El Comité de Escogencia dio a conocer la lista de las personas seleccionadas del grupo de los 193 aspirantes que se presentaron.
Hoy se hicieron públicos los nombres de las once personas que conformarán la
Comisión de la Verdad, en el marco del fin del conflicto con las Farc,
ese que duró más de medio siglo. Entre los seleccionados por el Comité
de Escogencia hay un sacerdote, periodistas, académicos y víctimas. Son
cinco mujeres y seis hombres.
¿Para qué servirá la Comisión de la Verdad?
La Comisión de la Verdad constituye uno de los ejes más importantes y de
mayor trascendencia de cara a las víctimas del conflicto. La verdad no
es un tema menor en el camino de superar un capítulo tan aciago como la
guerra. De hecho, el esclarecimiento de lo que sucedió es una de las
vías que tendrán las víctimas para cerrar el circulo trágico que las
marcó. Además porque la comisión hará parte de un sistema integral de
verdad, justicia, reparación y no repetición.
Pero, ¿qué hara
la Comisión? Se trata de un órgano temporal, de carácter extra judicial
que históricamente ha servido en procesos de transición (en este caso de
un conflicto armado a un escenario de paz) para esclarecer patrones de
violencia.
No se trata de un mecanismo para administrar justicia
sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las
víctimas. La comisón también tendrá como objetivo promover la
convivencia en los territorios.
Estas once personas fueron seleccionadas de un grupo de 193 aspirantes que se presentaron:
Qué significa para Colombia el auerdo firmado entre el presidente y el jefe de las FARC.
La foto es bastante impresionante. El presidente Santos de camisa blanca y Timochenko de guayabera, estrechándose la mano, abrazados los dos por el presidente de Cuba, Raúl Castro. El momento sin duda era histórico. Se anunciaba un acuerdo crucial para el fin del conflicto más largo del continente en un país donde más de dos generaciones no han sabido lo que es vivir en paz. El proceso tomó mucho más de lo esperado. Se pensaba que fuera un año y ya van cuatro. El camino ha estado lleno de obstáculos, pero el resultado ha sido satisfactorio.
No todo el país lo ve así. La polarización es tan intensa que un sector de la Nación mantiene las reservas que ha tenido desde el inicio de los diálogos. Básicamente, los cuestionamientos son dos: el de la supuesta entrega al Castro-chavismo y el de ni un día de cárcel para los guerrilleros. De Castro-chavismo, no hay una sola coma. De impunidad hay algo, pero menos de lo previsible dadas las circunstancias.
Ningún proceso de paz en la historia ha terminado con cárcel para una de las partes. Los más recientes, los de Sudáfrica e Irlanda, concluyeron con indulto y amnistía, y los del M-19, el EPL y el Quintín Lame en Colombia, también. En esta ocasión no habrá eso. Si bien tendrá un perdón para los delitos políticos, como rebelión y sedición, todo el que haya cometido un crimen de lesa humanidad tendrá un castigo. Este no será en cárcel con barrotes, como han pedido el expresidente Álvaro Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez. Pero sí habrá restricción de la libertad en colonias penales con duración de cinco a ocho años para quienes digan la verdad, y de 20 con cárcel normal para quienes no lo hagan.
El balance entre impunidad y paz nunca es fácil de lograr en un proceso de esta naturaleza. Pero en Colombia se llegó hasta donde era posible. A diferencia de la época del proceso de paz con el M-19, la Corte Penal Internacional (CPI) impone criterios obligatorios en materia de sanciones sin los cuales se consideraría que la justicia nacional no operó y entraría a regir la justicia internacional. La fórmula a la que se llegó en La Habana logró el difícil equilibrio de satisfacer los requisitos de la Corte Penal Internacional y quedar cobijados bajo los postulados de la Corte Constitucional de Colombia. Incluso los de Estados Unidos, que están dispuestos a ser flexibles en materia de extradición para que el proceso llegue a buen término.
Esto fue posible gracias a una combinación de justicia restaurativa con sanciones alternativas. A los elementos tradicionales de la justicia restaurativa que son la verdad, la reparación, la restitución y la no repetición, se le agregó la privación de la libertad en colonias penales agrícolas designadas por el gobierno con obligaciones de trabajo restaurativo para la comunidad. Eso definitivamente no es una celda en Alcatraz pero tampoco es una curul el Congreso.
El único umbral al que no se pudo llegar era el que exigían el expresidente Uribe y el procurador Ordóñez. La credibilidad de estos dos personajes tiene como consecuencia que una noticia que normalmente sería acogida con beneplácito general, como fue en el caso del M-19, ha sido recibida en algunos sectores con escepticismo en un país dividido. Paradójicamente, fue el mismo Álvaro Uribe quien, siendo senador en 1990, lideró la petición de amnistía total para todos los miembros del M-19.
Las reservas que él y el procurador expresan son populares, algunas legítimas y otras inviables. Por ejemplo, sería iluso pensar que los jefes de las Farc, que para financiar a su ejército rebelde acudían al tráfico de drogas, iban a aceptar ser encarcelados como narcos. Ante esta alternativa, no estarían negociando en La Habana sino combatiendo en el monte. Por eso, el concepto de que en un conflicto armado las fuentes de financiación constituyen un delito conexo no es absurdo.
Otro punto sensible es el del dinero de las Farc. Exigir la entrega de algo que no es cuantificable ni verificable es muy difícil en la práctica. Si no se sabe cuánto es, ¿cómo se sabe cuánto hay que entregar? Más realista es la fórmula que se está discutiendo en La Habana, que ha sido aceptada por las Farc. Esta consiste en que en el concepto de reparación de las victimas está incluido un elemento económico que tendrá peso en el momento de la reducción de la pena.
Y en cuanto a la dejación de armas, que para muchos significa solamente guardarlas, en realidad no va a ser así. Los guerrilleros no están dispuestos a entregárselas al gobierno pero eso no significa que tendrán acceso a ellas. Se buscará alguna fórmula de acuerdo con la experiencia internacional, que podría ir desde su destrucción hasta la entrega a un organismo internacional.
Pero sin duda alguna, el mayor sapo para la opinión pública es el hecho de que tanto los guerrilleros como los militares serán juzgados con el mismo rasero. El anunciado Tribunal Especial de Justicia que será creado, juzgará en forma igual a todos los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, sean estos miembros de la guerrilla, de las Fuerzas Armadas o de cualquier otro actor del conflicto. La presentación de simetría entre las dos partes es polémica pero un crimen atroz debe ser sancionado independientemente de quién lo haya cometido. Un falso positivo no es menos grave que un secuestro.
Obviamente, todo lo anterior va a ser objeto de una gran controversia pues, como se ha dicho siempre, para llegar a la paz hay que tragar sapos. Pero como dice el adagio popular, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Al fin y al cabo, se trató de una negociación entre dos partes y no de una victoria militar o de un sometimiento a la justicia. Era necesario debilitarlas para poder negociar y eso fue precisamente lo que pasó. Lo que es un hecho es que sin la mano dura de Álvaro Uribe, nunca se hubiera podido llegar al punto de inflexión que dio pie al proceso de paz. Es una lástima que los autores del capítulo de la seguridad democrática, el binomio Uribe-Santos, se hubieran convertido en enemigos a muerte en el capítulo final, el de la paz.
El fin de la guerra con las Farc no será una panacea ni representará el fin de los problemas que tiene el país. No acaba con el narcotráfico ni con la delincuencia común ni necesariamente cobijará a todos los integrantes de la Farc. Pero sí acaba con el concepto de conflicto interno que existía entre esa organización y el Estado colombiano desde hace 51 años. Las bacrim que puedan derivarse de esa desmovilización serán combatidas por la Policía como criminales comunes y corrientes y no por el Ejército como insurgentes contra las instituciones.
Aun así, al acuerdo de la semana pasada no significa la paz total. Queda pendiente el ELN. Pero esta organización es consciente que iría en contravía de la historia mantenerse en las armas cuando ya no existe ninguna justificación para hacerlo. El espinoso camino que tuvieron que recorrer los negociadores de las Farc y del gobierno representa para ellos una oportunidad que no pueden dejar pasar. Se han creado mecanismos para desmovilización, desarme y justicia, que deberían ser aplicables a cualquier grupo. Se sabe que las negociaciones con las cabezas de esa organización van avanzando. Sus aspiraciones no son idénticas a las de las Farc y ellos seguramente querrán imprimir su sello. Pero el grueso de la solución es lo acordado con esta guerrilla.
El presidente Santos anticipó que el arreglo con las Farc iba a dejar a muchos insatisfechos. Pero el transcurso del tiempo seguramente le dará la razón. Haber tenido el valor de iniciar este proceso cuando el país no creía sino en la guerra, haberlo conducido con equilibrio y firmeza en medio de todas las tormentas y haber podido llegar a un anuncio como el de la semana pasada representan un gran logro. El hecho de que la paz con las Farc sea objeto de una legítima controversia, no debería subestimar su dimensión histórica.
Colombia recibirá un presupuesto de US $9 millones para atacar esta problemática que afecta a alrededor de 5000 niños en el país.
En el último trimestre de 2013, un análisis retrospectivo del DANE arrojó que de los poco más de once millones de niños y adolescentes en Colombia, un millón 91.000 estaban trabajando. Las edades tenidas en cuenta para la medición se encontraban entre los 5 y los 17 años.
Alrededor de 5000 de estos niños estarían laborando en las minas del país. Sin embargo, María Isabel Ruíz, profesional especializada de la subdirección de restablecimientos de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), describe la problemática como “muy oculta”, además de compleja.
“En el tema del trabajo de los niños en las minas hay un componente cultural muy marcado, el cual es esencial en el momento de ejecutar acciones concretas de prevención o restablecimiento” dice Ruíz aSemana Sostenible“Cuando en una familia se han dedicado tradicionalmente a la minería, es probable que los niños hagan parte de la cadena”.
Ruíz explica que en muchos casos los familiares adultos desconocen que esto sea una práctica negativa, puesto que hay contribuciones económicas a los hogares.
Para atacar esta problemática surgió la alianzaSomos Tesoro, una iniciativa que recibirá un presupuesto de nueve millones de dólares del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, para ejecutar un plan de acción que durará cuatro años.
“El proyecto está encaminado a dos situaciones muy distintos: el de la informalidad de la pequeña minería de oro y el del trabajo infantil en este sector” dice Lina Villa, Directora Ejecutiva de la Alianza por la Minería Responsable (ARM), a este portal.
Villa explica que la informalidad en la pequeña minería en el país es de un 85 por ciento y que las regulaciones para esta actividad son prácticamente nulas, a diferencia de la gran minería o de la minería artesanal.
El programa se concentrará en los departamentos de Boyacá y Antioquia. En el primero se trabajará en los municipios de Gámeza, Tópaga, Mongua y Sogamoso. En el segundo, en los municipios de Segovia, Remedios, El Bagre y Zaragoza.
De acuerdo a un informe del Ministerio de Trabajo de 2013 en Antioquia 17.677 niños se encontraban en el Sistema de Registro e Información del Trabajo Infantil (SIRITI), 2066 como trabajadores y 205 en la categoría de las peores formas de trabajo.
Por su parte, Ruiz agrega que el ICBF junto a los Ministerios de Trabajo y Minas y Energía identificaron focos de minería en los departamentos de Bolívar y Tolima.
“Cuando las compañías inician actividades exploratorias o empiezan especulaciones alrededor de yacimientos se evidencia un fenómeno de desplazamiento” continúa “En Bolívar hemos encontrado a familias de Tolima que se trasladan para la explotación de las minas” .
El programaSomos Tesorose concentrará en cuatro acciones:
i) Aumentar la permanencia de niños en los colegios.
ii) Generar estabilidad económica en las familias.
iii) Aplicar normas laborales de seguridad e higiene minera.
iv) Fortalecer las políticas públicas de la protección de la infancia y la formalización de la pequeña minería.
“Tenemos dos estrategias de intervención en las escuelas” continúa Villa “Una está encaminada a que los profesores creen ambientes protectores y motivadores en las aulas. La otra, trabajará con los niños en proyectos artísticos”.
Villa agrega que aunque se ha avanzado bastante en términos de trabajo infantil, hace falta una “articulación entre la política nacional y lo que ocurre en las diferentes regiones”. La alianza Somos Tesoro está conformada por la organización Pact, el Fondo Acción, la Fundación Mi Sangre y la Alianza por la Minería Responsable (ARM). La financiación está a cargo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
La gastada fotografía en la estantería de Yineth Trujillo cuenta toda la historia. Se encuentra de pie en la parte de atrás junto a sus hermanos y hermanas menores.
En la foto tiene 17 años y el pelo largo y oscuro. Muestra una apariencia, casi masculina y sus ojos están hinchados.
"Había estado llorando todo el día", me dice. "Fue la primera vez que veía a mi familia en años. Me habían dado por muerta".
Trujillo es una de miles de niños soldados desmovilizados en los últimos 15 años.
Video:
La mayoría de ellos fueron reclutados por grandes grupos guerrilleros de izquierda de Colombia: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) .
Dos años antes de que la foto fuera tomada, Trujillo había dejado de ser una niña soldado con las FARC, el más grande de los grupos guerrilleros de izquierda de Colombia
Hoy, a los 27 años, es una mujer sofisticada, con una sonrisa radiante y dos hijas felices. Se encuentra muy lejos de la niña de 12 años de edad, a quien la guerrilla le lavó el cerebro y obligó a actuar de informante.
"Dieron a los niños un montón de entrenamiento en el manejo de explosivos y a mí en la recolección de inteligencia", recuerda.
"Las FARC querían contratar a niñas por esta razón, porque nadie sospecha de una niña. Una niña puede transportar dinero, armas y drogas mucho más fácil".
La joven explicó que le obligaron a realizar abortos en otras reclutas, que no estaban autorizadas a tener hijos a fin de mantenerlas enfocadas en sus tareas de guerrilla.
"Esto fue lo que más me ha traumatizado", explica.
"Las mujeres (reclutas) piensan que si se quedan embarazadas van a ser libres. Están equivocadas. No importa de cuánto estén embarazadas. Podría ser dos u ocho meses. De cualquier manera les van a hacer abortar", dijo Trujillo.
Su capacidad de recuperación es similar a la de muchos otros excombatientes con los que hablé en un programa de rehabilitación del gobierno, ubicado en una granja en el oeste de Colombia.
Pasado desgarrador
Las cifras oficiales indican que la tasa de deserción de combatientes aumentó en 40% en los primeros seis meses de este año, en comparación con el mismo período del año pasado.
El aumento coincidió con el inicio de conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno, aunque es imposible decir si hay una relación.
Algunos de los niños desmovilizados son llevados a la granja. Su ubicación exacta se mantiene en secreto para protegerlos de las facciones rebeldes que abandonaron recientemente.
Fuimos los primeros periodistas extranjeros a los que se permitió hablar con los niños. Hemos cambiado los nombres para proteger su identidad.
Carlos, que lleva una camiseta púrpura, nos dijo cómo, a la edad de 15 años, pasó hasta cinco horas en la batalla viendo a sus amigos muertos a tiros junto a él.
Juan, que ahora tiene 16 años, nos mostró donde fue herido de bala en la cabeza mientras estaba con las FARC. Desde la edad de 12 años, fue un comandante de la unidad, lo que significa que él y sus subordinados se encargaron de tareas de guardia.
Yolanda, una chica delicada con el pelo largo y negro, también de 16 años, describió cómo se quedó dormida mientras estaba de guardia una noche. Su castigo fue llevar rifles pesados durante la próxima patrulla.
Para ayudar a aliviar el trauma de lo que han vivido, los niños pueden pasar varios meses en la granja, hasta que hayan mostrado signos de recuperación y se encuentren viviendas adecuadas y seguras para ellos. Cultivan verduras, alimentan a los animales y aprenden a confiar otra vez en extraños.
"Sin elección"
La psicóloga de bienestar infantil del centro de rehabilitación, Carolina Maya Rivera, dice que muchos de los niños soldados no tenían apenas opción cuando fueron reclutados.
"Tomaron las armas y los uniformes no porque quisieran, sino porque no tenían otra opción", dice.
Le pregunto cuán difícil puede ser reformar aquellos que fueron entrenados para matar.
"Estos niños no son víctimas ni asesinos. Las personas no son buenas o malas. Es algo que les ha pasado", explica.
Las experiencias de muchos de los que se encuentran en la granja son tan crudas que están centrados en el día a día, a pesar de que a primera vista parece que son un grupo con determinación.
Leonardo, uno de los excombatientes más veteranos, quien fue reclutado por las FARC a la edad de 11 años después de haber sido torturado por el ejército, explica que le gustaría dedicarse a la política.
Dice que en 20 años le gustaría ser presidente.
Corazones y mentes
Las historias de los niños pintan un cuadro de brutalidad en los 50 años de conflicto en Colombia.
El gobierno acusa a la guerrilla de continuar reclutando niños, a pesar de que en los últimos años ambos bandos han utilizado tácticas brutales.
Además de tratar de poner fin a la guerra a través del diálogo, el gobierno sigue tratando de derrotar a la guerrilla en el campo de batalla.
Las FARC han perdido muchos miembros, pero los militares consideran que dependen cada vez más de una fuerza de combate maleable y cada vez más joven.
En la provincia de Meta, vimos la campaña militar corazones y mentes en pleno apogeo: una banda de música desfiló por la ciudad y se organizó un partido de fútbol para los jóvenes de la ciudad.
Se entregaron bicicletas y estéreos como premios. Soldados comunes y corrientes vestidos con camisetas y gorras de béisbol entregaron globos.
Maj Armando del Río, que dirige la campaña, dice que el objetivo es prevenir el reclutamiento de niños.
"Estas áreas rurales son los principales objetivos de los grupos armados ilegales. Es bastante irónico, pero sabemos que lo que estamos haciendo es por el bien de los niños colombianos", dijo.
Pero no todo el mundo comparte la opinión de Maj del Rio.
Jose Luis Campo, quien dirige Benposta, una organización de caridad para exniños soldados, dice que ha visto casos en el que los niños han sido utilizados como informantes de los militares.
"Ha habido muchos casos de niños y niñas que fueron amenazados por las FARC porque se enteraron que estaban haciendo operaciones de inteligencia en la nómina del ejército o a la policía", dice Campo.
El viceministro de Defensa Jorge Bedoya niega la acusación: "No, es ilegal, está prohibido, en Colombia y por nuestro propio marco de referencia interno utilizar menores de edad en la forma en que usted ha mencionado".
El sueño al alcance
De vuelta en su casa, cerca de la capital, Bogotá, Trujillo está escribiendo un libro sobre sus experiencias. También está ayudando a rehabilitar a otros excombatientes con la agencia de reintegración del gobierno.
Es evidente que está satisfecha con la ayuda que las autoridades le han dado para adaptarse a la vida normal, pero dice que aún queda mucho por hacer.
"Cuanta más gente se desmovilice, mayor será la necesidad de una mejor educación, de más casas y más negocios, por lo que será más fácil conseguir un trabajo", dice.
"Todo el mundo tiene que trabajar para lograr esto, no sólo el gobierno o las FARC, sino todos los colombianos".
En la pared hay un cuadro con la imagen en la que aparece con sus dos hijas jóvenes, todas ellas sonriendo. Encapsula su sueño de una vida familiar plena, un sueño que ahora parece accesible.
El Comité de Escogencia dio a conocer la lista de las personas seleccionadas del grupo de los 193 aspirantes que se presentaron.
