Ante los problemas
que afronta la sociedad, pocas veces los políticos presentan alternativas
realistas y bien fundamentadas, basadas en la experiencia y en una visión de
futuro. Por lo general, apelan al recurso barato e improductivo de la
demagogia, proponiendo “soluciones” que sólo buscan impresionar al auditorio y
explotar sus emociones para obtener réditos políticos fáciles e inmediatos.
Es lo que sucede con la mil veces reiterada
propuesta de ley para rebajar la edad mínima de la responsabilidad de los
adolescentes ante la justicia penal de 18 a 16 años de edad. La propuesta se
presenta aprovechando el vendaval noticioso desatado por el caso del joven
apodado Gringasho, acusado de matar por dinero.
Los autores de la propuesta pretenden
cosechar popularidad y aplauso barato. No han investigado nada, no han
estudiado la situación de la justicia juvenil ni de los centros de reeducación
juvenil, no conocen los principios ni la estructura normativa del país, no han
investigado nada en seguridad ciudadana. Todo eso les tiene sin cuidado: el
papel aguanta todo. Y, luego, es muy fácil vituperar a los caviares porque se
oponen al mamarracho.
La propuesta es legalmente inviable,
políticamente inconveniente y técnicamente absurda. Legalmente es inviable
porque, para convertirla en ley, habría que desconocer principios esenciales de
nuestra legislación como estado democrático y traerse abajo, entre otras
normas, la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuyo marco el Perú ha
decidido soberanamente construir su política para la niñez y la adolescencia.
Políticamente se trata de un despropósito,
pues pone en debate un tema a sabiendas de su carácter inviable. Sucede lo
mismo que con la clásica propuesta de restablecer la pena de muerte, que se
formula ociosamente cada vez que arrecia el delito a sabiendas de que en el
Perú, por mandato constitucional y tratados internacionales suscritos, no
existe pena de muerte (salvo traición a la patria en caso de guerra) y que esto
es legalmente irrevocable.
Pero sobre todo es un mamarracho desde el
punto de vista técnico. Los autores de la propuesta de ley no pueden ignorar
que el sistema penitenciario está en colapso general, entre muchas otras
razones, por sobrepoblación. El número de internos ya crece ahora
exponencialmente con las leyes existentes para adultos. ¿Adónde irían los
nuevos presos adolescentes cosechados por la ley que proponen?
¿Acaso quieren acelerar e intensificar el
proceso de integración de los adolescentes a la delincuencia adulta enviándolos
indiscriminadamente a esas escuelas de degradación y delito que son las
cárceles peruanas? La preocupante conducta antisocial de los adolescentes exige
un enfoque serio y viable, en el marco de la ley y con el debido sustento técnico.
Evidentemente, no es el caso de este demagógico proyecto de ley.
Fuente, La República, domingo 27 de mayo del
2012: http://www.larepublica.pe/columnistas/causa-justa/demagogia-26-05-2012
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