El serio problema con las desapariciones forzadas y la carencia de una base de dato nacional que permita buscar a las personas consideradas en esa situación salieron a relucir este lunes durante el examen de México realizado por el Comité de la ONU sobre esas desapariciones.
La encargada de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eliana García, fue la responsable de presentar el informe de su país ante el Comité que tiene su sede en Ginebra.
Reconoció que las acciones impulsadas por el Gobierno mexicano para afrontar este problema son insuficientes, dada la magnitud de esa problemática en el país.
"Las personas desaparecidas son padres y madres, son hermanos, esposos e hijas, son proyectos de vida truncados que nos comprometen como autoridades a buscarlos, principalmente por la convicción que tenemos de que hay que buscar a las personas desaparecidas con vida".
Según García unas 9.790 personas habían desaparecido en México desde el 1 de diciembre de 2012 y subrayó que queda mucho por hacer por lograr un registro confiable con los datos de las personas desaparecidas en todo el país.
En ese sentido, sostuvo que se trabaja para la creación de un "plan maestro" para afrontar este tema.
A la audiencia en Ginebra han asistido familiares de los 43 estudiantes de magisterio que desaparecieron en septiembre pasado en el municipio de Iguala.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado respecto del equipo interdisciplinario de expertos que se ha conformadoen la sede de la CIDH para trabajar el caso sobre los estudiantes de Ayotzinapa, en México.
Lea el comunicado de prensa 08/15:
Washington, D.C. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México, realizará su primera reunión el 11 y 12 de febrero de 2015.
Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, compuesto por Carlos Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Pas y Paz y Alejandro Valencia Villa, se reunirá en la sede de la CIDH, en Washington, D.C. El propósito de la reunión es plantear adoptar las reglas y los procedimientos internos y adoptar un plan de acción para el cumplimiento de su misión. En esta reunión, el grupo también determinará las fechas de su primera visita a México.
El acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa estableció las actividades principales a ser desarrolladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Estas son las siguientes: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis écnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
La Comisión Interamericana destaca la importancia que tendrán las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para fortalecer la capacidad institucional del estado mexicano para la búsqueda y localización de persnas desaparecidas, así como para la investigación de otros casos de desaparición forzada.
El acuerdo también estableció que el Estado mexicano y los representantes de los estudiantes propondrían a varias personas para ser seleccionadas como integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Luego de una cuidadosa consideración y análisis de los antecedentes personales y profesionales de cada una de las personas sugeridas, la Comisión Interamericana decidió seleccionar a los cinco expertos abajo mencionados. Los criterios principales utilizados a tal efecto incluyeron la trayectoria de cada uno de ellos, su independencia, así como la búsqueda de un balance entre las diferentes especialidades y experiencia profesional, con miras al mejor cumplimiento del objeto del acuerdo de cooperación técnica internacional.
La CIDH considera que la trayectoria de cada una de las personas seleccionadas, sumada al amplio reconocimiento y reputación de trabajo serio e independiente en materia de derechos humanos, contribuirán a la implementación efectiva del acuerdo de asistencia técnica internacional.
Carlos Beristain, de nacionalidad española, es médico y doctor en psicología, trabaja con atención integral a victimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años. Su experiencia incluye haber sido coordinador del informe “Guatemala: Nunca Más”, así como el trabajo en Colombia con víctimas del conflicto armado interno; en Perú, Paraguay y Ecuador con las Comisiones de la Verdad de esos países; y en el Sahara con víctimas y familiares de desaparecidos. Tiene experiencia en atención a víctimas y sobrevivientes de violencia, comunidades y organizaciones de derechos humanos, y en peritajes para la evaluación psicosocial e investigaciones sobre la reparación.
Angela Buitrago, colombiana, es abogada y Doctora en Derecho y Sociología, con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas; cuenta con una Maestría en Derecho Penal; y es Profesora de la Universidad Externado de Colombia. Entre 2005 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y trabajó en casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia; del ex gobernador del Departamento del Meta por asesinato de tres líderes políticos; del ex gobernador del Casanare por enriquecimiento ilícito; un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares, espionaje telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre varios otros.
Francisco Cox Vial, abogado chileno, cuenta con una Maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; es Profesor de Derechos Constitutional de la Universidad Diego Portales; y Profesor de clínicas de interés público y derechos humanos. Litiga casos penales y constitucionales, ha trabajado en casos pro bono ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Palamara, Atala e hijas, Melinka, entre otros). Trabajó igualmente en apoyo de la extradición del General Pinochet a España, fue asesor principal del Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también asesor de la CIDH en los Casos Villagrán Morales y otros contra Guatemala y Castillo Páez contra Perú.
Claudia Paz y Paz, de nacionalidad guatemalteca, es abogada y fue la primera mujer Fiscal General de su país, nombrada en 2010. Es experta en derecho penal, fue jueza durante 18 años, y recibió elogios por su agresiva investigación del crimen organizado en Guatemala. Durante su periodo como Fiscal General varios casos de violaciones de derechos humanos avanzaron en el sistema de justicia, y se logró condenar a los perpetradores, en particular en el caso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por su rol en el genocidio del pueblo maya. Ha recibido varios premios de derechos humanos y actualmente vive en Estados Unidos, donde es Profesora Residente.
Alejandro Valencia Villa, abogado colombiano, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Actualmente es consultor independiente y profesor en derechos humanos, derecho humanitario y justicia transicional. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y trabajado con Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Fue el primer Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo en Colombia, y abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La CIDH considera que la trayectoria de cada una de las personas seleccionadas, sumada al amplio reconocimiento y reputación de trabajo serio e independiente en materia de derechos humanos, contribuirán a la implementación efectiva del acuerdo de asistencia técnica internacional.
Carlos Beristain, de nacionalidad española, es médico y doctor en psicología, trabaja con atención integral a victimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años. Su experiencia incluye haber sido coordinador del informe “Guatemala: Nunca Más”, así como el trabajo en Colombia con víctimas del conflicto armado interno; en Perú, Paraguay y Ecuador con las Comisiones de la Verdad de esos países; y en el Sahara con víctimas y familiares de desaparecidos. Tiene experiencia en atención a víctimas y sobrevivientes de violencia, comunidades y organizaciones de derechos humanos, y en peritajes para la evaluación psicosocial e investigaciones sobre la reparación.
Angela Buitrago, colombiana, es abogada y Doctora en Derecho y Sociología, con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas; cuenta con una Maestría en Derecho Penal; y es Profesora de la Universidad Externado de Colombia. Entre 2005 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y trabajó en casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia; del ex gobernador del Departamento del Meta por asesinato de tres líderes políticos; del ex gobernador del Casanare por enriquecimiento ilícito; un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares, espionaje telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre varios otros.
Francisco Cox Vial, abogado chileno, cuenta con una Maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; es Profesor de Derechos Constitutional de la Universidad Diego Portales; y Profesor de clínicas de interés público y derechos humanos. Litiga casos penales y constitucionales, ha trabajado en casos pro bono ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Palamara, Atala e hijas, Melinka, entre otros). Trabajó igualmente en apoyo de la extradición del General Pinochet a España, fue asesor principal del Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también asesor de la CIDH en los Casos Villagrán Morales y otros contra Guatemala y Castillo Páez contra Perú.
Claudia Paz y Paz, de nacionalidad guatemalteca, es abogada y fue la primera mujer Fiscal General de su país, nombrada en 2010. Es experta en derecho penal, fue jueza durante 18 años, y recibió elogios por su agresiva investigación del crimen organizado en Guatemala. Durante su periodo como Fiscal General varios casos de violaciones de derechos humanos avanzaron en el sistema de justicia, y se logró condenar a los perpetradores, en particular en el caso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por su rol en el genocidio del pueblo maya. Ha recibido varios premios de derechos humanos y actualmente vive en Estados Unidos, donde es Profesora Residente.
Alejandro Valencia Villa, abogado colombiano, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Actualmente es consultor independiente y profesor en derechos humanos, derecho humanitario y justicia transicional. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y trabajado con Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Fue el primer Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo en Colombia, y abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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