El procedimiento de
estudio inicial de las peticiones está regulado en los artículos 26 al 29 del
Reglamento de la CIDH, y se caracteriza por ser una función delegada por la
CIDH en su Secretaría Ejecutiva; en la cual se realiza un análisis preliminar y
completo de los requisitos de admisibilidad y competencia de las peticiones, en
los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Reglamento y
Estatuto de la CIDH y demás instrumentos interamericanos aplicables al caso.
Esta decisión es definitiva, y solo podrá ser objeto de una solicitud de
reestudio en la forma establecida en la presente Resolución 1/19. Dichas
solicitudes serán atendidas en orden cronológico.
En este sentido, y
de manera compatible con esta posibilidad de una revisión de las decisiones de
no apertura a trámite en la etapa inicial del procedimiento, la CIDH recuerda
que una de las medidas concretas establecidas en su Plan Estratégico 2017-2021
para la atención del atraso procesal acumulado desde los años 90, es la
aplicación estricta de los requisitos de apertura a trámite, dentro de los
parámetros de su Reglamento.
“La Resolución
refuerza este mandato, al establecer parámetros claros y un límite temporal
definido para solicitar una revisión de la decisión de no abrir a trámite, en
casos excepcionales en los cuales exista una fundamentación que establezca que
se pueda haber cometido un error. Asimismo, otorga a la decisión el carácter de
definitivo”, señaló en Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
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