La brecha de género en altos cargos del Estado es una realidad estadísticamente inocultable.
El primero de febrero el Congreso aprobó la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El debate del proyecto, no obstante, generó una áspera discusión entre los legisladores por la inclusión en la propuesta original que el Ejecutivo envió al Congreso de una paridad de género en la elección de los miembros de la JNJ que, finalmente, fue rechazada por la mayoría de parlamentarios. Más allá del caso en concreto, la polémica sirve para poner el ojo en un tema mayúsculo: la presencia de mujeres en altos cargos del aparato estatal.
Según un informe "Presencia de mujeres en altos cargos públicos no supera el 35%" publicado por este Diario el sábado, dentro de las dependencias del Estado existe una brecha de género en desmedro de las mujeres que, desde la estadística, es imposible de esconder. Comenzando por el gobierno de Martín Vizcarra, el mismo que defendió hasta el final la inserción de la paridad en la JNJ.
De los 19 ministerios que componen el Gabinete, incluyendo a la PCM, apenas cinco están encabezados por una mujer -Salud, Trabajo, Mujer, Ambiente y Desarrollo e Inclusión Social-. Un escalón más abajo, en los viceministerios, la situación no mejora: 13 mujeres ocupan un universo de 37 viceministerios; esto es, el 35% del total. El mismo porcentaje que se repite en las direcciones generales (55 mujeres de un total de 156).
El desbalance también se produce en las jefaturas de organismos públicos especializados - como el INEI o Migraciones- donde el porcentaje de mujeres en puestos directivos alcanza el 24%. Vale recalcar que en todos estos puestos - ministerios, viceministerios, direcciones generales y organismos públicos especializados- la designación es una facultad del Ejecutivo, por lo que el argumento de la meritocracia o de los concursos públicos no parece aquí tan sustancioso.
En el Congreso el desequilibrio también es notorio. De las once bancadas que conforman el hemiciclo - contando la aún no oficializada Acción Republicana- solo una tiene una vocera titular: Patricia Donayre (Unidos por la República). Y de las 24 comisiones ordinarias solo cuatro son presididas por legisladoras. En el Poder Judicial (4 juezas titulares de 18 asientos en la Corte Suprema) y en el Ministerio Público (una fiscal es una junta de cinco supremos) las cifras tampoco son auspiciosas. A nivel nacional, asimismo, las últimas elecciones hicieron poco por corregir este desbalance: se eligió a solo 7 alcaldesas (en 195 municipios provinciales) y a ninguna gobernadora (en 25 regiones).
Los números son contundentes: la participación de las mujeres en el Estado es claramente inferior a la de los hombres. Y resulta necesario reflexionar acerca de las causas de esta distorsión: desde el rol tradicional que la sociedad le ha atribuido a las mujeres en el hogar hasta la dificultad de estas para acceder a los circuitos de poder, históricamente ocupados por hombres, como ocurre en las cúpulas partidarias.
Corregir esta asimetría podría ayudar, primero, a visibilizar a las mujeres en posiciones de liderazgo, lo cual permitiría derribar estereotipos, y segundo, a poner en agenda temas como la violencia contra la mujer y la participación de mujeres en la economía nacional, que si bien hoy ocupan un espacio mayor en el debate público, aún tienen un largo camino por recorrer, y cuya solución no solo favorece a la mitad femenina del país, sino a todos.
De los 19 ministerios que componen el Gabinete, incluyendo a la PCM, apenas cinco están encabezados por una mujer -Salud, Trabajo, Mujer, Ambiente y Desarrollo e Inclusión Social-. Un escalón más abajo, en los viceministerios, la situación no mejora: 13 mujeres ocupan un universo de 37 viceministerios; esto es, el 35% del total. El mismo porcentaje que se repite en las direcciones generales (55 mujeres de un total de 156).
El desbalance también se produce en las jefaturas de organismos públicos especializados - como el INEI o Migraciones- donde el porcentaje de mujeres en puestos directivos alcanza el 24%. Vale recalcar que en todos estos puestos - ministerios, viceministerios, direcciones generales y organismos públicos especializados- la designación es una facultad del Ejecutivo, por lo que el argumento de la meritocracia o de los concursos públicos no parece aquí tan sustancioso.
En el Congreso el desequilibrio también es notorio. De las once bancadas que conforman el hemiciclo - contando la aún no oficializada Acción Republicana- solo una tiene una vocera titular: Patricia Donayre (Unidos por la República). Y de las 24 comisiones ordinarias solo cuatro son presididas por legisladoras. En el Poder Judicial (4 juezas titulares de 18 asientos en la Corte Suprema) y en el Ministerio Público (una fiscal es una junta de cinco supremos) las cifras tampoco son auspiciosas. A nivel nacional, asimismo, las últimas elecciones hicieron poco por corregir este desbalance: se eligió a solo 7 alcaldesas (en 195 municipios provinciales) y a ninguna gobernadora (en 25 regiones).
Los números son contundentes: la participación de las mujeres en el Estado es claramente inferior a la de los hombres. Y resulta necesario reflexionar acerca de las causas de esta distorsión: desde el rol tradicional que la sociedad le ha atribuido a las mujeres en el hogar hasta la dificultad de estas para acceder a los circuitos de poder, históricamente ocupados por hombres, como ocurre en las cúpulas partidarias.
Corregir esta asimetría podría ayudar, primero, a visibilizar a las mujeres en posiciones de liderazgo, lo cual permitiría derribar estereotipos, y segundo, a poner en agenda temas como la violencia contra la mujer y la participación de mujeres en la economía nacional, que si bien hoy ocupan un espacio mayor en el debate público, aún tienen un largo camino por recorrer, y cuya solución no solo favorece a la mitad femenina del país, sino a todos.
Nada de esto, claro está, quiere decir que la paridad sea el único camino posible. Algunas recomendaciones de la ONU, por ejemplo, apuntan a que las instituciones revisen sus criterios de contratación para incentivar la postulación de mujeres o que fomenten la presencia de estas en capacitaciones. Y en el campo electoral, vale la pena revisar opciones como la de Estados Unidos, donde ciertas organizaciones privadas se encargan de contactar a las candidatas con redes de donantes para que puedan financiar sus campañas.
De lo que se trata, en fin, es de reflexionar sobre los mecanismos que, sin medrar la meritocracia, permitan acortar esa enorme distancia que, como exhiben las cifras, mantiene hoy separadas a las mujeres de los pisos más altos del Estado.
Fuente El Comercio: https://elcomercio.pe/
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