Washington D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las políticas y medidas de migración y asilo recientemente adopatadas por Estados Unidos. La CIDH condena la muerta de Claudia Patricia Gómez Gonzáles, una índigena Maya-Mam de Guatemala de 20 años de edad, quien fue asesinada a tiros por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Asimismo, la CIDH expresa su profunda preocupación por la nueva política migratoria conocida como "tolerancia cero" para disuadir la migración separando a niños y niñas de sus padres y madres, así como las recientes decisiones legales que restringen el acceso al estatuto de refugiado sobre la base de la violencia doméstica y de pandillas. La CIDH llama a las autoridades de los Estados Unidos a priorizar el respeto a los derechos humanos en sus políticas y prácticas.
Según información públicamente disponible, el 23 de mayo de 2018, un agente de la Ptrulla Fronteriza disparó contra un grupo de personas que él creía eran inmigrantes indocumentados en Río Bravo, Texas, cerca de la frontera con México. Como resultado, Claudia Patricia Gómez Gonzáles recibió un disparo en la cabeza y murió. Claudia viajó a Estados Unidos desde Guatemala en busca de mejores oportunidades para trabajar y estudiar. La Comisión insta a las autoridades de Estados Unidos a llevar a cabo una investigación exhaustiva y proporcionar una explicación satisfactoria y convincente de los sucedido.
La Comisión también expresa su profunda procupación por la nueva política de "cero tolerancia" anunciada el 7 de abril de 2018, que establece que todas las personas que crucen la frontera ilegalmente serán procesadas. Debido a esta política, niños y niñas son separados de sus padres y madres y derivados a la Oficina de Reubicación de Refugiados, donde podrían ser entregados a un patrocinador adulto en Estados Unidos, una familia de acogida, o ubicados en un refugio.
La CIDH reafirma que niños y niñas tienen derecho a no ser separados de sus padres porque la detención nunca responde al interés superior del niño. La Comisión solicita a las autoridades de Estados Unidos que identifiquen a los niños migrantes que requieren protección internacional y no recurren a la privación de la libertad de los niños en ninguna circunstancia, incluso con el objetivo de garantizar la unidad familiar.
La CIDH reitera que el principio de no devolución. contenido en el Deredcho Internacional de Refugiados que establece la prohibición de expulsar o devolver a personas cuyas vidas y libertades podrían estar amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política.
La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de la CIDH para Estados Unidos, destacó: "La migración irregular no es un delito. Los Estados deben tener en cuenta el interés superior del niño. La familia es la unidad fundamental reconocida en las leyes nacionales y el derecho internacional de los derechos humanos en todos los Estados democráticos, y está legalmente reconocida y protegida".
El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator de la CIDH sobre los Derechos de los Migrantes, declaró: "Si bien los Estados tienen derecho a establecer sus políticas de inmigración; las políticas, leyes y prácticas implementadas en materia de migración deben respetar y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, que son derechos y libertades que se derivan de la dignidad humana. Las políticas y prácticas de inmigración nunca pueden usarse como mecanismos para causar tratos crueles, inhumanos y degradantes, para separar familias, para atacar a niños y sus familias, o para poner en mayor riesgo las vidas de las personas que necesitan protección. Esto es simplemente inhumano e incomprensible".
La Comisión también expresa su profunda procupación por la nueva política de "cero tolerancia" anunciada el 7 de abril de 2018, que establece que todas las personas que crucen la frontera ilegalmente serán procesadas. Debido a esta política, niños y niñas son separados de sus padres y madres y derivados a la Oficina de Reubicación de Refugiados, donde podrían ser entregados a un patrocinador adulto en Estados Unidos, una familia de acogida, o ubicados en un refugio.
La CIDH reafirma que niños y niñas tienen derecho a no ser separados de sus padres porque la detención nunca responde al interés superior del niño. La Comisión solicita a las autoridades de Estados Unidos que identifiquen a los niños migrantes que requieren protección internacional y no recurren a la privación de la libertad de los niños en ninguna circunstancia, incluso con el objetivo de garantizar la unidad familiar.
La CIDH reitera que el principio de no devolución. contenido en el Deredcho Internacional de Refugiados que establece la prohibición de expulsar o devolver a personas cuyas vidas y libertades podrían estar amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política.
La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de la CIDH para Estados Unidos, destacó: "La migración irregular no es un delito. Los Estados deben tener en cuenta el interés superior del niño. La familia es la unidad fundamental reconocida en las leyes nacionales y el derecho internacional de los derechos humanos en todos los Estados democráticos, y está legalmente reconocida y protegida".
El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator de la CIDH sobre los Derechos de los Migrantes, declaró: "Si bien los Estados tienen derecho a establecer sus políticas de inmigración; las políticas, leyes y prácticas implementadas en materia de migración deben respetar y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, que son derechos y libertades que se derivan de la dignidad humana. Las políticas y prácticas de inmigración nunca pueden usarse como mecanismos para causar tratos crueles, inhumanos y degradantes, para separar familias, para atacar a niños y sus familias, o para poner en mayor riesgo las vidas de las personas que necesitan protección. Esto es simplemente inhumano e incomprensible".
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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