Violencia en el hogar durante el COVID-19 en América Latina y el Caribe
ONU Mujeres, OMS/OPS, UNFPA y UNICEF
La comunidad
internacional ha reconocido que la violencia contra mujeres y la violencia
contra niñas y niños representan violaciones de los derechos humanos y
problemas de la salud pública, con implicaciones para el desarrollo integral,
educación e integración social de niñas, niños y adolescentes.
Aún
están presentes normas sociales que contribuyen a “normalizar” tanto la
violencia contra las mujeres como la violencia contra las niñas y niños, entre
ellas: la permisividad del castigo físico; las normas de masculinidad basadas
en el control y violencia; priorizar la reputación familiar sobre el cuidado de
las personas que sufren violencia; rechazar la igualdad de género.
Las niñas y niños que viven en hogares afectados
por la violencia hacia las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir castigo
físico que otros niños y niñas
Las personas y las familias a menudo están expuestas a múltiples formas de violencia que pueden ser difíciles de abordar de manera aislada.
DURANTE
EL COVID-19
Las
medidas para prevenir la propagación de COVID-19 como la cuarentena y el distanciamiento
físico pueden no sólo generar mayores riesgos de violencia contra las mujeres,
sino también de violencia contra las niñas y niños.
Durante
el confinamiento y las consecuencias derivadas de este, pueden presentarse
situaciones estresantes o conflictivas que pueden traducirse en un incremento
de la violencia, incluido el castigo corporal, la desatención y aumentar el
riesgo de violencia sexual en la pareja íntima y también por parte de las y los
adultos hacia niños, niñas y adolescentes.
Es
importante tomar en cuenta que la crisis de COVID-19 puede afectar de manera
diferenciada a niños y niñas indígenas, del área rural, afrodescendientes,
institucionalizados o sin cuidados parentales, o niños y niñas con
discapacidad, que pueden quedar aislados, con su educación escolarizada
interrumpida, sin acceso a servicios de protección y pueden tornarse más
vulnerables a situaciones de pobreza, trabajo infantil, explotación sexual,
matrimonios o uniones tempranas, entre otros.
NUESTRO
LLAMADO A LA ACCIÓN
Brindar
e invertir en los servicios para prevenir y responder a la violencia contra las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, en su diversidad, que deben ser
considerados servicios esenciales y seguir funcionando durante la respuesta al
COVID-19.
Trabajar
de manera muy estrecha con las organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos y aumentar su
financiación para que puedan desarrollar nuevas modalidades para prevenir y
atender la violencia contra las mujeres, niñas y niños en la respuesta al
COVID-19 y la recuperación.
Activar
servicios de apoyo a la ciudadanía para su bienestar y su salud mental durante
el confinamiento como medio para prevenir situaciones de violencia y abordar
los factores de riesgo, dirigida a padres y madres de familia, cuidadores, etc.
como técnicas de manejo del estrés
Capacitar
al personal de salud y otros servicios sociales y de apoyo acerca de la
identificación de las sobrevivientes y el apoyo de la primera línea.
Aumentar
el control vecinal, comunitario y digital para vigilar, proteger y apoyar a
mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.
Garantizar
la continuidad de los servicios de salud para la atención oportuna y de calidad
y respuesta de casos de violencia sexual, como el acceso a servicios de la
salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos de emergencia y la
profilaxis posterior a la exposición (PEP).
Asegurar
la continuidad de los servicios de justicia cuando la movilidad de los jueces y
el personal de justicia se ve comprometida, a través de mecanismos digitales y
remotos, especialmente cuando estos servicios son necesarios para resolver
disputas relacionadas con la violencia de pareja íntima, liquidación de bienes,
custodia, manutención o pensión alimenticia, etc.
Evitar
así mismo la separación a largo plazo entre niños, niñas y sus familias,
fomentar la comunicación remota entre familias en casos de separación
temporaria, establecer arreglos de cuidado alternativos, seguros y aceptables
en caso de enfermedad o muerte de un cuidador.
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