El deber de ofrecer seguridad a la población es un deber fundamental del Estado y, por ende, es una de las responsabilidades fundamentales de todo gobierno. Entre las funciones que la población espera ver cumplidas por el Estado, la seguridad ciudadana ocupa casi siempre el primer lugar, tal como lo evidencian las encuestas; y esta necesidad se siente tanto más, cuanto menos se satisface en la realidad de cada día. A más peligro cotidiano, más ansia de seguridad.
La seguridad ciudadana es, en consecuencia, una cuestión esencial, fundamental, que debe ser asumida con la máxima dedicación por las autoridades. La constitución, las leyes y la normativa internacional sobre derechos fundamentales ofrecen el marco dentro del cual se debe cumplir eficientemente con esta función, sin convertirla en pretexto para ahogar la democracia y la libertad.
En el Perú, la población siente cada día más la falta de seguridad y, ante ello, no ha contado en las últimas décadas con autoridades estatales interesadas en asumir esta obligación con la seriedad y el sobrio esfuerzo que ello exige. Es lamentable constatar esto cuando, en lugar de sobriedad, profesionalismo y perseverancia, encontramos que las autoridades a diverso nivel ejercen el poder en materia de seguridad con frivolidad y al servicio de objetivos políticos deleznables.
No se puede jugar con la seguridad ciudadana porque el resultado de la frivolidad en esta materia será demoledor para la sociedad y el propio Estado. En nuestro país tardamos mucho en tomar conciencia de los problemas, y los dejamos desarrollarse hasta convertirse en desafíos difíciles de controlar. Tardamos en reaccionar con las armas que ofrece la ley y luego aparecen las propuestas demagógicas de soluciones draconianas que solo crean nuevos y más graves problemas sin solucionar los anteriores.
Sin embargo, en otras ocasiones, se recurre al bluff y el efecto propagandístico simulando una acción coherente, que en realidad no existe, para ganar puntos precarios y fugaces en las encuestas. Lo que no se ha hecho en años se pretende entonces compensar con las apariencias de una intervención espectacular en el último momento. Esto es muy peligroso y será perjudicial en todo sentido. Lamentablemente, es lo que parece haber ocurrido con la redada de unos 30 dirigentes del MOVADEF.
Nadie quiere que el senderismo vuelva a hacerle daño al Perú y por ello todos tenemos la obligación de no descuidar la guardia ante ellos. Se ha dicho, con toda razón, que la democracia no puede ser boba. Pero, tal como lo ha demostrado la experiencia, la democracia tampoco puede actuar con ligereza en la aplicación de la ley sin correr el riesgo de deslegitimarse y deslegitimar su acción y sus propias instituciones.
Podrán desagradar y chocar los reclamos del MOVADEF de amnistía o su pretensión de inscribirse como partido político o su adhesión a una ideología ultra, pero nada de eso califica por sí solo como terrorismo, ni siquiera como tentativa o actos preparatorios de tal delito. Al incriminarlos por ello se amplía sin sustento normativo el concepto de terrorismo hasta el punto de desfigurarlo y hacerlo irreconocible. Por otro lado, el periodista Gustavo Gorriti ha demostrado que se está reviviendo una prueba que en su momento el propio Ministerio del Interior desechó al comprobar su falsedad, acerca de un encuentro entre dos dirigentes del MOVADEF y el terrorista ‘Artemio’ (http://idl-reporteros.pe/). Con argumentos así, tan deleznables, se le da al senderismo la ansiada oportunidad de victimizarse y recuperar terreno. Darles esa oportunidad por ganar unos puntos en las encuestas es una irresponsabilidad culpable.
Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Diario16, el domingo 20 de abril de 2014.
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