12 jul 2018

CARETAS: El impacto de los audios


En sus últimos días como Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez le abre la puerta a impostergable reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pasa por su última semana en el cargo-. Y vaya semana. El revuelo es mayúsculo. Un globo cada vez más inflado encontró su aguja en los audios propalados por IDL Reporteros en colaboración con Justicia Viva.

Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, deslizó que la filtración debió venir de la Policía.
La historia tiene un origen chalaco.

El 23 de diciembre último fueron capturados en una juguería de Ventanilla Javier Enrique Gonzáles Carrión alias "Negro Javi", Juan Fernando Osorio Padilla y Julissa Vera Murillo. estaban acusado de integrar la organización criminal "Las Castañuelas de Rich Port", dedicada al tráfico de ilícito de drogas. 

La mercancía llegaba a España vía aérea. "Negro Javi" captaba a los burriers, Osorio financiaba los viajes y Vera, que cayó con casi cinco kilos de droga, acondicionaba la cocaína en productos comestibles.

El 8 de enero, el Poder Judicial les impuso 18 meses de prisión preventiva.
Hasta ahí era un día más en el Callao. Pero en el camino se había abierto una nueva veta.


CUELLOS BLANCOS
El 11 de diciembre último, el informe policial 371-2017 de la DIVINCRI dio cuenta al Ministerio Público que, como resultado de las interceptaciones legales del caso hechas con el sistema Constelación, se conocieron actividades relacionadas con el delito de tráfico de influencias que involucraban a servidores públicos y abogados en el Sistema de Justicia del Callao.

En ese momento, el 15 de enero, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada del Callao, dirigida por la fiscal Rocío Sánchez Saavedra, decidió abrir una carpeta fiscal aparte con número 05-2018. La investigación  preliminar de 60 días estaría a cargo del Departamento de Insvestigaciones Especiales (DEPINESP) número 2. Contó con el apoyo de la DIGIMIN (Inteligencia del Ministerio del Interior) y la DIVBUS (División de Búsqueda). Otorgó el permiso el juez de investigación preparatoria, Roque Huamancondo.

Se bautizó a la red como "Los Cuellos Blancos del Puerto".

Las pesquisas incluyeron interceptación de números celulares, información de fuente humana, fuentes abiertas y cerradas administrativa.

El número de miembros de la red es de 22, incluidos particulares y funcionarios públicos. La Fiscalía puso a la cabeza al juez supremo César Hinostroza Pariachi y el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao (CSJC), Walter Ríos. Incluyeron a Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Misha Mansilla, asesor y chofer de Ríos, respectivamente.

El juez Ríos entra en la colada porque el 31 de octubre lo llamó Víctor Maximiliano León Montenegro, abogado vinculado al caso original, para solicitarle una reunión. A partir de las presuntas irregularidades que se escuchan por parte del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, se continúa con la interceptación de sus llamadas e ingresa a escena Hinostroza Pariachi, quien ocupó el mismo puesto que Ríos en los períodos 2009-2010 y 2015-2016. Desde enero de 2017 es presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Suprema.

Además del abogado León Montenegro, la fiscalía investiga a sus colegas Gastón Molina Huamán y José Luis Castillo Alva. Los dos primeros son exmagistrados del Poder Judicial y, como jueces superiores en el Callao, fueron investigados por la OCMA en el 2011 por otorgarle un habeas corpus al procesado por narcotráfico Roger Poémape, lo que volvió el juicio a fojas cero. También le archivaron otra investigación por narcotráfico.

Castillo es recordado en la prensa por haber sido abogado de los Sánchez Miranda en su proceso de lavado de activos. En la presunta red también está el empresario Mario Mendoza Díaz, mencionado por Ríos en el audio de la conversación con su esposa.

LA SEÑORA K Y EL JUEZ
Audios adicionales sin fecha, presentados por el programa Panorama, dan cuenta de una conversación en la que Hinostroza coordina con un interlocutor desconocido una reunión con “la señora K” de “la Fuerza número uno”. Keiko Fujimori tuiteó que “desconozco tal coordinación y no existió reunión”


El año pasado, Hinostroza declaró fundada la casación de Jader Rizqallah, inversionista del club FBC Melgar, por lavado de activos, dado que la acusación debía probar el “delito fuente”. En palabras del fiscal Pablo Sánchez, el fallo generaba impunidad.

EL 29 de septiembre, la fiscal Sara Vilar se basó en el fallo de Hinostroza y archivó la investigación por el mismo delito de lavado de activos al exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. La situación fue tan delicada que en octubre la Suprema debió realizar un primer pleno casatorio nacional para enmendarle la plana a Hinostroza y determinar “no vinculante” la sentencia a favor de la casación de Arequipa.

El CNM no había considerado a Hinostroza como fiscal supremo en el 2011 por dos investigaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito. En la primera, anuló en el 2007 como juez en el Callao una condena de 18 años contra un narcotraficante chino de quien había sido abogado. Si bien dictaminó un nuevo juicio, el chino Jian Wang y su cómplice fugaron un año después. Además, el 7 de marzo del 2007 absolvió a Walter Ponce Fernández, implicado en el caso ‘narcobuques’, y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró nulo su fallo.

El segundo caso fue por dos casas adquiridas en Miami: una comprada en el 2002 por US$ 180,990 como pago inicial y con una hipoteca de 30 años; otra en diciembre de 2005 por US$ 323, 800, adquirida por su esposa Gloria Gutiérrez Chapa, y rematada en abril de 2011 a US$ 95,200.

En el 2008, Hinostroza absolvió a los directivos de la empresa pesquera Hayduk por el cargo de narcotráfico. Su sustentación se debió a “falta de pruebas”. La Suprema también anuló la decisión judicial después de una apelación de la procuradora Sonia Medina.

En otro de los audios emitidos HHlos audios emitidos por Panorama, Hinostroza parece negociar la sentencia al violador de una menor de edad.

Aunque no cubren el período de interceptación telefónica, CARETAS accedió a dos sentencias recientes, ambas de febrero de 2017. En una, de febrero de 2017, el juez anula una sentencia de 30 años contra un hombre por violación a una menor de edad de 13 años. En otra, anula la sentencia también de 30 años contra José Germaní Gonzales y Rosa Mercedes Malásquez, acusados de violar a una menor, igualmente de 13 años.

CNM EN LA LONA
Ríos le encanta salir a comer para concretar sus lobbies. Pide reservas en el exclusivo restaurante Costanera 700 y accede a que un amigo lo lleve a comer a un bufet de solo 30 soles. A otro le pide una botella de Etiqueta Azul. Su señora le advierte que no tome y él le responde que con José Cavassa tiene que tomarse al menos un chilcano. En otro de los audios se escucha a Ríos pedir a su asesor Gianfranco Paredes una garantía de “diez verdecitos” para nombrar un fiscal anticorrupción en Tacna (“aparte el vino y esa huevada, la invitación”). Coima que iría al CNM, pues es el encargado de nombrar a los fiscales.


El Instituto de Defensa Legal está entre las organizaciones que vienen advirtiendo desde hace buen tiempo de la degradación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la entidad encargada de nombrar y ratificar a los jueces y fiscales del país.


En las últimas semanas, as denuncias sobre la presunta inscripción irregular del partido del excongresista José Luna en la ONPE llevaron los reflectores de nuevo a los fueros del CNM, que nombró el año pasado al jefe del organismo electoral, Adolfo Castillo (ver nota siguiente).

CARETAS apuntó a las sospechosas motivaciones de los tres consejeros que ahora aparecen en la historia de los audios: Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe.

Noguera enfrenta un proceso de destitución por tramitar un convenio de prácticas con la CSJC. Fue él quien le vendió una casa a Luna que luego de año y medio sigue a su nombre (CARETAS 2543). Gutiérrez Pebe también está a punto de ser destituido y la tiene todavía más complicada, pues los audios revelan claramente que festinó nombramientos de fiscales.

LOS ACCESITARIOS
NOGUERA es el consejero que representa a las universidades privadas. Su accesitario, que lo reemplazaría si es destituido, es Enrique Bedoya Sánchez, vicerrector académico de Alas Peruanas, de propiedad de Fidel Ramírez, tío de Joaquín Ramírez.

El accesitario de Gutiérrez Pebe, que representa a los colegios privados que no son los de abogados, es el economista Víctor Delgado Montoya. Se ve que tiene apuro, porque en febrero último presentó una tacha por límite de edad contra el otro consejero que podía reemplazar, Hebert Marcelo Cubas. El CNM se la rechazó.

Aunque está en la cuerda floja, Aguila no ha sido incluido en los procesos del CNM porque no han aparecido audios con su voz. Su accesitaria es Ruth Monge Tambini, quien fuera abogada de Aerocontinente, empresa del narcotraficante Fernando Zevallos, entre 1997 y 2004. Para el fiscal Sánchez, “hace mucho que se viene discutiendo la reforma del CNM y esta es la oportunidad de concretarla”.


“Al margen de las investigaciones en curso (en la Fiscalía), le pido al Congreso de la República aplicar el artículo 157 de la Constitución Política que señala que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puedan ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso”, solicitó el presidente Martín Vizcarra.

En una coincidencia celebrada en la bancada de PPK, Vizcarra anunció que insistirían con el proyecto de reforma del CNM que el Ejecutivo envió hace un año. Pedro Pablo Kuczynski rompió su silencio en twitter para recordar que esa fue una iniciativa prioritaria de su gestión.

Roque Benavides, de Confiep, reclamó "revisar toda la legislación del Poder Judicial y cómo se eligen a los jueces". El excanciller Allan Wagner, presidente de Transparencia, recordó que las propuestas para reformar el CNM no avanzaron en el Congreso: "demandamos que actúe con urgencia para que haga una reforma". 

Quién decidiera filtrar los audios sabía del impacto de la noticia. El contexto ya era de urgencia: el CNM avanzaba con pies de plomo para investigar a la ONPE y el Congreso ni se inmutaba con los conflictos de interés en el CNM.

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