Esta semana, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una acción decidida en resguardo de los derechos ciudadanos y de los jóvenes en particular, al oponerse al ilegal “sorteo” con que el Ministerio de Defensa pretende obligar a más de 12 mil jóvenes a servir obligatoriamente en las Fuerzas Armadas si no son capaces de pagar una “multa” que asciende a cerca de 700 dólares, el equivalente a dos sueldos mínimos y medio. La Defensoría del Pueblo rechaza esta medida del MINDEF como inaceptable por ser discriminatoria, y ello es evidente para quien tenga ojos de ver.
Luego de exhortar al Ministerio de Defensa para reconsiderar su decisión sobre el sorteo, la Defensoría del Pueblo no tuvo más alternativa y no dudó en acudir a la instancia judicial, como corresponde en un país que se rige por las leyes. Y, como sabemos, el juez constitucional le dio la razón, librando mandato para la inmediata suspensión del trajinado sorteo. Este resultado sacó de sus casillas al ministro Cateriano y al propio presidente Humala, que inicialmente han reaccionado de un modo lamentable.
En primer lugar, porque insisten en su error al afirmar que de todos modos irán al sorteo, para lo cual proceden a impugnar el fallo judicial, en vez de aceptarlo como expresión y confirmación del valor de los derechos constitucionales defendidos por la Defensoría del Pueblo y lo razonable de sus argumentos, confirmados ya por la primera instancia del Poder Judicial. Con ello se mantienen en una actitud de fuerza, de poder frente al derecho, cuando lo más inteligente sería reformular su propuesta partiendo del principio de respetar el carácter voluntario del servicio militar.
En segundo lugar, porque insisten en una posición retardataria y reaccionaria, tratando de volver a los tiempos superados del servicio militar obligatorio, que en realidad nunca fue universal ni obligatorio para las clases pudientes o con mínimos “contactos”, o que pudieran directamente pagar un soborno a una administración militar corrupta. Pero sí lo fue, y con todas las características de la discriminación y el abuso, para los más pobres, para los jóvenes de las zonas campesinas y de los suburbios de las ciudades.
Pues bien, en lugar de insistir en aquello que, en buena cuenta, fue una forma de la mita, es decir, el servicio gratuito de los pobres para el Estado, el gobierno debería dar pasos decididos hacia la profesionalización de las Fuerzas Armadas, destinando para ello los recursos necesarios; y, mientras tanto, otorgar cuando menos una remuneración mensual mínima vital a los voluntarios, en vez de la propina que ahora se les asigna. Pero el presidente Humala ha rechazado esta posibilidad al declarar ácidamente que “no hay plata para pagar un sueldo mínimo a los soldados”.
En tercer lugar, han iniciado una campaña lamentable contra la Defensoría del Pueblo y en particular contra el defensor del pueblo encargado, doctor Eduardo Vega Luna, contra quien han lanzado, y al parecer seguirán haciéndolo, ataques que pretenden descalificarlo simplemente por haber cumplido con su deber. La opinión pública conoce la probidad e imparcialidad con que actúa el doctor Eduardo Vega, funcionario identificado con su institución desde su fundación, a la cual ha dedicado casi toda su carrera.
Estos ataques, sin embargo, nos permiten sacar una conclusión: tenemos Defensoría del Pueblo, una Defensoría que sabe ser incómoda al poder; y tenemos defensor del pueblo, moral si no titular, en el doctor Eduardo Vega, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Ser defensor del pueblo exige conocimiento, pero sobre todo disposición a comprarse pleitos con el poder. Precisamente por eso, es lamentable decirlo, no lo nombrarán.
Artículo elaborado por Ronald Gamarra, Director del Equipo de Incidencia de IPRODES, publicado en Diario16, el domingo 23 de junio del 2013: http://diario16.pe/noticia/30893-opinion-ronald-gamarra-tenemos-defensoraia-tenemos-defensor
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