La campesina Seferina Castro fue esterilizada cuando tenía dos meses de embarazo

Testimonio escrito. Ante el indignante abuso, se presentó ante un juez del distrito cusqueño de Colquepata y denunció que la condujeron a la fuerza a la posta del Ministerio de Salud para ligarle las trompas, en 1997. Nunca consiguió que le hicieran justiia. La evidencia documental cuestiona a lo que niegan que se cometieron atrocidades durante la ejecución del plan fujimorista de control de natalidad.

El mismo juez ante quien denunció que la esterilizaron contra su voluntad le dijo a Seferian que era inútil su esfuerzo, que no iba a pasar nada. Y así fue..

Creyeron que por su condición de quechuahablantes y analfabetas, ellas se quedarían calladas para siempre y todo quedaría enterrado en el olvido. Pero no hay crimen perfecto. Seferina Castro Huamán, a diferencia de sus vecinas de Colquepata, Cusco, resolvió denunciar ante las autoridades que le ligaron las trompas brutalmente sin su consentimiento, en 1997. Aguijoneada por los dolores a causa de la intervención quirúrgica, estimulada por su fe adventista, se presentó al Juzgado de Paz de Colquepata sin saber que el gobierno de Alberto Fujimori controlaba todos los poderes del Estado y la maquinaria bajo su control ahogaría la protesta de la mujer campesina. Pero el documento de la acusación sobrevivió al tiempo y ahora es un baldón para quienes subestiman o niegan los hechos.

El 11 de julio de 1999, doblándose de dolor, Seferina Castro se presentó ante el Juzgado de Paz de Colquepata para dar cuenta de la grave situación en que se encontraba. La habían esterilizado en la posta médica en condiciones infrahumanas y ahora no tenía fuerzas para trabajar y dar de comer a sus hijos. En el campo, padre, madre e hijos son mano de obra desde pequeños.

Los que esterilizaron a Seferina Castro ni siquiera se tomaron la molestia de verificar si la mujer se encontraba en estado de gestación. Tenía dos meses de embarazo. No les importó. La prioridad era cumplir con la campaña promovida por el Ministerio de Salud fujimorista.

Dice el documento: Que la señora compareciente indica haber sido ligada por el personal del Puesto de Salud de este Distrito en el año de mil novecientos noventaisiete, luego después de esta ligadura de trompa dio a luz a mi menor hijo (…) En esta comparecencia debo de indicar que esta ligadura de trompa me (la) hicieron sin mi consentimiento, ni tampoco mi esposo Julio Amao Jalanocca estaba de acuerdo.

A LA FUERZA

Seguidamente, describió el sistema de captación del personal de la posta médica para esterilizar a las campesinas, con el apoyo logístico de la municipalidad distrital de Colquepata:

En la camioneta de la Municipalidad hicieron traer a varias señoras de (la comunidad de) Tocra, (ubicada) en este Distrito. A ella (la) buscaron por las calles (y) la llevaron al Puesto de Salud para practicarlo la ligadura de trompas. (…) (Ignoro si es o no como consecuencia de la operación), pero a la fecha me vienen flujos de color amarillento, al mismo tiempo que tengo malestares y ardores desde la vagina hasta la barriga.

Seferina Castro pedía que los médicos del puesto de salud de Colquepata la tratasen para mejorar su estado y atender a sus hijos. No reclamaba nada extraordinario sino una compensación médica para recuperar el aliento y trabajar.

Jamás le respondieron. Su denuncia y reclamo fueron ignorados. Era la regla del gobierno fujimorista.

Encontramos a Seferina Castro Huamán 18 años después que le rompieron la vida en un puesto de salud nauseabundo donde la esterilizaron cuando estaba embarazada. Tenía 36 años y vivía en la comunidad de Tocra cuando la operaron.

Así lo relató:

Yo vi cómo traían en el carro de la municipalidad al Centro de Salud de Colquepata a las mujeres de mi comunidad. Habían ido a mi casa a las 12 de la noche los enfermeros Peter, José y Hernán. Ya habían ido muchas veces antes, insistían e insistían. Yo los puedo reconocer ahora. ‘Como la uña te vamos a cortar, no dolerá nada y todo va a estar mucho mejor’, me dijeron. Yo tenía seis hijos, me dijeron que si tenía más yo era la que iba a sufrir y no mi marido. Yo les dije que no quería porque había consultado a mis pastores (de la iglesia adventista), y ellos me dijeron que ligarse era malo. Me respondieron que yo era una rebelde. Que tenía que obedecer las órdenes del gobierno. Que obedeciera o me iba a la cárcel. Le hicieron firmar a mi esposo un papel a la media noche diciéndole que no iba a pasar nada malo. Él no quería, pero le obligaron diciéndole que si no firmaba iría a la cárcel.

Seferina Castro se negó a la intervención quirúrgica. Como hicieron varias vecinas de la comunidad de Tocra, huyó para evitar ser conducida a la inmunda sala de operaciones del puesto de salud de Colquepata. Pero, como si de una cacería humana se tratara, y con apoyo de la policía, los enfermeros de la posta la capturaron y operaron. Cuando llegó al establecimiento, encontró una escena copiada del infierno.

Yo logré escaparme del Centro de Salud, pero me atraparon los enfermeros Alicia, Peter y Hernán. Me agarraron de las dos manos y empujándome me trajeron de vuelta. Me encerraron en un cuarto y vi por la ventana que una mujer estaba con las piernas arriba. Me desesperé porque pensé que me iban a hacer lo mismo ahí. Vi una sala grande también donde estaban muchas mujeres tiradas en el suelo. Unas estaban hablando, a otras les salía espuma por la boca. Levantaban la cabeza y se caían. Yo les decía a los doctores: ‘¡No quiero que me hagan nada, nada, nada! ¡Suéltenme, por favor!’.  La enfermera Patricia me puso una inyección (la anestesia) y ya no recuerdo más. Desperté y me dolía mucho la barriga. No podía alzar mi pierna.

 Fue un trance difícil convencer a Seferina Castro, como a las otras mujeres víctimas de las esterilizaciones, para que recordaran el trágico episodio que vivieron hace casi dos décadas. Son sobrevivientes de una política estatal de control de la natalidad impuesta violentamente. No querían recordar no solo por el dolor sino también porque se trata de un terrible acto de injusticia. La única forma de restañar las heridas es con la sanción a los responsables prevista por la ley.

Seferina Castro es ágil, jovial, luchadora, positiva. Con una sed de justicia que a cada segundo se aviva más y más. Cree firmemente que algún día se hará justicia.

PROTESTA INCANSABLE

Y, sin embargo, Seferina Castro se quiebra, llora con sollozos profundos, cuando recuerda la espantosa experiencia que sufrió. Dijo: 

Después de la operación, seguía con dolores y me fui al hospital de Urubamba donde me hicieron una ecografía. Tenía tres meses de embarazo. Cuando la enfermera Alicia se enteró, me dijo que me harían abortar. Ahora mi hija tiene 17 años. Nieves se llama. Ellos no pudieron negarle la vida. Yo le dije a mi esposo que me llevara al juez para denunciar lo que me hicieron. No les di permiso para que me operaran. No puedo alzar mi pierna. ¿Por qué me hicieron esta desgracia? Los denuncié. Tengo los papeles.

Seferina Castro tiene ojos brillosos y expresivos. Es entusiasta y persistente. Lo comprobamos cuando por más de dos horas buscaba su denuncia sin señales de agotamiento o renuncia. Decía: “Tienen que tener la denuncia, ya la vamos a encontrar, yo busco por aquí, ustedes por allá, sigamos, sigamos, que sepan de mi denuncia para que no digan luego que inventamos”. Es rápida, amable y segura al hablar. Finalmente encontró el expediente de su caso. Mudo testigo de cómo funciona la justicia peruana, nunca tramitaron su protesta. Y eso la encoleriza, la enerva, la enfurece.

Y llora para desatar su impotencia.

Dijo Seferina Castro, comunera de Tocra:

La denuncia ha quedado en nada. Cuando me encontraba muy grave por los dolores hice la denuncia. Ha quedado en nada porque no tenía dinero para que continúe la investigación y sobre todo porque el juez de paz me había dicho que mejor no haga nada porque era peligroso para los médicos del centro de salud. ‘Mejor ahí no más que quede’, me dijo. Frustrada, triste, adolorida, ya no pude hacer nada más. 

Ahora existe la posibilidad de que los instigadores y perpetradores respondan ante la justicia.

Rufina: “Después que nos operaron amanecimos tiradas sobre el suelo”

Rufina Supho Flores, de la comunidad de Roquechira, también del distrito de Colquepata, fue maltratada con la misma modalidad que sufrió Seferina Castro Huamán. Incluso participaron los mismos personajes.

“Llegaron a mi casa los enfermeros Alicia y Hernán. Ambos me dijeron que el domingo tenía que llevar a la posta de Colquepata a mi hijo para que se vacunara. A mis 3 vecinas le dijeron lo mismo. Cuando llegamos a la posta, nos encerraron. ‘¡Están pariendo como chanchos!’, gritaban”, recuerda.

“Me quitaron la ropa, me pusieron una bata y me subieron a una camilla. Los que nos operaron eran médicos y enfermeros venidos de otras partes, Alicia y Hernán eran los que nos captaban de las comunidades”, explicó.

“Después que nos operaron, todas amanecimos tiradas en el suelo, como animales. Nos regresaron a una ambulancia y nos dejaron en la carretera. A pie, recién operadas, regresamos a casa. Ni una pastilla nos dieron”, recordó, amargamente.

En una entrevista en La República, el abogado colombiano Federico Andreau,  quien fue asesor de la Comisión del Parlamento Andino que el año pasado estuvo en Perú por las denuncias sobre esterilizaciones forzadas, recomendó una nueva investigación:

¿La “autoría mediata” por la que se condenó al ex presidente Alberto Fujimori por los crímenes del Grupo Colina se puede invocar en las investigaciones sobre esterilización forzada realizadas en su gobierno?

Es muy posible. Yo asesoré en temas jurídicos a la comisión de parlamentarios andinos que estuvo en Perú el año pasado viendo el tema. Por todo lo que escuchamos y vimos, es obvio que hubo una práctica criminal y que, por su carácter masivo y sistemático, podría ser calificado de lesa humanidad. Altas instancias del poder estuvieron implicadas.

¿En ellas el propio Fujimori?

El más alto nivel, incluido el ex presidente Fujimori, no solo tenían conocimiento, sino que las ordenaron. Puede aplicarse la teoría de responsabilidad por autoría mediata, o como mínimo puede calificarse como responsabilidad por ser superior jerárquico, pues sabiendo lo que sucedía no hizo nada para poner fin a las esterilizaciones forzadas.

Por haber sido una política gubernamental y frente a las denuncias presentadas en ese momento, ¿Fujimori puede aducir que no sabía lo que ocurrió?

Es imposible. Aquí no hablamos de una decena, ni de mil casos aislados. Hay miles de casos. Fue una política con un mismo modus operandi, el mismo propósito, y se puso a disposición gran parte del aparato del Estado para eso, por lo menos en el sistema de Salud.

¿Qué pruebas halló la misión del Parlamento Andino que el año pasado visitó nuestro país?

Quedó claro que no fueron hechos aislados, no solo por la cantidad, que superan  los 200 mil, sino por el patrón que se siguió. Entrevistamos a muchas víctimas en Cusco y en Lima, pero previamente recibimos mucha información que incluía expedientes judiciales, informes de ongs, los archivos de Naciones Unidas. Hubo un patrón, el personal médico y paramédico que participó no lo hizo por iniciativa propia, sino que fue el resultado de directivas de los ministros de Salud de esas épocas. Y este programa era de conocimiento y era promovido desde la presidencia de la República.

¿A qué conclusión llegaron?

Dado el altísimo número de casos y la existencia de un programa gubernamental, estamos ante un crimen de lesa humanidad y que para que haya justicia debía investigarse a las más altas autoridades implicadas en estos hechos.

¿Eso incluye a Fujimori?

Sí, involucraría al presidente de entonces, Alberto Fujimori.

En el caso de las torturas, ejecuciones y desapariciones no hay órdenes escritas, ¿lo mismo se puede aplicar para las esterilizaciones forzadas?

Como bien se dijo en la sentencia en el caso Fujimori (por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta), la inexistencia de órdenes escritas no quiere decir que no se dieran, pues pueden ser verbales.

Eso es difícil probar...

Se reconstruyen sabiendo que hubo tales reuniones, o que tales decisiones se tomaron a determinada instancia, en la que estaba el presidente, y por lo tanto, no puede desconocer que se dieron. En el caso de las esterilizaciones forzadas hay que tomar en cuenta de que fue un programa gubernamental, liderado desde la Presidencia. Incluso el mismo ex presidente Fujimori dio declaraciones sobre el programa y lo que debería hacerse; o sea que era una cuestión bien conocida por él.

La precandidata presidencial Keiko Fujimori, quien era primera dama cuando se produjeron las esterilizaciones, responsabilizó a los médicos...

Ellos ejecutaron  órdenes de los más altos niveles del poder.

Ella tenía que saber eso, ¿no? Claro.

¿Qué responsabilidad penal tendrían los médicos?

Habría que ver de qué manera participaron. Si actuaron bajo coerción y amenaza, hay que tomarlo en cuenta para rebajas de pena. Pero sí tendrían responsabilidad penal.

De ser presidenta, ¿podría indultar a su padre?

El ex presidente Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad, es decir, son crímenes inamnistiables. 

Fuente La República: http://larepublica.pe/impresa/en-portada/722457-la-campesina-seferina-castro-fue-esterilizada-cuando-tenia-dos-meses-de-embarazo

Foto Julio Angulo.

http://larepublica.pe/impresa/politica/722264-federico-andreau-esterilizaciones-forzadas-son-un-crimen-de-lesa-humanidad