La democracia requiere de pluralismo para ser auténtica. La variedad de las opiniones debe ser el reflejo de la variedad multiforme de la sociedad, un reflejo inevitable y a la vez necesario de la realidad. Sin pluralismo no hay sociedad democrática posible. La exigencia de pluralidad corresponde no solo a la opinión sino igualmente a la información. Una sociedad democrática es aquella donde el ciudadano común puede disponer de la más amplia variedad posible de fuentes de información y de opinión a su alcance.
Por eso todas las sociedades democráticas han estatuido siempre como una libertad fundamental, básica, la libertad de expresión y de opinión, y junto con ella, la garantía de ejercer esta libertad sin control ni censura previa, así como la prohibición de establecer monopolios o concertaciones para controlar el libre flujo de la información y la libre expresión de la opinión.
¿Puede ser posible la pluralidad democrática de información y opinión cuando el 80 por ciento de los medios de prensa están en manos de un solo grupo empresarial? Esto es lo que está en juego en nuestro país en estas semanas, ante la evidente concentración antidemocrática de medios de comunicación que ha consumado el grupo editorial El Comercio con la adquisición del paquete accionario mayoritario del grupo editorial Epensa.
La libertad de prensa es una realidad precaria en el Perú. Casi siempre ha estado sujeta a drásticas limitaciones y agresiones por parte de los innumerables regímenes dictatoriales que han gobernado el país. En casi dos siglos de existencia republicana, la libertad de expresión y de información del ciudadano es todavía un objetivo por consolidar, que no está libre de ser conculcado una y otra vez.
¿Tan rápido hemos olvidado el infame control al que fueron sometidos los medios de comunicación nacionales hace apenas algo más de una década, bajo el fujimorismo? Con métodos delincuenciales, con la compra al contado de la línea editorial de los medios, con el sometimiento obtenido gracias al soborno, los favores del gobierno o simplemente la intimidación?
Y antes fue el control de la prensa bajo los gobiernos militares de Velasco y Morales Bermúdez, doce años en total. Mi generación ha sido muy afectada por la falta de libertad de expresión y opinión, aproximadamente unos veinte años en total sin ella, sumando al régimen militar de 1968-1980 el de la dupla Fujimori-Montesinos.
Y ahora que buscamos construir, por fin, después de tantos tropiezos y errores por causa de las dictaduras, un sistema democrático con la más plena libertad de expresión e información, ¿se va a permitir que se consume la concentración de medios en una proporción del 80 por ciento, por el crecimiento cuasi monopólico de un grupo empresarial? ¿No percibe ese grupo empresarial, que irreflexivamente lleva adelante esta concentración cuasi monopólica contra viento y marea, que está asumiendo en perspectiva un rol abiertamente ingrato a la orientación democrática de la ciudadanía?
Ningún país democrático tiene tal grado de concentración de la prensa. Desafío a cualquiera a demostrar lo contrario. Esa concentración le hace mucho daño a la democracia como tal y a la calidad que debe tener esta democracia. Pone en peligro las posibilidades de los ciudadanos de tener acceso plural a las fuentes de información y de opinión, y pone en peligro las posibilidades del ciudadano de denunciar ante la opinión pública hechos que puedan no ser del agrado del grupo editorial dominante. Y algo particularmente grave: limita las posibilidades de los periodistas y comunicadores de ejercer su profesión con libertad en un mercado tan concentrado en un solo grupo editorial.
El caso ha dado lugar a una acción de amparo suscrita por muchos de los mejores periodistas que se caracterizan por su independencia en nuestro país. La justicia tiene ahora la palabra. Sin duda, el caso estará sujeto a grandes presiones. Esperemos que al final no primen los intereses de un grupo empresarial por sobre las libertades de los ciudadanos.
Artículo de Ronald Gamarra, publicado en Diario16, el día domingo 5 de enero de 2013.
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