Los acontecimientos políticos de las últimas semanas se resumen en un solo resultado concreto: la caída, quizás definitiva, del formidable poder que el fujimorismo había llegado a acumular con los resultados de las elecciones del 2016, en las cuales, a pesar de haber perdido la presidencia de la república por escaso margen, lograron el control absoluto del congreso con una mayoría tan apabullante que les daba la posibilidad cómoda y cierta de cogobernar a la espera de las siguientes elecciones generales, en las cuales bien podrían alcanzar el ambicionado triunfo.
No ha sido así. En lugar de un proceso de serena acumulación de fuerzas, el fujimorismo se decantó por una actitud de prepotencia e intolerancia, ejerciendo su mayoría con arbitrarierdad y duplicidad para establecer mediante ella el dominio político sobre el poder ejecutivo que el electorado le había negado. Se decidieron por una política de sabotaje activo buscando infundir entre los ciudadanos la convicción de que todo gobierno que no fuera el fujimorista estaba destinado al fracaso. Por cierto, una clásica fórmula autoritaria de persuasión.
Lograron avanzar en sus objetivos en una primera etapa, derribando al presidente Kucynski y "colocando" en el poder al entonces vicepresidente Martín Vizcarra. Los ánimo en todo aquel proceso la leyenda, convenientemente difundida y alimentada por Keiko Fujimori, de que Kuczynski les "había robado" el triunfo electoral. En el camino hacia la defenestración de Kuczynski, sin embargo, Keiko no dudó en purgar a su propio hermano y la disidencia que este encabezaba. Magullada y con sangre en el ojo, Keiko parecía, pese a todo, haber avanzado en sus objetivos.
El estallido del escándalo de corrupción judicial marcó de pronto un cambio inesperado en la situación política al poner en evidencia los numerosos e íntimos nexos entre esa corrupción y el partido fujimorista, incluyendo vínculos directos con la propia Keiko Fujimori, pues nadie podía creer que la "Señora K", que coordinada reuniones secretas con el juez supremo César Hinostroza Pariachi, señalado cabecilla de la densa red de corrupción que infestaba el Consejo Nacional de la Magistratura, la ONPE, el Poder Judicial y el Ministerio Público, no fuera precisamente ella.
En este contexto, lo que no esperaba el fujimorismo fue que el nuevo presidente Martín Vizcarra tuviera la iniciativa y la osadía de desafiarlos y emplazarlos en la lucha contra la corrupción. Entonces la ciudadanía vio a un presidente con una posición cada vez más clara y definida sobre este tema, que busca impulsar medidas y políticas anticorrupción, mientras la mayoría parlamentaria fujimorista se dedicaba a blindar descaradamente a Hinostroza y compañía, tonteando y dando largona mediante pretextos de procedimiento a las acusaciones contra ellos.
En las pocas semanas transitadas bajo está lógica de rivalidad entre Vizcarra y la mayoría parlamentaria, el fujimorismo ha dilapidado su capital político con una velocidad y torpeza de vértigo. Tal vez no tenían otra alternativa, pues evidentemente tienen numerosas complicidadesque encubrir. No de otra manera se explica su respaldo a fardo cerrado al fiscal de la nación Pedro Chávarry, rechazado por el 90% de la ciudadanía debido a las graves acusaciones que lo señalan como íntegrante de la banda del juez César Hinostroza.
Dos años depués de aquel momento culminante de julio de 2016, la mayoría fujimorista se hace se encuentra arrinconada, desprestigiada y claramente demosralizada, crecientemente dividida y abirtamente repudiada por la opinión pública. De hecho, queda claro que ha dejado de ser una mayoría real y legítima. Ya no representa más al electorado que votó por ellos hace dos años. La aprobación de Keiko Fujimori se ha reducido al 11% y la de su congreso a solo el 7%. Una nueva elección general con toda probabilidad los barrería del mapa.
Por eso se vieron obligados a recular con todo frente a la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra y su iniciativa de reforma constitucional con referéndum para diciembre. No podían arriesgarse a un decreto totalmente constitucional de dosolución del congreso que hubiese sido aprobado por la inmensa mayoría de la población. Lejos están de aquella actitud engreída y desafiante, de hace solamente unos meses, frente a Kuczynski, cuando seguraban que en nuevas elecciones obtendrían aún más votos que en el 2016.
Solo les ha quedado el recurso a la viveza criolla, tratando de quitar filo a las iniciativas de reforma de Vizcarra para conservar sus privilegios, particularmente la posibilidad de reelegirse como parlamentarios, pero sobre todo el contrabando, metido groseramente en el proyecto de reforma sobre bicameralidad, de quitarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de recurrir a la cuestión de confianza. Vizcarra, una vez más, los dejó en off-side (incluyendo de paso a su propia gente) llamando a votar en diciembre por las reformas, menos por la bicameralidad y su contrtabando.
Las elecciones municipales, celebradas este domingo, han significado una derrota aplastante para el fujimorismo. Por un lado, pierden el apoyo importante que les prestaba Castañeda en el gobierno local de Lima. Para peor, su candidato partidario obtuvo algo más del 2% de votos y los candidatos con los que hubieran podido entenderse fueron claramente derrotados. La alcaldía de Lima, inesperadamente, tendrá desde enero un nuevo titular claramente democrático, cuya primera iniciativa pone de relieve la necesidad de un pacto anticorrupción.
De más de dos mil cargos en disputa en todo el país, el fujimorismo apenas ha podido obtener 50. Ningún distrito en Lima, ninguna ciudad importante, ninguna capital de departamento. Ningún gobernador regional de los 25 que estaban en juego. El electorado claramente les ha dado la espalda, confirmando lo que las encuestas ya señalaban sobre la desaprobación al fujimorismo y particularmente a Keiko Fujimori, que supera el 80% y a quien la opinión pública considera como el personaje político más corrupto del país.
La detención preliminar de Keiko Fujimori, decretada este miércoles por un caso judicial de lavado de activos (uno de los varios casos en que está involucrada) no viene a ser sino el corolario de una debacle abrumadora, del despilfarro de un capital prometedor que evidentemente no estaba preparada para administrar. Puede ser, virtualmente, el fin de su ciclo político, pues no hay que perder de vista que la confesión de Antonio Camayo, confirmando que ella es la Señora K de los audios con Hinostroza, la involucra en un caso aún más peliagudo, el de Los Cuellos Blancos.
Lograron avanzar en sus objetivos en una primera etapa, derribando al presidente Kucynski y "colocando" en el poder al entonces vicepresidente Martín Vizcarra. Los ánimo en todo aquel proceso la leyenda, convenientemente difundida y alimentada por Keiko Fujimori, de que Kuczynski les "había robado" el triunfo electoral. En el camino hacia la defenestración de Kuczynski, sin embargo, Keiko no dudó en purgar a su propio hermano y la disidencia que este encabezaba. Magullada y con sangre en el ojo, Keiko parecía, pese a todo, haber avanzado en sus objetivos.
El estallido del escándalo de corrupción judicial marcó de pronto un cambio inesperado en la situación política al poner en evidencia los numerosos e íntimos nexos entre esa corrupción y el partido fujimorista, incluyendo vínculos directos con la propia Keiko Fujimori, pues nadie podía creer que la "Señora K", que coordinada reuniones secretas con el juez supremo César Hinostroza Pariachi, señalado cabecilla de la densa red de corrupción que infestaba el Consejo Nacional de la Magistratura, la ONPE, el Poder Judicial y el Ministerio Público, no fuera precisamente ella.
En este contexto, lo que no esperaba el fujimorismo fue que el nuevo presidente Martín Vizcarra tuviera la iniciativa y la osadía de desafiarlos y emplazarlos en la lucha contra la corrupción. Entonces la ciudadanía vio a un presidente con una posición cada vez más clara y definida sobre este tema, que busca impulsar medidas y políticas anticorrupción, mientras la mayoría parlamentaria fujimorista se dedicaba a blindar descaradamente a Hinostroza y compañía, tonteando y dando largona mediante pretextos de procedimiento a las acusaciones contra ellos.
En las pocas semanas transitadas bajo está lógica de rivalidad entre Vizcarra y la mayoría parlamentaria, el fujimorismo ha dilapidado su capital político con una velocidad y torpeza de vértigo. Tal vez no tenían otra alternativa, pues evidentemente tienen numerosas complicidadesque encubrir. No de otra manera se explica su respaldo a fardo cerrado al fiscal de la nación Pedro Chávarry, rechazado por el 90% de la ciudadanía debido a las graves acusaciones que lo señalan como íntegrante de la banda del juez César Hinostroza.
Dos años depués de aquel momento culminante de julio de 2016, la mayoría fujimorista se hace se encuentra arrinconada, desprestigiada y claramente demosralizada, crecientemente dividida y abirtamente repudiada por la opinión pública. De hecho, queda claro que ha dejado de ser una mayoría real y legítima. Ya no representa más al electorado que votó por ellos hace dos años. La aprobación de Keiko Fujimori se ha reducido al 11% y la de su congreso a solo el 7%. Una nueva elección general con toda probabilidad los barrería del mapa.
Por eso se vieron obligados a recular con todo frente a la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra y su iniciativa de reforma constitucional con referéndum para diciembre. No podían arriesgarse a un decreto totalmente constitucional de dosolución del congreso que hubiese sido aprobado por la inmensa mayoría de la población. Lejos están de aquella actitud engreída y desafiante, de hace solamente unos meses, frente a Kuczynski, cuando seguraban que en nuevas elecciones obtendrían aún más votos que en el 2016.
Solo les ha quedado el recurso a la viveza criolla, tratando de quitar filo a las iniciativas de reforma de Vizcarra para conservar sus privilegios, particularmente la posibilidad de reelegirse como parlamentarios, pero sobre todo el contrabando, metido groseramente en el proyecto de reforma sobre bicameralidad, de quitarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de recurrir a la cuestión de confianza. Vizcarra, una vez más, los dejó en off-side (incluyendo de paso a su propia gente) llamando a votar en diciembre por las reformas, menos por la bicameralidad y su contrtabando.
Las elecciones municipales, celebradas este domingo, han significado una derrota aplastante para el fujimorismo. Por un lado, pierden el apoyo importante que les prestaba Castañeda en el gobierno local de Lima. Para peor, su candidato partidario obtuvo algo más del 2% de votos y los candidatos con los que hubieran podido entenderse fueron claramente derrotados. La alcaldía de Lima, inesperadamente, tendrá desde enero un nuevo titular claramente democrático, cuya primera iniciativa pone de relieve la necesidad de un pacto anticorrupción.
De más de dos mil cargos en disputa en todo el país, el fujimorismo apenas ha podido obtener 50. Ningún distrito en Lima, ninguna ciudad importante, ninguna capital de departamento. Ningún gobernador regional de los 25 que estaban en juego. El electorado claramente les ha dado la espalda, confirmando lo que las encuestas ya señalaban sobre la desaprobación al fujimorismo y particularmente a Keiko Fujimori, que supera el 80% y a quien la opinión pública considera como el personaje político más corrupto del país.
La detención preliminar de Keiko Fujimori, decretada este miércoles por un caso judicial de lavado de activos (uno de los varios casos en que está involucrada) no viene a ser sino el corolario de una debacle abrumadora, del despilfarro de un capital prometedor que evidentemente no estaba preparada para administrar. Puede ser, virtualmente, el fin de su ciclo político, pues no hay que perder de vista que la confesión de Antonio Camayo, confirmando que ella es la Señora K de los audios con Hinostroza, la involucra en un caso aún más peliagudo, el de Los Cuellos Blancos.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 12 de octubre de 2018.
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