El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, expresó su respaldo al pedido de nulidad del proceso de elección de los dos representantes de los colegios profesionales no abogados ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presentado ante el JNE. «Esta elección se ha realizado sin tener en cuenta lo dispuesto por la Constitución y la ley N° 29521, y no ha garantizado el derecho al voto ni la adecuada representación de los agremiados de los 41 colegios profesionales», enfatizó.
El propósito de dicha elección es el de garantizar que todos los colegios profesionales designen un delegado-candidato y que todos los agremiados hábiles participen de la elección a través del voto secreto, tal como lo señala el artículo 155.4 de la Constitución Política: «Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura: (…) 4.- Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley», norma que es desarrollada por la Ley Orgánica del CNM.
El artículo 17.4 de esta última (modificado por la Ley N° 29521) señala expresamente que estos dos consejeros son «elegidos por los miembros hábiles de los demás colegios profesionales del país. Para este efecto, los agremiados hábiles de cada colegio profesional eligen a su delegado-candidato, quien a su vez, reunido con sus pares en Asamblea de Delegados, eligen a los consejeros entre ellos, quienes deben pertenecer a colegios profesionales diferentes».
No obstante, este propósito no se ha cumplido en el reciente proceso, pues solo han participado 10 colegios profesionales —de los 41 reconocidos por la ONPE— y solo el 3.9% del total de agremiados de los colegios profesionales no abogados. De este modo, los agremiados de los 31 colegios restantes se han visto impedidos de participar y votar. Esta situación ha generado que la representatividad de los dos consejeros elegidos se encuentre sumamente cuestionada, lo que debilita al CNM como institución constitucionalmente autónoma encargada de la delicada labor de nombrar y destituir jueces y fiscales.
Ante esta situación, la delegada-candidata del Colegio de Obstetras presentó un pedido de nulidad, el mismo que ha sido declarado infundado por el Jurado Electoral Especial de Lima y se encuentra actualmente en impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En este contexto, Vega señaló que la Defensoría presentará un informe técnico-jurídico con los argumentos que sustentan su posición institucional, a fin de que sean considerados por el Pleno del JNE al momento de resolver el medio impugnatorio. Dichos argumentos, además, guardan relación con el proyecto de ley presentado por el propio CNM ante el Congreso de la República para modificar esta forma de elección.
Finalmente, el Defensor del Pueblo confía en que este pedido sea resuelto teniendo en cuenta que la forma restringida e indirecta de votación ha traído como consecuencia una elección que no garantiza la representatividad de los agremiados, afectándose la legitimidad del CNM como institución del sistema de justicia y a la sociedad civil.
HH
Fuente Defensoría del Pueblo: http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=14263
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