En medio de la crisis de salud pública sin
precedentes causada por la pandemia de COVID-19, las autoridades estatales y
locales han adoptado diversas medidas, incluidas las que restringen los
derechos y libertades de las personas. En muchos casos, esas restricciones
parecen necesarias para hacer frente con eficacia al brote de virus y proteger
los derechos a la vida y la salud de todos. De hecho, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) permite restricciones de ciertos derechos
civiles y políticos en circunstancias limitadas, incluida la crisis de salud
pública causada por el COVID-19. Además, cuando se enfrentan a una situación de
emergencia nacional, los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pueden,
con carácter temporal, suspender algunas de sus obligaciones en virtud de dicho
Pacto, si se cumplen los requisitos y condiciones previstos en el artículo 4
del mismo.
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