Los principales directivos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) manifestaron su disconformidad con la elección de la congresista Martha Chávez Cossio (Fuerza Popular) como presidenta del grupo de trabajo sobre derechos humanos, que se encuentra dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
A
través de este cargo, la mencionada congresista sería la parlamentaria
encargada de evaluar la política de implementación de las conclusiones
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y hará seguimiento de
la respuesta del Estado peruano ante las denuncias y demandas que se
presenten ante organismos internacionales.
Salomón Lerner Febres,
presidente del IDEHPUCP, señaló que “la conducta de una persona obedece
a una trayectoria y esta te coloca en un determinado lugar. Puestas así
las cosas, las declaraciones de la señora Martha Chávez sobre derechos
humanos resultan, a priori, bastante discutibles, debido a que las
mismas denotan que la congresista no tiene una cabal comprensión de los
derechos de las personas, en particular, sobre la vida y dignidad de los
seres humanos”.
Lerner
Febres recordó que Chávez “se ha hipotecado a una opción política como
el fujimorismo, que significó el envilecimiento de la política en el
país”. También señaló que “no es necesario hacer una larga lista de
citas acerca de sus declaraciones, en las que ha justificado la muerte
de personas y ha demostrado una falta de empatía hacia varios de
nuestros compatriotas”.
“Si
es que alguna duda se tenía sobre el equívoco terrible del Congreso de
la República, la misma se ha disipado por las recientes declaraciones de
la congresista Chávez, donde adelanta opinión, en forma hepática, sobre
algunos de los temas a los que se avocará su grupo de trabajo”, añadió
Lerner.
El
expresidente de la CVR recordó que la congresista Chávez estuvo en
contra de la Comisión, incluso desde antes que se emitiera el Informe
Final.
En
esa línea, señaló que los documentos sobre el financiamiento de la CVR
están a disposición de cualquier ciudadano que los solicite ante la
Defensoría del Pueblo y aclaró que no recibió dinero alguno por su labor
como presidente de la misma, dado que recibía su remuneración como
rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Lerner
Febres resaltó que el trabajo de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación fue financiado en parte por fondos otorgados por diversos
gobiernos extranjeros, que no han tenido crítica alguna al manejo de
los fondos y que incluso han continuado cooperando con el país en las
tareas de reconciliación que le correspondían al Estado peruano.
También
recordó que parte del dinero entregado por el Estado peruano a la CVR
“provino de los fondos repatriados a los procesados y condenados por
casos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori” y
que la administración de sus recursos correspondió al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Lerner
enfatizó que “la CVR vive y tiene fuerza por personas que, tratando de
desprestigiarla, hacen que su visión se tome en cuenta y se vea la
verdad. En balance, lo que ha hecho el Congreso, a contrapelo de lo que
algunos parlamentarios deseaban, es legitimar el Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación, que puede hacer frente sin
ningún menoscabo a lo que la parlamentaria fujimorista pueda decir”.
Por su parte, la doctora Elizabeth Salmón,
directora del IDEHPUCP, indicó que la designación de Chávez al frente
de este grupo de trabajo “causa previsible conmoción y preocupación en
la sociedad civil. La filiación política de la congresista Chávez hace
sospechar que su participación buscaría minar los avances en materia de
derechos humanos que ha tenido nuestro país. Como todos los miembros de
su bancada, defiende la inocencia de Alberto Fujimori frente a toda
acusación, incluyendo su participación en las matanzas de Barrios Altos y
La Cantuta. Chávez fue una de las impulsoras de la Ley 26479 que
amnistió a los miembros del destacamento Colina”.
Salmón
también refirió que “en diversas ocasiones, la congresista Chávez ha
realizado declaraciones que reflejan su desprecio por el trabajo de
defensores de derechos humanos. Así, la legisladora ha señalado que el
Informe Final de la CVR debe “tirarse a la basura”, por su contenido. De
la misma forma, durante la década del gobierno fujimorista desacreditó
las acusaciones de las víctimas de violaciones a los derechos humanos,
señalando que los daños se los habían infringido ellas mismas. Es
tristemente célebre por haber declarado que los estudiantes de La
Cantuta se habían auto-secuestrado y que la agente del Servicio de
Inteligencia del Ejército Leonor La Rosa se había auto-torturado.
Finalmente, en el año 2010, la hoy congresista señaló que “no se cae el
mundo si el Perú se desliga de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos”.
Ambos
señalaron que resulta necesario que la sociedad civil vigile más de
cerca la labor de este grupo de trabajo del Congreso de la República y
que no permitan retrocesos imperdonables en materia de derechos humanos.
El
presidente del IDEHPUCP concluyó que “el Congreso no ha hecho sino
ratificar lo que la opinión pública piensa sobre esta institución, pues,
con este nombramiento, los congresistas no han estado a la altura de lo
que se espera de su cargo. Esta designación es una afrenta y constituye
un flaco favor a la democracia”.
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