La situación de derechos humanos en México ha capturado este año la atención internacional de manera dramática, dijo Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El incidente más llamativo ha sido la desaparición de 43 estudiantes de magisterio tras enfrentamientos violentos con la policía en Iguala.
En una entrevista con Radio ONU, Hernández Valencia, indicó que a pesar de los avances legislativos en ese país, persisten problemas estructurales, como la corrupción en las esferas de poder y pocos avances en la lucha contra la impunidad, lo que genera condiciones para el recrudecimiento de la violencia por los grupos del crimen organizado.
Entre los avances, el Estado mexicano, a nivel del gobierno federal, ha mantenido una política de apertura y de cooperación con diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Al lado de ello, ha habido un esfuerzo de desarrollar marcos de políticas públicas para la protección de los derechos humanos e iniciativas legislativas puntuales para seguir expandiendo el marco de protección.
Sin embargo, del otro lado la implementación de todos estos marcos y compromisos, incluidas recomendaciones específicas, ha sido lenta y en algunos casos difícil de poder ser medida y por lo tanto su eficacia queda todavía bajo un punto de interrogación. En ese contexto violaciones y hechos específicos que han sucedido a lo largo del año y particularmente, en los dos últimos dos meses y medio, han mostrado como éstos factores más estructurales que están ligados a la ausencia de implementación de las normas, a la ausencia de rendición de cuentas de las autoridades, y a los magros avances en la lucha contra la impunidad generan condiciones latentes para la repetición de serios hechos y acontecimientos que violan los derechos humanos.
El tema de las manifestaciones actuales sin duda expresa una preocupación y solidaridad por estos hechos muchos más notorios y sin duda graves de los últimos tiempos. Pero, a su turno no dejan de reciclar, de manera notoria, procesos de protesta, de manifestación y de denuncia que llevan ya algunos años en México frente a la falta, no sólo de acción contundente frente al crimen organizado, sino también de acción en la lucha contra la impunidad de la procuración de justicia de los tribunales, y sobretodo de una capacidad del ejecutivo de prevenir violaciones de derechos humanos que emergen de las acciones de las propias fuerzas de seguridad, pero el crimen organizado no se limita y se construye sólo y únicamente sobre el comercio de drogas, se construye también sobre una serie de procesos de corrupción de autoridades, de infiltración y control territorial que al ser combatido de manera directa por las fuerzas del orden genera también a su turno excesos.
Reflexiones sobre los hallazgos de fosas:
No olvidemos, por ejemplo, que en septiembre del año 2010, se encontraron 72 inmigrantes muertos, asesinados en la localidad de San Fernando, en el Estado de Taumalipa. Como el ataque al Casino Royal en la ciudad de Monterrey donde 35 personas fueron asesinadas, la desaparición forzada, también a mano de fuerzas policiales, de 10 cazadores en Zacatecas, por una serie de hechos también atribuidos a las fuerzas federales, en lo que se incluye no sólo actos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada y de tortura, sino incluso también de las fuerzas armadas. Dicho lo cual, el tema de las fosas que se han descubierto o encontrado a efectos de seguir buscando a los estudiantes de Ayotzinapa, es la historia de fosas que se han encontrado en estados como Chihuahua, Sonora y la lista se extiende. Hay un México que vive formas de violencia inauditas, y una institucionalidad que amplía su marco de normas, busca que esas normas se apliquen pero que no ha reformado sus instituciones para que la respuesta sea oportuna y eficaz. La lista de personas desaparecidas no se logra establecer con precisión, el Gobierno ha hecho pública una lista de personas no localizadas que excede las 22 mil personas, sin que podamos establecer dentro de ésas 22 mil, en cuantas de ellas la participación indiciaria de servidores públicos, miembros de las fuerzas policiales y de las fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzas militares, son el fundamento de ése estado de no localizados. Por eso es que, las recomendaciones internacionales, tanto de los órganos de los tratados como de los procedimientos especiales de protección de la Naciones Unidas, siguen insistiendo que es necesario hacer un esfuerzo adicional para distinguir los fenómenos y para hacer más eficaz entonces la dación de cuentas por parte de las autoridades.
Subrayado nuestro.
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