La pandemia
desatada por el Covid-19 llevó al poder ejecutivo a considerar a la población
privada de su libertad como uno de los sectores de la sociedad que enfrentaba
más riesgos de contagio e incluso la muerte a consecuencia de ello, y -luego- a
la admisión de que el hacinamiento y las lamentables condiciones de salud en
los centros de detención habían convertido a las internas y los internos en
focos de contagio masivo de la enfermedad. Ello, cuando ya el virus se
encontraba en determinados penales y ante la evidencia de las muertes. La
preocupación, y ciertamente el acento, fue puesto en las personas adultas
privadas de libertad. Pero, claro, no solo los adultos se encuentran bajo
situaciones de privación de la libertad, también lo están -aunque no se
visibilice de manera suficiente- un número importante de las y los adolescentes
infractores de la ley penal.
Artículo de Ronald Gamarra y Sofía García.
Fuente IPRODES.
Foto de RPP.
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