Washington, D.C. Teniendo en cuenta el carácter interdependiente e indivisible de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decidió iniciar in proceso para la creación de una Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Este proceso se inicia hoy con la apertura de un fondo especial para recaudar recursos financieros que hagan posible la creacción de la Relatoría Especial. La CIDH invita a los Estados miembros de la OEA a colaborar con aportes a este fondo, el cual también se destinará a financiar las actividades de la Unidad DESC, coordinada por el Comisionado Paulo Vannuchi.
“Esta decisión es histórica”, dijo la Presidenta de la CIDH, Comisionada Tracy Robinson. “Es la primera vez, desde que se estableciera la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en 1998, que la Comisión adopta la decisión de replicar esa experiencia. Esto refleja la importancia fundamental que la Comisión Interamericana otorga a la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales en la región. Una Relatoría Especial implica que el Relator o la Relatora tendrá dedicación a tiempo completo, lo cual permitirá profundizar el trabajo transversal que la Comisión viene realizando en esta materia”.
Coincidiendo con el carácter histórico de la decisión, el Comisionado Paulo Vannuchi, quien coordinará este proceso, explicó que se espera que la Relatoría Especial pueda entrar en funciones a fines de 2015.
“En los últimos años hemos visto avances significativos. Entre 2002 y 2008, unos 40 millones de personas salieron de la pobreza en nuestra región, y se registró cierta reducción en los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso”, dijo el Comisionado Vannuchi. “Pero América Latina sigue siendo la región que padece los mayores niveles de desigualdad del mundo, mientras que en Estados Unidos se ha registrado en las últimas décadas un aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Estos datos no hacen sino reafirmar la imperiosa necesidad de hacer de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales una prioridad, y la decisión de crear una Relatoría Especial así lo refleja”, señaló.
Los derechos económicos, sociales y culturales están contemplados en la Carta de la OEA, la cual consagra importantes metas vinculantes para los Estados relacionadas a los derechos económicos, sociales y culturales, en particular después de la reforma impulsada por el Protocolo de Buenos Aires. En la misma línea, la Declaración Americana reconoce una variedad de derechos económicos, sociales y culturales. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Asimismo, en 1988 se adoptó el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, texto que se basó en un borrador preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Protocolo de San Salvador reconoce el derecho al trabajo, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, y a los beneficios de la cultura, entre otros.
En 2008, la Comisión publicó los “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales”. Este documento se preparó con la finalidad de ayudar a los Estados Partes del Protocolo de San Salvador a cumplir con el mecanismo establecido en el artículo 19, mediante el cual se comprometieron a presentar informes periódicos respecto de las medidas progresivas que vayan adoptando para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo. Al respecto se destaca que la CIDH es parte del Grupo de Trabajo encargado de analizar los informes periódicos de los Estados partes del Protocolo de San Salvador y que el mecanismo de seguimiento al Protocolo se encuentra operativo. El Protocolo de San Salvador ha sido ratificado hasta el momento por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, el Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado atención al respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en la región a través de sus diversos mecanismos. En 2012, la Comisión creó una Unidad sobre DESC, que estuvo inicialmente a cargo de la Comisionada Rose-Marie Antoine y que desde enero de este año está a cargo del Comisionado Paulo Vannuchi. Asimismo, se ha realizado un proceso de consulta sobre DESC en Argentina, y están planificados procesos similares en Colombia, Brasil, México, Estados Unidos y un país del Caribe.
Asimismo, la CIDH ha publicado diversos informes temáticos sobre DESC, incluyendo “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”, “Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”, “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”, “Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos”, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales”, y el recientemente publicado sobre el “Derecho del niño y la niña a la familia”, entre otros.
La Comisión ha celebrado en los últimos años numerosas audiencias temáticas que abordan los DESC. Por ejemplo, en el 150º Período de Sesiones actualmente en curso, se recibió información sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la industria avícola y de la carne en Estados Unidos; la alegada práctica de desalojos forzosos que afecta a campesinos y campesinas en Paraguay; las barreras en el acceso a servicios de salud materna en México; la falta de acceso a alimentación adecuada, vivienda y medicinas para los trabajadores migrantes haitianos en República Dominicana; y los obstáculos para la realización de huelgas y otras formas de reivindicación laboral en Venezuela. En el período anterior de audiencias públicas, en octubre y noviembre de 2013, se realizó una audiencia sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de campesinos en América Latina donde se recibió información sobre el impacto desproporcionado que las políticas económicas y las crisis tienen sobre las poblaciones rurales. Asimismo, se recibió información en otra audiencia sobre obstáculos y restricciones que afecta el derecho de los trabajadores a sindicalizarse en diversos países de la región.
Con la decisión adoptada hoy, la Comisión Interamericana busca fortalecer y profundizar su trabajo de defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los y las habitantes de las Américas. La CIDH confía en que continuará contando con el apoyo de los Estados Miembros y de la sociedad civil de la región en esta tarea.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
“En los últimos años hemos visto avances significativos. Entre 2002 y 2008, unos 40 millones de personas salieron de la pobreza en nuestra región, y se registró cierta reducción en los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso”, dijo el Comisionado Vannuchi. “Pero América Latina sigue siendo la región que padece los mayores niveles de desigualdad del mundo, mientras que en Estados Unidos se ha registrado en las últimas décadas un aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Estos datos no hacen sino reafirmar la imperiosa necesidad de hacer de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales una prioridad, y la decisión de crear una Relatoría Especial así lo refleja”, señaló.
Los derechos económicos, sociales y culturales están contemplados en la Carta de la OEA, la cual consagra importantes metas vinculantes para los Estados relacionadas a los derechos económicos, sociales y culturales, en particular después de la reforma impulsada por el Protocolo de Buenos Aires. En la misma línea, la Declaración Americana reconoce una variedad de derechos económicos, sociales y culturales. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Asimismo, en 1988 se adoptó el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, texto que se basó en un borrador preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Protocolo de San Salvador reconoce el derecho al trabajo, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, y a los beneficios de la cultura, entre otros.
En 2008, la Comisión publicó los “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales”. Este documento se preparó con la finalidad de ayudar a los Estados Partes del Protocolo de San Salvador a cumplir con el mecanismo establecido en el artículo 19, mediante el cual se comprometieron a presentar informes periódicos respecto de las medidas progresivas que vayan adoptando para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo. Al respecto se destaca que la CIDH es parte del Grupo de Trabajo encargado de analizar los informes periódicos de los Estados partes del Protocolo de San Salvador y que el mecanismo de seguimiento al Protocolo se encuentra operativo. El Protocolo de San Salvador ha sido ratificado hasta el momento por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, el Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado atención al respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en la región a través de sus diversos mecanismos. En 2012, la Comisión creó una Unidad sobre DESC, que estuvo inicialmente a cargo de la Comisionada Rose-Marie Antoine y que desde enero de este año está a cargo del Comisionado Paulo Vannuchi. Asimismo, se ha realizado un proceso de consulta sobre DESC en Argentina, y están planificados procesos similares en Colombia, Brasil, México, Estados Unidos y un país del Caribe.
Asimismo, la CIDH ha publicado diversos informes temáticos sobre DESC, incluyendo “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”, “Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”, “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”, “Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos”, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales”, y el recientemente publicado sobre el “Derecho del niño y la niña a la familia”, entre otros.
La Comisión ha celebrado en los últimos años numerosas audiencias temáticas que abordan los DESC. Por ejemplo, en el 150º Período de Sesiones actualmente en curso, se recibió información sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la industria avícola y de la carne en Estados Unidos; la alegada práctica de desalojos forzosos que afecta a campesinos y campesinas en Paraguay; las barreras en el acceso a servicios de salud materna en México; la falta de acceso a alimentación adecuada, vivienda y medicinas para los trabajadores migrantes haitianos en República Dominicana; y los obstáculos para la realización de huelgas y otras formas de reivindicación laboral en Venezuela. En el período anterior de audiencias públicas, en octubre y noviembre de 2013, se realizó una audiencia sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de campesinos en América Latina donde se recibió información sobre el impacto desproporcionado que las políticas económicas y las crisis tienen sobre las poblaciones rurales. Asimismo, se recibió información en otra audiencia sobre obstáculos y restricciones que afecta el derecho de los trabajadores a sindicalizarse en diversos países de la región.
Con la decisión adoptada hoy, la Comisión Interamericana busca fortalecer y profundizar su trabajo de defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los y las habitantes de las Américas. La CIDH confía en que continuará contando con el apoyo de los Estados Miembros y de la sociedad civil de la región en esta tarea.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Versión en inglés, IACHR to Create an Office of the Special Rapporteur on Economic, Social, and Cultural Rights: http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/034.asp
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