Hace una semana una semana un hombre le disparaba a su expareja en un centro
 comercial de Bogotá. El asesino, a pesar de haber sido condenado por un
 homicidio, estaba libre. Este fin de semana, el país se volvió a 
sacudir por varios casos de violencia. Esta vez, las víctimas eran 
niños. En el oriente de Colombia,
 una menor de 15 años fue degollada. En el sur, un par de hermanos 
fueron asesinados por su papá. En el centro, un soldado del Ejército 
violó a una bebé de cuatro meses de nacida y en el oriente una niña de 
tres años murió tras haber sido abusada y torturada. La ciudadanía 
volvió a poner en entredicho la efectividad del sistema de protección a 
menores y a cuestionar los castigos para estos crímenes.
Según
 cifras oficiales, cada 120 minutos se alerta de un hecho de abuso 
sexual en Colombia. De diez casos, en siete las víctimas son niños. El 
coronel Henry Cruz, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia, 
asegura que en el 80% de las denuncias, el agresor es una persona 
cercana. Entre enero y febrero de este año, los investigadores de esa 
dependencia policial recibieron 2.600 procesos por violencia sexual 
contra menores. La reciente condena de 51 años
 de cárcel contra Rafael Uribe, el asesino de una niña indígena de siete
 años, abrió el debate sobre cuál debe ser la penalización para este 
tipo de delitos y qué papel debe asumir el gobierno. “El Estado hace 
poco, o casi nada, para protegerlas y brindarles condiciones dignas de 
vida, que les garanticen un presente y futuro libre de violencias”, 
escribe la investigadora y feminista Olga Amparo Sánchez en La Silla Vacía. Ni una menos, la consigna que aparece cada vez que se conoce un nuevo hecho violento, se volvió a repetir durante todo el lunes en Colombia.
Durante el año 2016, el Instituto de Medicina Legal atendió 17.908 casos
 de menores remitidos por denuncias de presunto abuso sexual. El 2017 
tampoco pinta bien. De enero a marzo habían recibido atención por 
aparente violación 4.315 menores de 17 años. Ver en detalle las cifras 
es aterrador. El mayor número de casos se presenta en niñas y niños 
entre los 10 y los 14 años. Le siguen los que están entre cinco y nueve.
 Los bebés también son víctimas. Casi 500 niños, desde recién nacidos 
hasta los cuatro años, tuvieron que ser sometidos a exámenes médicos por
 presunto delito sexual. Así de trágica comienza la vida de cientos de 
colombianos. La Fiscalía ha podido establecer que los principales 
responsables son personas que se ubican en la primera línea de cercanía 
(primos, tíos, amigos) y que la mayoría de victimarios son menores de 
edad. Niños que abusan de otros. La legislación colombiana establece 
como sanción máxima para un menor de edad una pena de ocho años y se 
aplica solo para el delito de homicidio.
En Colombia, la condena máxima es de 60 años de cárcel y muchas voces se 
han unido para pedir cadena perpetua contra los agresores de menores. 
Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (entidad estatal), ha tenido una de las posturas más fuertes en
 el tema. “Hechos tan aberrantes no pueden quedar impunes. Hoy, más que 
nunca, ratifico mi propuesta de cadena perpetua para los abusadores de 
niños”, dijo este lunes. La furia ciudadana desatada en los recientes 
casos de violencia han puesto contra la pared a los agresores. El 
soldado que reconoció que había abusado de una bebé de cuatro meses 
estuvo a punto de ser linchado. La Policía tuvo que reforzar la 
seguridad en el edificio en donde estaban haciendo su judicialización 
por el delito de acceso carnal violento agravado con tentativa de 
feminicidio. La recién nacida permanece en cuidados especiales y 
tuvieron que hacerle una cirugia.
La indignación crece cada vez que se conoce un nuevo 
detalle. La justicia no parece estar a favor de las víctimas en 
Colombia. El hombre señalado de degollar a la niña de 15 años fue dejado
 en libertad. El juez consideró que al no haber sido capturado en 
flagrancia no podía permanecer retenido. Esto, a pesar de que como lo 
dijo la Policía, encontraron en su cuerpo rastros de sangre y la piel 
lastimada, consecuencia de un forcejeo con la víctima.
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