El 20 de junio de 2018 se llevó a cabo la segunda audiencia convocada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, supervisión de cumplimiento de la sentencia (2016) que dejó sin efecto la Ley de Amnistía de 1993.
A la misma fueron llamados el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Ministro de Hacienda, el Ministro de la Defensa Nacional y el Fiscal General de la República, a fin de que expusieran y acreditaran los avances en los mandatos contenidos en la sentencia de 2016.
En ese contexto, las organizaciones nacionales apoyadas por organizaciones internacionales, incluído DPLF (Fundación para el Debido Proceso), presentaron un escrito de Amicus Curiae a través del cual realizan un llamado a la Corte Suprema, adjuntamos el Amicus.
A la misma fueron llamados el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Ministro de Hacienda, el Ministro de la Defensa Nacional y el Fiscal General de la República, a fin de que expusieran y acreditaran los avances en los mandatos contenidos en la sentencia de 2016.
En ese contexto, las organizaciones nacionales apoyadas por organizaciones internacionales, incluído DPLF (Fundación para el Debido Proceso), presentaron un escrito de Amicus Curiae a través del cual realizan un llamado a la Corte Suprema, adjuntamos el Amicus.
Por ello, en el Amicus Curiae se solicita a la Sala insistir en la prohibición de aprobar una nueva ley de amnistía, que impida la verdad y la justicia.
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