Expertos a cargo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH destacan rol de la Oficina en la Vigilancia y Promoción de la Libertad de Expresión
Bogotá, Colombia. Con ocasión de la celebración del vigésimo aniversario de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, Ignacio Alvarez, Catalina Botero y Edison Lanza, quienes en ese orden ocuparon el cargo de Relator/a Especial para la Libertad de Expresión a la fecha, destacan el rol fundamental que la Oficina ha desempeñado en la vigilancia de la situación de la libertad de expresión en el hemisferio, así como en la promoción de altos estándares en esta materia.
Desde la creación en 1997 de la Relatoría Especial, la región ha dado pasos importantes hacia la protección, promoción y garantía del libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y ha logrado numerosos avances en el proceso de adecuación normativa nacional a los estándares interamericanos. Estos avances
son el resultado del trabajo de la sociedad civil dedicada a la defensa y
promoción del derecho a la libertad de expresión en la región, la intensa
labor de la Relatoría Especial de visibilizar los problemas existentes,
promover el desarrollo de doctrina y jurisprudencia especializada, y
formular propuestas y recomendaciones, así como la receptividad de los
Estados para llevar adelante transformaciones en línea con los
estándares interamericanos y las recomendaicones realizadas.
En efecto, suman veintitrés los países de las Américas que han aprobado
leyes de acceso a la información pública. La mayor parte de las
jurisdicciones de la región han derogado las leyes de desacato, y hay
una progresiva derogación o modificación de los delitos de calumnias e
injurias, en particular con el objeto de proteger la expresión que se
refiere a asuntos de interés público o sobre funcionarios públicos.
Asimismo, algunos países de la región particularmente afectados por el fenómeno
de violencia contra periodistas han adoptado mecanismos especiales para
su protección y han desarrollado fiscalías especializadas para
investigar estos crímenes.
De igual manera, en estos 20 años la expansión de internet ha transformado
y potenciado el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la
región y ha hecho de esta tecnología un instrumento esencial para
promover la realización de otros derechos humanos.
Por otra parte, durante estos años la labor del periodismo, como
manifestación primaria de la libertad de expresión, ha tenido un impacto
fundamental en la lucha contra la corrupción en la región, que pone de
presente la necesidad de garantizar la libertad de prensa, promover el
periodismo de investigación y de fomentar altos estándares de calidad
periodística y la autorregulación ética de la profesión.
No obstante estos notables avances, persisten desafíos que dan cuenta de
la relevancia y vigencia del mandato de la Relatoría Especial de cara al
futuro. La violencia contra periodistas y los elevados índices de
impunidad respecto de estos crímenes sigue representando la mayor
amenaza al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la
región. Según las cifras
reportadas por la Relatoría Especial, entre el 1 de enero de 2010 y el 1
de noviembre de 2017, al menos 177 periodistas, trabajadores y
trabajadoras de medios de comunicación habrían sido asesinados por
motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión. En
la mayoría de los casos, los periodistas asesinados trabajaban en
lugares alejados de los grandes centros urbanos y cubrían noticias
locales sobre corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada,
seguridad pública y asuntos relacionados con el poder político y
económico. En su gran mayoría estos crímenes permanecen en la más
absoluta impunidad.
Asimismo, Asimismo, preocupa
que en algunos países de la región se siga criminalizando la crítica,
la disidencia política y la participación en manifestaciones sociales. A
su vez, causa alarma el debilitamiento de formas de gobierno democráticas y la instalación de regímenes autoritarios en países del hemisferio
que vuelven a adoptar la censura, el cierre arbitrario de medios
comunicación y el uso de medios indirectos para interferir o controlar
el funcionamiento de los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
De igual manera, la discriminación y desigualdad en perjuicio de grupos de personas y
comunidades en riesgo y su consiguiente dificultad para acceder al
espacio público continúa siendo una falla estructural en el proceso de
deliberación democrática de las Américas, que requiere de mayores
esfuerzos para poder ser superada.
En la misma línea, el desarrollo de la tecnología también trae aparejado
una serie de desafíos nuevos, generalmente relacionados con la escala de
la difusión de las posibilidades que ella apareja, tales como el rol y
el tipo de responsabilidad de los intermediarios para el acceso y
circulación de información en Internet, la manipulación de la
información y la viralización de noticias deliberadamente falsas con
conocimiento de ello, el espionaje ilegal de periodistas y defensores de
derechos humanos, el abordaje de problemáticas como el discurso de
incitación al odio o la violencia en línea, el crecimiento de las
tecnologías de vigilancia y su adecuación legal, entre otros.
En estos 20 años de la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, los cinco expertos regionales reiteran
que el pleno respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión
es indispensable para que la región supere estos desafíos y consolide la
democracia como sistema de gobierno y que solo a través del
fortalecimiento democrático puede lograrse la paz y pueden prevenirse
los conflictos entre las personas y entre los pueblos.
En tal sentido, los expertos destacan el apoyo ofrecido por la Comisión Interamericana, los Estados, la sociedad civil y los medios de comunicación al trabajo de la oficina en todo este tiempo, e instna a los Estados a renovar su compromiso con los principios y estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.
Santiago Canton (1998-2001), Eduardco Bertoni (2002-2005), Ignacio Álvarez (2006-2008), Catalina Botero (2008-2014) y Edison Lanza (2014-presente).
Washington, D.C. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el "Informe especial sobre situación de la libertad de expresión en Cuba". Este informe contiene seis secciones principales, que abordan sobre el marco normativo vigente en Cuba en el cual se encuentra la raíz de la violación de los derechos humanos, así como un breve análisis de los aspectos de la reforma constitucional presentada por el propio régimen, que refieren al derecho a la libertad de expresión. Asimismo, aborda el periodismo libre e independiente en Cuba, refiriéndose en particular a los medios públicos, la imposibilidad de fundar medios privados y las prácticas de persecución contra periodistas independientes. Dado que los periodistas no son los únicos que han sufrido persecución por expresar sus ideas en Cuba, igualmente analiza la situación de la criminalización de la crítica y discriminación por motivos políticos a distintos grupos de la población, como defensores y defensoras de derechos humanos, artistas, disidentes políticos, entre otros. También, el informe aborda las protestas y manifestaciones sociales. La última parte del informe refiere a limitaciones al derecho a la libertad de expresión en internet y aborda obstáculos en la regulación del uso de redes y comunicación en la web, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido, y vigilancias. Finalmente, con base en el análisis de estos aspectos, la Relatoría Especial presenta sus conclusiones y recomendaciones al Estado cubano.
