“UNA RESOLUCIÓN FISCAL ESTÉRIL”, columna de Ronald Gamarra

Otro de los grandes crímenes del gobierno de Fujimori, aún sin juzgar, es el de la esterilización forzada de miles de mujeres de los sectores más pobres. A ellas se les privó de su capacidad reproductiva sin consultarles, ni informarles, ni contar en absoluto con su consentimiento. Durante muchos años aquel gobierno procedió de ese modo, estableciendo metas administrativas de esterilización, repartiendo incentivos ilegales a los médicos y personal sanitario para alcanzar dichas metas, reduciendo a las mujeres a la condición de simples objetos manipulables con fines estadísticos.

Según la ONG Demus, aparte de las miles de mujeres perjudicadas en su capacidad reproductiva, al menos 18 mujeres fallecieron como consecuencia de las prácticas de esterilización. Una de ellas fue la señora MM, cuyo caso tuvo que ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la falta de justicia en nuestro país. Precisamente fue a partir de este caso que la CIDH exhortó a las autoridades peruanas y en particular a la fiscalía a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el escandaloso caso de las esterilizaciones forzadas.

La fiscalía reabrió entonces, en noviembre de 2012, la investigación que había cerrado en el 2009 sin establecer responsabilidades ni individualizar a los autores de tan grave delito. Sin embargo, transcurrido algo más de un año desde el inicio de esta segunda investigación, el resultado no puede ser más deleznable e indigno del rol que debe cumplir el Ministerio Público, pues el 22 de enero de este año la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima decidió no formalizar la denuncia penal que corresponde contra Alberto Fujimori, ni contra sus ministros de salud Marino Costa, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong, ni contra sus asesores y funcionarios principales de la cartera de salud, y ni siquiera contra los funcionarios encargados del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar en el período 1996-2000.

Según el fiscal, los responsables políticos del gobierno y del sector salud no habrían tenido conocimiento de lo que se hacía por parte del sector en las zonas rurales, y no habrían actuado con dolo. No cometieron delito alguno. Sin embargo, como certeramente señala DEMUS en referencia al Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, “dicho programa constituyó una política pública”, por lo cual es imposible que los responsables políticos del gobierno y del sector salud no hubiesen estado informados. Antes bien, fueron los promotores y actuaron con plena conciencia y voluntad, es decir, con dolo.

Por lo demás, ¿alguien le puede dar crédito al fundamento pueril de la fiscalía? ¿De veras cree que los gobernantes de entonces, expertos en sacarle la vuelta a la ley, en organizar operaciones clandestinas, involucrados en todo tipo de operaciones ilegales, desde la conformación de cuerpos especiales de asesinato como el grupo Colina, la organización del “RUC sensible” para chantajear a los empresarios, o el control de la prensa y la televisión comprando con dinero contante y sonante a sus dueños, no sabían nada de lo que se hizo por todo un lustro en la esterilización sistemática de las mujeres más pobres?

La decisión del fiscal lamentablemente sirve a la impunidad de un delito de extrema gravedad contra las mujeres e incumple absolutamente con el compromiso de las autoridades peruanas ante la CIDH de investigar los hechos y sancionar a los responsables.

Columna de Ronald Gamarra Herrera publicada en el Diario16, el domingo 02 de febrero de 2014.
Fuente Diario16: http://diario16.pe/noticia/44103-lea-una-resolucion-fiscal-esteril-columna-ronald-gamarra


Vea Reportaje de el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM sobre Esterilizaciones Forzadas en el Perú: