Se solicita al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, entre otros.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción denunció ante el Ministerio Público a los funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y del Poder Judicial comprometidos en los auidos difundidos públicamente y que advierten presuntod delitos de corrupción, que agravian seriamente los intereses del Estado.
En el marco de sus funciones y atribuciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1068 del “Sistema de Defensa Jurídica del Estado” y su Reglamento, el equipo de abogados de esta institución realizó un riguroso análisis de las conversaciones telefónicas entre los funcionarios del Estado difundidos en el portal web IDL-Reporteros, llegando a la conclusión que existen serios indicios de la presunta comisión de delitos graves de corrupción de funcionarios.
En consecuencia, esta Procuraduría ha formulado la denuncia correspondiente y ha solicitado que se inicien investigaciones preliminares a los consejeros del CNM Orlando Velásquez Benites, Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe y Guido Aguila Grados. Asimismo, al juez supremo César Hinostroza Pariachi, al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo.
De acuerdo a las grabaciones propaladas, los funcionarios antes mencionados se habrían aprovechado de los cargos que ostentan para negociar designaciones de magistrados y puestos de trabajo en la administración del Poder Judicial, además de otros favores, a cambio de determinados beneficios o ventajas.
También se ha solicitado incluir en calidad de investigados a la jueza superior de la Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao, Emperatriz Pérez Castillo y al señor Jose Luis Cavassa Roncalla, y a los que resulten responsables en los hechos materia de investigación.
Los hechos propalados evidenciarían un conjunto de presuntos delitos entre ellos el de organización criminal, tráfico de influencia, cohecho y negociación incompatible, sin embargo no se descarta otros ilícitos penales que pudieran surgir durante el curso de las investigaciones a cargo de la Fiscalía.
En el marco de sus funciones y atribuciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1068 del “Sistema de Defensa Jurídica del Estado” y su Reglamento, el equipo de abogados de esta institución realizó un riguroso análisis de las conversaciones telefónicas entre los funcionarios del Estado difundidos en el portal web IDL-Reporteros, llegando a la conclusión que existen serios indicios de la presunta comisión de delitos graves de corrupción de funcionarios.
En consecuencia, esta Procuraduría ha formulado la denuncia correspondiente y ha solicitado que se inicien investigaciones preliminares a los consejeros del CNM Orlando Velásquez Benites, Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe y Guido Aguila Grados. Asimismo, al juez supremo César Hinostroza Pariachi, al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo.
De acuerdo a las grabaciones propaladas, los funcionarios antes mencionados se habrían aprovechado de los cargos que ostentan para negociar designaciones de magistrados y puestos de trabajo en la administración del Poder Judicial, además de otros favores, a cambio de determinados beneficios o ventajas.
También se ha solicitado incluir en calidad de investigados a la jueza superior de la Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao, Emperatriz Pérez Castillo y al señor Jose Luis Cavassa Roncalla, y a los que resulten responsables en los hechos materia de investigación.
Los hechos propalados evidenciarían un conjunto de presuntos delitos entre ellos el de organización criminal, tráfico de influencia, cohecho y negociación incompatible, sin embargo no se descarta otros ilícitos penales que pudieran surgir durante el curso de las investigaciones a cargo de la Fiscalía.
La Procuraduría Anticorrupción está solicitando información a diferentes autoridades e instituciones públicas, además de emplear todos los recursos legales necesarios para garantizar el imperio de la ley en defensa de los intereses del Estado, en ese sentido, exige al Ministerio Público llevar adelante una profunda y rigurosa investigación a fin de esclarecer estos graves hechos y determinar las responsabilidades penales del caso.
Fuente MINJUS:
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