Perú. A cinco años del Baguazo… ¿hay justicia para todos?

Por Juan José Quispe Capacyachi*

Han transcurrido 5 años desde que el 5 de junio de 2009 ocurrió el violento e irracional desalojo de los manifestantes indígenas y nada está resuelto: el proceso contra 52 acusado por el caso "la curva del diablo" recién se inició hace unos días con intérpretes convocados sobre la marcha, ningún político se encuentra implicado, se sigue alargando el juicio contra sólo 06 policías procesados por asesinar y lesionar a civiles, el My. PNP Felipe Bazán sigue desaparecido ante la insensibilidad del Ministerio del Interior y la Fiscalía que nada han hecho para continuar con su búsqueda e identificar a dos requisitoriados, finalmente el líder indígena Pedro Tiwi, procesado injustamente por las muertes en la "estación Nº 05 de Petro-Perú" falleció en  Imacita debido a que no pudo atenderse de una herida en la cabeza que le causó un manifestante cuando defendía la vida de los policías.

Visto así el panotrama, con procesos lentos, magistrados suplentes y provisionales que no aplican convenios y tratados internacionales que cautelan los derechos indígenas, fiscales que acusan sin pruebas, procesados de escasos recursos económicos que acudirán a las audiencias hasta que les alcance el dnero, procuradores del Estado oponiéndose a todo pedido de las partes, delitos prescritos en favor de policías; la frase "justicia que tarda, es injusticia", se torna cada vez más real.

En este contexto, es fácil presumir que a finales de año se iniciará el juicio contra 24 indígenas por los sucesos de “estación 6″, seguidamente se realizará la audiencia contra 05 procesados acusados de secuestrar y asesinar al mayor PNP Felipe Bazán Soles. Y a finales del próximo año -dios mediante-, se juzgarán a sólo 07 policías por asesinar y lesionar a 20 civiles entre mestizos e indígenas.

¿Cómo van los procesos?

Desde un inicio, el juzgamiento de inculpados indígenas se realiza más rápido que el de los policías. Cabe hacer una precisión: a los 06 efectivos policiales se les aperturó proceso con Mandato de Comparecencia restringida, ninguno pisó un establecimiento penal, no existen órdenes de captura contra ellos y a la fecha vienen realizando sus labores dentro de su institución como si nada hubiese pasado.

Mientras que en la otra orilla, para los indígenas procesados, su vida dio un giro de 360 grados: desde sus comunidades deben trasladarse a Bagua capital para firmar el libro de mandatos de comparecencia o para acudir a las audiencias del juicio oral, esto implica que gasten dinero que no lo tienen, se alejen de sus familias, no puedan realizar sus labores normalmente, etc. 

El caso “la curva del diablo”: 

Antes de fin de año podremos tener ya una sentencia contra los 52 acusados.

Desde nuestra perspectiva, la resolución final debería marcar un hito en el juzgamiento de pobladores indígenas, no solamente porque los magistrados deberían aplicar además de sus códigos, penal y de procedimientos penales, los alcances del Convenio 169 de la OIT, las 100 reglas de Brasilia, así como el protocolo de Atención y Orientación Legal con enfoque intercultural elaborado por la Oficina Nacional de Justicia de Paz y de Justicia Indígena -ONAJUP del Poder Judicial.

Sino porque además, sentará un precedente importante: Las imputaciones y autoinculpaciones realizadas por los acusados y co-acusados rendidas en sede policial o fiscal sin la presencia de intérpretes que les permitan expresarse en su lengua de origen y sin la presencia de un abogado de su libre elección SON NULAS de pleno derecho y no constituyen medios de prueba para emitir una sentencia condenatoria. 

El caso “Estación Núm. 06 de Petro-Perú”: 

En este proceso, ya se concluyó la etapa de la investigación judicial y se encuentra expedito para que el Fiscal Superior de Bagua decida la suerte de 24 inculpados indígenas, procesados por la muerte de 10 efectivos policiales y lesiones de otros 28.

Si bien es cierto, se apertura proceso penal por 04 delitos (secuestro agravado, extorsión, disturbios y arrebato de arma de uso oficial), lo cierto es que por el último delito el Fiscal podría solicitar se imponga cadena perpetua contra 05 líderes indígenas.

El caso del “Mayor Felipe Bazán” 

Aquí se encuentran procesados 05 personas: Asterio Pujupat Wachapea, Feliciano Cahuasa Rolín y Juan Cruz Cotrina. Dos se encuentra con órdenes de captura, quienes a pesar de estar identificados, la policía no ha podido detenerlos.

Este proceso también ya culminó en su etapa de la investigación judicial y está pendiente la Acusación del Fiscal Superior. 

El caso contra “los generales de la PNP”: 

Este proceso emblemático para los pobladores de Bagua Grande en la Provincia de Utcubamba en el departamento de Amazonas se encuentra aún en la etapa de la instrucción, tan solo hace una semana se ha ampliado la Instrucción por el plazo de 30 días.

Aquí se procesan sólo a 06 policías, desde Luis Elías Muguruza Delgado, Javier Uribe Altamirano, Javier Del Carpio Sánchez, Augusto Fernández Guevara, Walter Ascención Chicana Dett y José Armando Sánchez Farfán, ex Director General de la Policía por la muerte y lesiones de 20 civiles. Los casos más emblemáticos son obviamente Leydi Luz Montes Gonzales, niña de 07 años que estando jugando en la azotea de su vivienda ubicada en el centro de Bagua Grande fue alcanzada por una bala disparada por la policía nacional que terminó impactándole en el abdomen y el otro es Jhon Estela Martínez, mototaxista quién también fue herido por inmediaciones de la Plaza de Armas de Bagua Grande, la bala disparada por un efectivo policial terminó destrozándole la pierna derecha.

El Juez aún no se pronuncia por el pedido que realizamos para que curse copias a la Fiscalía de la Nación y se investigue a Mercedes Cabanillas, quien ya declaró como testigo en este proceso.

Es lamentable que en este caso, los agraviados que sufrieron lesiones leves, ya no podrán cobrar la reparación civil por el daño causado debido a que este delito a la fecha, ya habría prescrito.

Finalmente, es doblemente lamentable que la Fiscalía que investigó estos hechos, que en ese entonces estaba a cargo de la Olga Bobadilla Terán (adscrita a la Fiscalía de la Nación en la época de Peláez Bardales), sin motivación alguna ni mayores elementos de juicio, en febrero de 2010 decidió formalizar denuncia sólo contra 05 policías a diferencia de su antecesora Marlene Rojas Méndez quien en agosto del 2009 había denunciado a 12 policías, entre ellos el Comisario de Bagua Grande.

La justicia tiene mucho que decir en estos días.

*Abogado del área legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fuente Servindi: http://servindi.org/actualidad/106531