4/23/2017

Libertades bajo asedio

Escribe Pedro Salinas.

La mejor ley de prensa es la que no existe. Bueno. Así es como pensamos algunos, no todos. Otros piensan radicalmente distinto, obvio. Como los fujimoristas. Porque en el fujimorismo, como en todos los partidos políticos de talante autoritario, se cree en los sistemas de control para restringir las libertades de prensa y de expresión. O en la represión, que también. Por lo demás, ya vimos lo que son capaces de hacer cuando asumen el poder, no nos engañemos.

Y ahora que son mayoría congresal, ya saben, han vuelto a las andadas. Con el esperpéntico proyecto –varias veces mutado– de las legisladoras Letona y Aramayo (esta última, encima, con señalamientos gravísimos por extorsión cuando ejerció el periodismo en Puno), para más inri. Ambas fujimoristas, dicho sea de paso, se han mostrado hipersensibles con las críticas a su reprobable iniciativa.

Lamentablemente, en paralelo a ello, están ocurriendo una serie de casos inquietantes que parecieran apuntar a lo mismo. A silenciar las voces críticas, a taparle la boca a los columnistas y periodistas incómodos. Me refiero a los casos de Ronald Gamarra, Jaime Chincha y Raúl Tola.

Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción y columnista del semanario Hildebrandt en sus Trece, ha sido sentenciado a un año de prisión suspendida por supuesta difamación agravada contra Luz Marina Guzmán Díaz, ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La autora del despropósito, María Contreras Gonzales, jueza titular del 35º Juzgado Penal de Lima, lo obliga además a pagar diez mil soles de reparación civil a favor de Guzmán, cosa que debe hacer en los próximos cinco meses. Asimismo, ha tenido que pagar tres mil soles como multa a favor del Poder Judicial.

La sentencia contra Gamarra es de risa. Se le acusa de referirse a un hecho ocurrido hace cinco años, “que ya no tendría interés público”. Tal cual. El tema de la columna de Gamarra ahondaba en el archivamiento de una investigación que se siguió contra Marina Guzmán en el ministerio público y que estaba conectada a la ratificación de la fiscal Mirtha Chenguayen. Era sobre un aparente trueque de favores, es decir. 

Y qué creen. A la jueza Contreras le llamó la atención que Gamarra ose interpretar actos sucedidos hace un lustro. En serio. Para ella, analizar cosas que se produjeron cinco años atrás constituye delito de opinión. Y claro. Como suele pasar en estos casos, la sentencia –además de mal escrita– no determina claramente al final por qué se le condena a Gamarra. Pero se le condena. Sí está claro que, para la jueza de marras, algo que pasó más allá de un quinquenio ya no le importa a nadie. O mejor dicho. No debería importarle a nadie. ¿Pueden creerlo?

Jaime Chincha, de Willax TV, fue acusado por el presunto delito contra la fe pública “en agravio del Estado venezolano”. ¿Qué hizo Chincha para que la embajada venezolana le cayera con todo? Difundir un reportaje en el que recogió testimonios y declaraciones de venezolanos en las inmediaciones de la sede diplomática. Lo que más fastidió, aparentemente, fueron los acres y ácidos comentarios que exigían la salida del autócrata Nicolás Maduro. El cargo contra Chincha esgrimía que el periodista, en medio de un plantón que no organizó él, había “promovido e incitado un escenario hostil y de descrédito para la representación diplomática del Estado Venezolano, para posteriormente transmitirlo en el programa Willax TV”. Por hacer su chamba, o sea, lo querían preso. Lo más insólito es que la 34ª Fiscalía Provincial Penal, a cargo de Geymi Gastañaga, aceptó la denuncia y le abrió instrucción. Semanas después, la demanda fue desestimada, pero ello no quita responsabilidad en la actitud indolente de la fiscal Gastañaga.

Raúl Tola ha sido querellado por Rafael Rey, actual miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), por “difamación agravada”. Rey exige incluso una reparación civil de 300 mil soles. ¿Qué ocurrió? Tola cita a Rey en una columna. Pero Rey niega haber dicho algo que sí dijo en una entrevista que le hizo Beto Ortiz.

El caso lo está viendo el magistrado Elio Abel Concha Calla, del 16º Juzgado Penal de Lima. Estamos hablando de otro caso tan absurdo como los anteriores, pero que debido a autoridades judiciales como María Contreras, Geymi Gastañaga y Elio Concha terminan encausando a periodistas que lo único que hacen es cumplir con su labor. Una labor que gente intolerante es incapaz de comprender. ¿Qué cosa no son capaces de entender? Que las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Pues eso.


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