Después de casi un año de investigación
Fiscalía solicita archivamiento de investigación penal seguida contra comuneros incriminados falsamente del asalto al campamento minero de la Empresa Río Blanco Copper S.A. acaecido el 1 de noviembre de 2009
Sin embargo, aún no esclarece quienes sería los autores de ese ataque
El 1 de noviembre de 2009, se produjo un asalto armado al campamento de la Empresa Minera Río Blanco Copper S.A., el cual generó que tres trabajadores de dicha empresa fueran asesinados, además de daños materiales en el citado campamento.
Inmediatamente las autoridades dispusieron la intervención de efectivos de la DINOES de Lima y Piura a fin que procedan a investigar los hechos, lamentablemente, lejos de iniciar una investigación seria para identificar a los presuntos responsables de tan repudiable hecho, se inició una persecución contra dirigentes, autoridades y comuneros que habían expresado desde años atrás su desacuerdo por la presencia ilegal de la empresa minera en territorios comunales.
Es en esas circunstancias, proceden a detener, arbitrariamente, a cinco campesinos entre dirigentes y comuneros que residían en las comunidades más cercanas al campamento (se ubican a casi un día de viaje a pie) a quienes luego de veinticuatro horas, después de amenazarlos y maltratarlos para que admitan su presunta responsabilidad en el antes referido ataque, se les deja en libertad, entregándoseles una citación para que se acerquen a declarar en la sede policial de Huancabamba días después. Entre los detenidos estuvieron Porfirio Clemente Huamán y Natalio Quinde Alberca.
Posteriormente, el 2 de diciembre de 2009, en ejecución arbitraria de una orden de detención dictada contra Porfirio Clemente Huamán, Natalio Quinde Alberca, Arsenio Togas Rojas, José Cervando Quinde Alberca, Aquelí Herrera Nayra, Augusto Rojas García y Lorenzo Rojas García, treinta efectivos de la DINOES de la Policía Nacional del Perú irrumpen violentamente en las tierras comunales de Segunda y Cajas en Huancabamba y disparan contra nueve comuneros que se encontraban increpándoles por su violento proceder. Producto de la brutal represión policial contra indefensos comuneros, dos de ellos son asesinados al ser impactados por la espalda con proyectiles de armas de fuego, debiendo precisarse que los únicos armados eran los efectivos policiales, los mismos que actualmente viene siendo investigados por homicidio.
La antes citada orden de detención se había dictado a pedido de la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, la que había formalizado investigación preparatoria contra los citados comuneros por su supuesta responsabilidad en los hechos del 1 de noviembre de 2009 que se describen líneas arriba.
Durante el arbitrario operativo policial del 2 de diciembre de 2009, fueron detenidos, nuevamente, Porfirio Clemente Huamán y Natalio Quinde Alberca. Al respecto, con fecha 4 de diciembre de 2010, los abogados de FEDEPAZ lograron que se dejara sin efecto, ambas órdenes de detención y que fueran liberados inmediatamente. Con fecha 29 de marzo de 2010, igualmente, FEDEPAZ logró que se dejara sin efecto las órdenes de captura contra los otros cinco investigados.
A lo largo de la investigación se ha logrado acreditar que no existían, ni existen, indicios y menos pruebas para acusar y enjuiciar a los comuneros investigados como autores del ataque al campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A., por lo que la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, al concluir sus investigaciones, ha determinado que no existe mérito para acusarlos y ha solicitado al Primer Juzgado Mixto de Huancabamba el sobreseimiento total de la investigación contra los citados comuneros y el archivamiento definitivo del proceso.
Al respecto FEDEPAZ no hace más que expresar su satisfacción por el pronunciamiento de inocencia de los comuneros a quienes la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba investigó, pero al mismo tiempo, expresa su enorme preocupación por el hecho de que, a la fecha, aún no haya investigado y acusado a lo reales responsables de estos asesinatos.
Por ello, exige a la Fiscalía que reoriente su investigación al desarrollo de otras hipótesis sobre presuntos responsables, como la hipótesis del auto-ataque que habría tenido como motivación el criminalizar la legítima protesta de los comuneros y sus dirigentes contra el desarrollo de un proyecto mineros con graves consecuencias de contaminación en la zona y por la ocupación ilegítima de sus tierras comunales.
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