La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las violaciones de derechos humanos más graves e invisibilizadas. Generalmente, los abusadores son parte del entorno familiar y social próximo de la víctima. Una de las consecuencias es el embarazo forzado. En estos casos, la interrupción del embarazo es legal y es obligación del Estado garantizar su acceso en condiciones seguras a quien lo solicite, sin necesidad de denuncia policial y/o autorización judicial.
Elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina y, la Defensoría del Público.
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