El interregno golpista duró apenas cinco días antes de caerse como un castillo de naipes ante la protesta generalizada de toda la ciudadanía nacional encabezada por la valerosa juventud peruana. Sin embargo, bastaron apenas esos cinco días para que los usurpadores se pusieran ellos mismos en evidencia no solo como gente ambiciosa e inescrupulosa, de intereses mezquinos y mafiosos, sino como matonescos represores de los derechos democráticos más elementales de los ciudadanos, especialmente de nuestros jóvenes resueltos y generosos.
Hay que decirlo claramente: hemos padecido un interregno golpista criminal. En apenas cinco días, los usurpadores ejercieron una represión brutal, que ha causado más de 200 heridos registrados en los hospitales, de los cuales, hasta el día de hoy martes que escribo esta nota, 24 permanecen internados y 4 se encuentran en cuidados intensivos. Muchos heridos tienen lesiones de extrema gravedad. Varios tienen lesiones por perdigones en los ojos y corren el riesgo de perder la vista. Uno tiene una grave lesión por proyectil de arma de fuego en la médula espinal y ya no puede caminar. Hay otro que tiene dos perdigones alojados en el cerebro.
Pero aún: el régimen usurpador que implantaron los golpistas le quito al vida a Jack Pintado e Inti Sotelo, de 22 y 24 años respectivamente, dos jóvenes correctos, estudiosos, prometedores, que salieron con sus compañeros a las calles a manifestar por la dignidad y el futuro de su patria y su pueblo. Hijos de las familias modestas, esforzadas, trabajadoras, patriotas, que no merecen, como nadie en el Perú, que una gavilla de patanes ambiciosos de poder y dinero les mate a los hijos por ejercer el derecho a protestar en defensa de la democracia.
A Jack Pintado lo asesinaron a quemarropa con una salva de prohibidos perdigones de plomo. Un cartucho suele contener 14 perdigones. De ellos, 10 fulminaron a Jack. Esto solo puede suceder cuando el disparo se hace a muy corta distancia. El polocía que le disparó lo hizo con el deliberado propósito de causarle el mayor daño y lo logró: lo mató en el lugar. A Inti Sotelo lo mataron igualmenete por disparo de un proyectil que, por sus dimensiones, entra en la clasificación técnica de bala. También a corta distancia. Así ha disparado la policía contra manifestantes desarmados, pacíficos, a quienes delideradamente provocaban lanzándoles bombas lacrimógenas y saturando el aire con ellas.
La policía también infiltró sistemáticamente agentes provocadores entre los manifestantes, agentes de inteligencia del escuaadrón Terna que azuzaban actos violentos para descontrolar y desprestigiar las manifestaciones, y que rastreaban a los manifestantes para agredirlos, golpearlos y detenerlos. Al ser descuebiertos, varios de estos agentes extrajeron sus armas de fuego y dispararon contra los manifestantes. Los agentes provocadores también sembraban "pruebas" de la supuesta presencia "terrorista" en las manifestaciones, pintando torpemente hoces y martillos y consignas de Sendero Luminoso.
Decenas de reporteros fueron agredidos de diversas formas. Varios de ellos fueron víctimas de disparons de perdigones o del impacto de bombas lacrimógenas. Uno de ellos, reportero del diario El Comercio, debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por un impacto de proyectil de arma de fuego en la columna vertebral, muy cerca de la médula espinal. El gobierno también acusó a los periodistas por informar sobre los sucesos e impuso la censura en la televisión pública, determinaron la salida de lagunos periodistas.
Los abogados también fueron víctimas de la agresión policial. Entre ellos, el de la Coordinadora Nacionald e Derechos Humanos, detenido en pleno cumplimiento de su función de defensor de los manifestantes capturados. A los abogados no solo se les impidió o dificultó sistemáticamente la asistencia a los detenidos, sino también su derecho a participar en diligencias de delicada importancia.
Desde el principio, los golpistas esgrimieron el "terruqueo" contra la protesta democrática de la ciudadanía. Afirmaban y hacían correr por los medios e internet que la protesta era impulsada por el terrorismo. La golpista Martha Chávez lo dijo y exigió que las Fuerzas Armadas aplastarna la protesta; quería sangre y estaba dispuesta a derramarla. ¿Por qué no me sorprende? Tambipen lo dijo el ex militar D'Alessio, nada menos que "ministro" de Educación del ususrpador Merino. Los golpistas del partido fujimorista Fuerza Popular hicieron un sofisticado spot para reafirmar la calumnia de terrorismo contra las manifestaciones. José Barba y Rafael Rey mintieron permanentemente en este sentido, llegando al extremo de falsificar una foto que tomaron de un diario de Chile, publicada hace un año, para "demostrar" que los manifestantes disponían de armas de fuego. Toda esta extendida campaña venía de arriba y habrá oportunidad de desenhebrar su origen y ramificaciones. Pero no fue en absoluto casualidad. Estaba demasiado bien coordinada.
Todo lo anterios nos da a gran escala, muy bien sincronizado, que viene de arriba hacia abajo. Es decir, de los golpistas hacia los agentes de policía concretos. Los policías que provocaban a los manifestantes, que los infiltraban, que disparaban contra ellos, que acosaban a periosdistas y abogados, no actuaron por decisión propia y exclusiva de carácter personal. Nada de eso. Evidentemente respondían a una cadena de mando, en cuya cúspide se encontraban el usurpador Manuel Merino, su "premier" Flores Aráoz y la cúpula de politicastros golpistas que tramaron la vacancia.
No podemos permitir que estos crímenes queden impunes. Una olbigación de la democracia defendida con tanto valor y entrega por nuestros jóvenes en estos días es hacerles justicia. Especialmente en homenaje a la memoria de los jóvenes mártires Jack Pintado e Inti Sotelo. A los golpistas se les advirtió en todos los idiomas, tanto dentro del país como desde el exterior, pero siguieron adelante con sus abusos. Ya el 12 de noviembre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas había advertido al "gobierno" usurpador: "Perú debe garantizar el derecho a la reunión pacífica (...) La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria. Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas solo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes (...) nuestra Oficina ha podido constatar casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales. Las autoridades peruanas deben poner fin a este tipo de procedimientos, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos".
Se ha empezado el camino para hacer necesaria justicia. Ya hay una investigación preliminar, abierta por la Fiscalía de la Nación contra Mauel Merino, Flores Aráoz y su temporal "ministro" del interior, y otra contra los miembros de la Policía Nacional que resulten responsables directos de los homicidios perpetrados y de las lesiones inflingidas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur ha declarado que "enviaremos una misión al país para evaluar el impacto de la crisis política en los derechos humanos. En los próximos días se desplegará un equipo en Lima para recabar información de primera mano". Cuando usted lea este texto, el checo Jan Jarab y su gente ya se habrá reunido con representantes del Estado, la sociedad civil, las víctimas y sus familiares. No debemos permitir que esta vez reine la impunidad cuando el crimen de Estado se comete en tiempo real ante nuestros propios ojos.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 20 de noviembre de 2020.
Fuente Hildebrandt en sus trece.
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