Actuar o ser cómplices
Por Ronald Gamarra Herrera
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha en vías de convertirse en ritual de homenajes retóricos pero generalmente vacíos de contenido. No está lejos el día en que, al igual que otras fechas conmemorativas cívicas o religiosas, se convierta en una gran oportunidad de ventas y comercio. No importa. Lo crucial, en un aniversario como éste, es no eludir formular y exigir una respuesta a preguntas de fondo: ¿cuál es la situación de las mujeres de nuestro país en el goce de sus derechos? ¿Qué estamos haciendo para hacer realidad el goce de tales derechos?
Las mujeres peruanas han logrado muy importantes avances en el último medio siglo, pero no están consolidados. Por un lado, hay una gran distancia entre la declaración de derechos y su efectivo goce. Hay, en particular, una enorme diferencia entre los derechos que conoce y puede ejercer una mujer de las zonas urbanas, y los que conoce y puede ejercer una mujer de las zonas rurales. Por otro lado, hay una renovada oposición reaccionaria al reconocimiento de derechos de la mujer, sobre todo en lo relacionado con el libre ejercicio de su sexualidad.
Especialmente grave es el bloqueo que sufre el derecho de la mujer al aborto terapéutico, que es la interrupción del embarazo que pone en riesgo la vida o la salud de la mujer. A pesar de que la ley peruana reconoce desde hace varias décadas el aborto terapéutico, la falta de una norma reglamentaria aprobada por el Ministerio de Salud lo hace inaplicable en la práctica. Esta omisión cuesta la vida de muchas mujeres y somete a muchas otras a sufrimientos inaceptables, pero el Ministerio de Salud, en vez de proteger a las mujeres, ha preferido someterse a la presión de sectores religiosos oscurantistas.
La omisión del Estado al no aprobar el protocolo reglamentario del aborto terapéutico a través de sucesivos gobiernos y ministros de salud entraña dolo. Hace mucho que las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que defienden los derechos de la mujer, reclaman por él. Nuestros gobernantes conocen bien incluso los casos concretos de mujeres que han sufrido y siguen sufriendo terriblemente por su inacción. Estos casos han llegado incluso a los organismos internacionales, que han amparado a las víctimas calificando la negación del aborto terapéutico como grave violación de derechos.
El actual gobierno y el actual ministro de Salud tienen la obligación de enmendar esta grave violación de la dignidad humana. Que afecta sobre todo a las mujeres pobres, que dependen de los servicios del Ministerio de Salud, pues sabemos que la hipocresía social, alentada precisamente por el oscurantismo, permite a las mujeres que pueden pagarlo hacerse discretamente un aborto (y no solo terapéutico) en clínicas y consultorios privados. El presidente Ollanta Humala y su ministro de Salud, Alberto Tejada, tienen la oportunidad de actuar o ser cómplices.
Vía La República: http://www.larepublica.pe/columnistas/causa-justa/actuar-o-ser-complices-04-03-2012
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