Balance. La Defensoría del Pueblo evaluó los avances y las demoras en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Las cifras revelan que aún quedan temas pendientes tanto en la implementación de la reparación integral como en los procesos de justicia.
María Elena Castillo.
Una década después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) todavía quedan muchas tareas por cumplir. Así lo demuestra el balance realizado por la Defensoría del Pueblo en el documento "A diez años de verdad, justicia y reparación: avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso".
"Si bien se dieron importantes medidas, como la ley que regula la ausencia por desaparición forzada, el Plan Integral de Reparaciones, el Registro Único de Víctimas y el inicio de los programas de reparaciones colectivas y económicas individuales, aún persisten serias dificultades en este ámbito, así como en las demandas de verdad y justicia", refirió el defensor de Pueblo, Eduardo Vega.
Recalcó que la conclusión general es que, luego de diez años, las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no han recibido la atención debida y oportuna que lleve a la reconciliación.
"De cara a las víctimas, a sanar las heridas, a hacer los cambios institucionales para que lo que pasó no se repita, lo avanzado es insuficiente. Estamos muy lejos de la reconciliación", exhortó.
Reparaciones
El informe defensorial precisa que desde el 2007 el gobierno ha financiado proyectos de reparación colectiva en 1.892 comunidades afectadas por la violencia política, que equivale al 33% del total. El presupuesto para este fin ha disminuido paulatinamente, de 54 millones de nuevos soles en el 2009 a 10 millones en este año.
Mientras que hasta junio pasado se publicaron nueve listas de beneficiarios de reparaciones económicas individuales, pagándose a 29.392 afectados, que significan el 37,2% de los registrados.
Queda pendiente, sin embargo, la modificación del decreto supremo que cerró el Registro Único de Víctimas a diciembre del 2011 y fijó el monto de reparación en 10 mil soles por familia, muy por debajo de los 39 mil soles que se dieron a los deudos de los miembros de comités de autodefensa.
Además, hay 5.195 personas que han sufrido más de una afectación, por ser víctimas directas o haber perdido a más de un familiar. En el mejor de los casos se les ha reconocido una sola afectación.
"La CVR recomendó una reparación integral, con varios otros componentes, como la educación y la salud, en las que poco se ha avanzado", dijo Vega.
A marzo último, se habían acreditado a 146.733 personas que esperan recibir atención en educación, y si bien hay un considerable grupo que recibe prestaciones del Seguro Integral de Salud (SIS), no se respetan los enfoques requeridos para atender a las víctimas de la violencia política.
Procesos judiciales
De los 194 casos de violaciones a derechos humanos que supervisa la Defensoría, 77 se archivaron de manera provisional o definitiva, lo que equivale al 39% de los expedientes; 36 están en investigación preliminar y solo 32 tienen sentencia.
"A los 47 casos que entregó la CVR su sumó un grupo de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros que presentó la Defensoría. Han pasado diez años y la mayor parte de casos están pendientes", alertó.
Esta demora se debe, por una parte, al retroceso en el diseño de una estructura ad hoc de derechos humanos, pues a las fiscalías y salas penales especializadas se les encargan procesos por terrorismo y narcotráfico. Pero también a la persistente negativa de los institutos castrenses de entregar la información que solicita el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre presuntos implicados en delitos de lesa humanidad.
Asimismo, hay un deficiente cumplimiento de las órdenes de detención, pues de los 65 procesados con esta medida, 50 están en condiciones de reo ausente o contumaz.
Los desaparecidos
La CVR entregó una lista preliminar de 8.558 desaparecidos y un registro que incluye 4.644 sitios de entierro por exhumar. Estas cifras quedaron cortas, pues en el 2011 el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal advirtió que habría más de 15 mil desaparecidos, mientras que las fosas sobrepasaron las 6.400.
Hasta hoy se han realizado cerca de 500 exhumaciones y recuperado 2.478 personas; sin embargo, el 60% de ellas han sido identificadas y el 53% entregadas a sus familiares.
"La CVR recomendó crear una oficina para búsqueda de desaparecidos y un plan nacional antropológico forense para exhumaciones. El Estado peruano avanzó en la judicialización de algunos casos, pero se requiere sumar los esfuerzos de todos los sectores", expuso Vega, quien remarcó que solo con reparación, justicia, verdad y memoria se podrán cerrar las heridas que la violencia política dejó en nuestro país.
Recomendaciones de la Defensoría
Entre las principales recomendaciones de la Defensoría del Pueblo figuran:
-Que el Congreso debata y apruebe proyectos de ley para tipificar delitos contra los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada.
-Que el Ministerio Público fortalezca la 1ra y 2da Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho por el gran número de denuncias pendientes; y apruebe el Plan Nacional de Investigaciones Antropológico Forenses para la búsqueda, recuperación e identificación de los desaparecidos.
-Que la Corte Suprema garantice un sistema descentralizado de investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos.
-Que el Ministerio de Justicia modifique el Decreto Supremo 051-2011-PCM, que cerró el Registro de Víctimas.
-Que el Ministerios de Defensa entregue la información que solicita el Ministerio Público y el Poder Judicial.
-Que el Ministerio del Interior ejecute los mandatos de detención del Poder Judicial.
En cifras
182.350 víctimas individuales hay en el Programa de Reparaciones.
96,4% de las víctimas directas pertenecen a la población civil.
281 militares y policías son investigados por DDHH.
554 investigaciones hay en tres fiscalías de DDHH en Ayacucho.
