la ley.
La
voz discordante la ha dado Vox. “Mujer, nieta, hija, hermana, amiga,
periodista, compañera, diputada. Principalmente soy madre”, ha empezado
diciendo Teresa López. “Quieren limpiar sus conciencias”, ha acusado la
diputada del partido ultraderechista. Y ha deslizado: “Paradojas progresistas.
Proteger a la infancia no es promover el aborto. Eso es violencia”. López
considera que las familias no necesitan acompañamiento: “¿Es parentalidad
positiva que los padres no puedan elegir que sus hijos puedan recibir, a
cualquier edad, en cualquier escuela, educación afectivo sexual?”, se ha
preguntado. “Es una ley creada para educaros a imagen de lo que ustedes
representan, la destrucción de la familia, de la vida y de España”, ha
concluido su intervención.
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