¿Qué hubiese pasado si el Perú hubiese seguido el consejo de algunos irresponsables, de patear el tablero del sistema interamericano de derechos humanos y desligarse unilateralmente de sus obligaciones frente a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no cumplir con algunos fallos que no son del gusto de nuestro gobierno? Pues Chile tendría hoy un argumento servido en bandeja para no cumplir con el fallo de la Corte de La Haya en el caso de resultarle desfavorable, y oponerle diez mil reparos y trabas a su ejecución, pues podría decir a los cuatro vientos que hace exactamente lo mismo que habría hecho nuestro país cuando un fallo de una corte internacional no le gusta.
Felizmente el Perú no siguió en estos años aquel consejo insistente que repiten sin cansancio ni rubor ciertos chapuceros que todavía viven en la época de la guerra fría, y así mismo corrigió a tiempo el estropicio cometido por Fujimori cuando en su gobierno alejó culpablemente al Perú del sistema interamericano. El Perú tiene su hoja formalmente limpia en la relación con los tratados y los organismos internacionales, con los cuales mantiene una relación de mutuo respeto bajo el principio de acatamiento a los compromisos internacionalmente adquiridos, no ha pateado ningún tablero normativo de la comunidad internacional como lo proponen a gritos algunos irresponsables, y tiene gracias a ello autoridad para exigir de otros países que cumplan lo que los tribunales internacionales disponen.
¡Menudo lío en que estaríamos metidos ahora, tratando de conciliar una actitud principista frente al conflicto limítrofe marítimo con Chile en La Haya, y el oportunismo más descarnado frente al sistema interamericano en asuntos sensibles de derechos humanos!
Nuestro país tiene un interés fundamental en fortalecer la juridicidad internacional. Este ha sido uno de los objetivos perseguidos una y otra vez por la política internacional de nuestro país, a pesar de los tropiezos de las dictaduras y la incoherencia de nuestros políticos. Esta búsqueda de una comunidad internacional basada en la juridicidad es parte de las lecciones y enseñanzas de nuestra historia. Por nuestra posición geográfica central y expuesta a cinco fronteras, por el proceso secular y conflictivo de demarcación de esas mismas fronteras, por las riquezas naturales de que disponemos y que con frecuencia atrajeron la ambición de políticos de otros países, por la fragilidad de nuestro desarrollo institucional y de nuestra defensa nacional, y porque aspiramos al desarrollo en lugar de gastar nuestros pocos recursos en armamento, por todo ello y muchas otras razones, a nuestro país le conviene la existencia de una comunidad internacional cada vez más respetuosa de las normas del derecho internacional, donde la fuerza bruta de las armas y los ejércitos tengan la menor fuerza posible frente a la fuerza del derecho.
La segunda mitad del siglo XX fue un momento favorable, como ningún otro en la historia universal, para la conformación de una comunidad internacional basada en la juridicidad. La conformación de los organismos internacionales y regionales con sus respectivos foros de estados y sus organismos especializados para resolver conflictos entre las naciones o entre las naciones y sus pueblos, se ha dado con una fuerza sin precedentes en este periodo, y el Perú se inscribió en ese proceso. Nuestro país debe seguir contribuyendo a ese proceso de consolidación e imperio del derecho internacional con madurez y coherencia. Hacerlo es trabajar en función de nuestra propia seguridad nacional y, no hace falta decirlo, en pro de la prosperidad y los derechos de nuestro pueblo.
Columna de Ronald Gamarra en Diario 16, publicado el domingo 26 de enero de 2014.
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