Este lunes se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas, crimen que consiste en el secuestro de individuos para explotarlos sexual o laboralmente, o para comerciar con sus órganos.
La trata de personas no es un problema menor en el mundo y ocupa nada menos que el tercer
puesto de los delitos más lucrativos para las mafias de crimen
organizado; solo le ganan el tráfico de drogas y el tráfico de armas.
El Perú no se ha salvado de este mal y entre las regiones más
afectadas se encuentran Cusco, Loreto, Lima y Huánuco. Para tener una
idea de la magnitud del problema, basta tener en cuenta que, según el Ministerio del Interior, entre junio del 2011 y setiembre del presente año la policía rescató dos mil víctimas de trata.
No obstante, si tenemos en cuenta que la mayoría de los casos no son
denunciados, es esperable que la realidad sea aun más dramática. De
acuerdo con Ricardo Valdés, presidente de la ONG CHS-Alternativo, solo
teniendo en cuenta a los explotados por la minería informal, podríamos
estar hablando de entre 25 mil y 30 mil víctimas.
Si bien el gobierno viene implementando el Plan Nacional de Acción
contra la Trata de Personas 2011-2016, siguen habiendo deficiencias en
la lucha contra este crimen. Un informe de la mencionada ONG presentado
en el Congreso ha evidenciado algunos de estos problemas.
Así, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables aún no aprueba un protocolo que sirva para que las múltiples
instituciones gubernamentales que están en contacto con las víctimas de
trata sepan cómo identificarlas y atenderlas. Es por ello que muchas
veces estas personas son confundidas con prostitutas o con víctimas solo
de violencia sexual. Y cuando sí son identificadas no hay un
procedimiento unificado de cuál debe ser el tratamiento que reciba la
víctima, ni de cuáles son las acciones que hay que seguir para perseguir
el crimen (por ejemplo, qué preguntas se debe hacer para poder
identificar y procesar al captor).
Algo similar sucede en las postas y en los establecimientos de
salud, pues no existe ninguna guía que sirva a su personal para detectar
casos de trata. No se cuenta con un protocolo que indique qué hacer,
por ejemplo, si una mujer acude en la sospechosa compañía de algún
hombre que no parece ser de su familia y que la observa, o si esta se
muestra muy nerviosa y no sabe contestar dónde vive o dónde cree haber
contraído la enfermedad. Por ello, es fácil que pasen desapercibidas las
víctimas que acuden para tratarse alguna enfermedad de transmisión
sexual.
Por otro lado, también ocurre que a menudo no se fiscaliza que las
compañías de transporte interregional hagan cumplir la norma que obliga a
los menores a viajar acompañados de sus padres o con un permiso
notarial. Así, las víctimas pueden ser trasladadas de una región a otra
sin mayores problemas. Y lo mismo sucede con el transporte fluvial.
Por su parte, también hay serios problemas en lo que respecta a la
capacitación y actuación del personal policial. Por ejemplo, a pesar de
existir un sistema inteligente que permite recoger todas las denuncias
de trata en el ámbito nacional, trazar rutas comúnmente usadas, y en
base a ello establecer perfiles de criminales (el denominado sistema
Reta) este ha dejado de funcionar desde abril del 2012. Lo que es peor:
cuando estaba activo no era aprovechado por la policía.
De esta forma, el personal policial no se concentra en desarticular
organizaciones criminales, sino en casos pequeños, muchas veces de
delitos flagrantes. Además, dado que los policías son rotados de sus
puestos con mucha frecuencia, las capacitaciones que reciben sobre el
tema de la trata no rinden muchos frutos.
Incluso los casos en los que las víctimas sí son rescatadas
presentan problemas. No hay suficientes centros de alojamiento
transitorio para ellas y en algunas regiones no hay ninguno. Y para los
hombres adultos víctimas de este delito no existe ningún alojamiento en
el ámbito nacional.
El Estado, claramente, no le está prestando la atención que debiera a
este problema. Y , sin duda, se trata de uno al que es un escándalo
voltearle la cara.
Editorial de El Comercio, publicado el viernes 27 de septiembre del 2013, A22.
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