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6 abr 2018

De Justicia: fallo histórico Corte Suprema concede tutela de cambio climático y generaciones futuras


La Alta Corte exigió proteger la Amazonia colombiana de la deforestación, dándole la razón a un grupo de 25 niños, niñas y jóvenes quienes, acompañados por DeJusticia, demandaron al Estado por no garantizar sus derechos a la vida y al medio ambiente.

El gobierno colombiano tiene cuatro meses para presentar un plan de acción para hacerle frente a la deforestación en la Amazonia, principal causante del cambio climático en el país. A pesar de los compromisos internacionales para reducir la tala indiscriminada de bosque, la última cifra oficial muestra que la deforestación creció 44%.

Esa fue la orden que la Corte Suprema de Justicia de Colombia acaba de impartir, en respuesta a la tutela que 25 niños, niñas y jóvenes, en compañía de Dejusticia, presentaron para exigir la defensa de sus derechos a un ambiente sano, a la vida, a la salud, la alimentación y el agua, amenazados por la tala indiscriminada en la Amazonia y sus efectos en el calentamiento del país.

El alto tribunal no sólo les dió la razón, sino que recalca que el gobierno ha sido ineficiente en esta tarea. Además, señala que estamos ante un "perjuicio inminente y grave" porque la deforestación provoca "la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual trasnforma y fragmenta ecosistemas, y altera el recurso hídrico".

En la tutela los niños y jóvenes señalaron que las futuras generaciones serán quienes padecerán los peores efectos del cambio climático y, por eso, exigen no solo que el Gobierno frene la deforestación sino que garantice su participación en la construcción de un plan para lograr este objetivo.

La  Corte Suprema apoyó esta petición y le ordenó a la Presidencia, y a los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, construir un "pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano", con la participación de los tutelantes, las comunidades afectadas, y organizaciones científicas y de investigación, para reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases invernadero.

"Resulta claro, pese a existir numerosos compromisos internacionales, normatividad y jurisprudencia sobre la materia, que el Estado colombiano no ha enfrentado eficientemente la problemática de la deforestación en la Amazonía", señala el tribunal.

Con el objetivo de proteger este ecosistema vital, la Corte Suprema reconoce a la Amazonía colombiana como una "entidad sujeto de derechos", así como el año pasado la Corte Constitucional lo hizo con el río Atrato. Esto significa que el Estado tiene el deber de protegerlo, conservarlo, mantenerlo y restaurarlo.

El alto tribunal también les ordenó a los municipios de la Amazonia actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial en un plazo de cinco meses, y contar con un plan de acción de reduciión de la deforestación a cero con estrategias medibles; y a las Corporaciones Autónomas de la Amazonía (Coorporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, Cormacarena y Corpoamazonía) expedir un plan de acción para reducir la deforestación.

"Se trata de un fallo histórico tanto nacional como internacionalmente", sostuvo César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia y abogado de los jóvenes que presentaron la tutela. "En el plano nacional reconoce categóricamente que las generaciones futuras son sujetos de derechos y ordena que el gobierno tome acciones concretas para proteger el país y el planeta que les correspondenderá vivir", agregó.

La sentencia también sienta un precedente en el derecho y las acciones contra el cambio climático. Como lo sostuvo Rodríguez, "el fallo es un paso fundamental en la dirección que ya venían dando otras cortes alrededor del mundo, que han ordenado a los gobiernos cumplir y aumentar sus compromisos contra el calentamiento global. En este caso, además de recoger el consenso científico sobre la importancia de los bosques en la mitigación del cambio climático, el fallo avanza al declarar la Amazonía como sujeto de derechos, lo que permite proteger ese ecosistema esencial para Colombia y la humanidad".

Los principales llamados de la Corte (El fallo líneas abajo):

- La deforestación de la Amazonía provoca un perjuicio inminente y grave para todos los colombianos, para las generaciones presentes y futuras, pues desboca incontroladamente la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, y altera el recurso hídrico.

- El deterioro creciente del medio ambiente es un atentado grave para la vida actual y venidera y de los otros derechos fundamentales; agota paulatinamente la vida y todos los derechos conexos con ella.

- La imposibilidad de ejercer derechos fundamentales al agua, a respirar aire puro y disfrutar de un ambiente sano, está enfermando a los colombianos, aumenta la carencia de agua dulce y disminuye las expectativas de vida digna.

- La protección de los derechos fundamentales no implica a cada individuo sino al "otro". Y abarca también a quienes no han nacido y merecen disfrutar de las mismas condiciones medio ambientales vividas por nosotros.

- Sino tenemos un criterio equitativo y prudente de consumo, la especie humana podrá verse comprometida en el futuro por la escasez de recursos imprenscindibles para la vida. Solidaridad y ambientalismo se "relacionan hasta convertirse en los mismo".

- Todos tenemos el deber de dejar pensar exclusivamente en el interés propio. Estamos obligados a considerar la manera en que nuestras obras y conductas diarias inciden en la sociedad y en la naturaleza.

Fallo Corte Suprema de Justicia Litigio Cambio Climático

27 oct 2016

BBC: La "escalofriante" alianza entre la minería ilegal y la explotación sexual en Sudamérica

Boris Miranda
BBC Mundo

Graciela Pérez sólo quería ahorrar unos meses y volver a Bolivia para abrir tienda.
Sin embargo, tuvo que pasar casi un año y medio de pesadilla en una cantina cerca de una zona minera en la ciudad de La Rinconada, en el sudeste de Perú.

Es uno más de los miles de casos reportados de trata de mujeres y explotación sexual que se producen en la región de Puno, donde 40.000 personas, en su mayoría hombres, viven de la minería ilegal e informal.

Puno no es una excepción en Sudamérica, donde el tráfico sexual opera al lado de la minería fuera de la ley; lo que los expertos en crimen organizado llaman una alianza "escalofriante".

- México y el infierno de la trata de mujeres 
"Hay un fuerte vínculo entre la minería ilegal y la explotación sexual. Siempre que hay grandes migraciones de hombres a una zona, hay una gran demanda de servicios sexuales que a menudo genera tráfico sexual", señaló a BBC Mundo Livia Wagner, autora del reciente informe "Crimen organizado y minería ilegal en Latinoamérica".

El documento, editado por Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, con sede en Ginebra, Suiza, detalla como muchas mujeres y menores responden a ofertas de empleo falsas o son reclutadas directamente por intermediarios que les ofrecen un trabajo en campos mineros como cocineras, empleadas de tiendas, o meseras.

Una vez que las víctimas son trasladadas hasta los centros de explotación, sus documentos de identificación son confiscados.

Muchas mujeres son obligadas a proporcionar servicios sexuales a "clientes" en restaurantes, bares o campamentos mineros.

Es la historia de Graciela, que fue llevada con engaños desde Bolivia a Perú, pero también es la historia de otras mujeres que pasan por el mismo martirio en Brasil, Colombia, Ecuador o Venezuela.

- Colombia: el problema de la minería ilegal que se le fue de las manos al gobierno
Graciela"Vi un anuncio en una plaza para ir a trabajar como empleada a Perú. Cuando llamé, me prometieron que me iban a pagar bien y que podría volver a Bolivia con mis ahorros para abrir una tienda o poner un negocio de comida", le cuenta Graciela a BBC Mundo.

Graciela relata cómo fueron los 17 meses que pasó en un cuarto con otras cuatro mujeres que eran obligadas a trabajar como "damas de compañía" en cantinas y a menudo debían mantener relaciones sexuales con algunos de los clientes.

"Nos quitaron los documentos y nos retenían el dinero, por eso no nos podíamos ir. Había hartas bolivianas y peruanas, también colombianas. A veces nos encontrábamos en la calle. Estábamos amenazadas", cuenta la mujer que ahora tiene 27 años y vive en La Paz.

Los tratantes lograron engañar a Graciela a mediados de 2011, cuando ella tenía 22 años. Con la promesa del trabajo, viajaron con ella en un bus desde La Paz hasta La Rinconada pasando por las ciudades peruanas de Puno y Juliaca.

"No imaginaba lo que me podía pasar hasta que llegamos a esa cantina donde nos alojábamos. Ahí nos quitaron los documentos y nos amedrentaron. Nos repetían que teníamos que obedecer porque para eso nos pagaban. Yo lloraba y pedía que llamen a mis tíos, pero nos quitaron el dinero", relata.

El establecimiento donde tenían recluída a la boliviana funcionaba como restaurante hasta la tarde y después se convertía en bar, club nocturno y prostíbulo.

Estimaciones de la Policía de Perú e instituciones de apoyo a la mujer señalan que existen entre 300 y 1.000 lugares similares en La Rinconada.

Mientras Graciela recibía de pago promedio menos de US$4 por día, un reporte reciente del diario El Comercio de Perú señala que personas vinculadas a la minería ilegal gastan cientos de dólares en estos lugares cada noche.

Más minería, más prostíbulos La subida del precio de los minerales en la última década, fundamentalmente del oro, disparó la actividad de extracción.

NO sólo fomentó a la actividad estatal y privada, sino también multiplicó la informal y la ilegal.

Así fue como La Rinconada, por ejemplo, pasó de tener un par de empresas pequeñas a contar con más de 45.000 personas involucradas en el negocio de la minería. 


El Reporte
 "La realidad de la minería ilegal en países amazónicos" señala que 150.000 personas se dedican a este negocio ilegal en Perú, mientras otras estimaciones hablan de hasta 400.000 involucrados en la explotación ilegal de minerales.
"Si bien los impactos ambientales de la minería ilegal son los más conocidos, no son los únicos. También afecta a la salud humana, promueve delitos conexos como el lavado de activos, la trata de personas y la explotación sexual e infantil, entre otros", señala el informe editado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y que incluye investigaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El documento resalta que en estos países existen menores que trabajan en bares y prostíbulos.

"Las niñas participan en la atención a clientes de pequeños negocios, en algunos casos son explotadas sexualmente", dice el informe.

Wagner explicó que las minas donde hay actividad ilegal suelen estar situadas en zonas remotas, donde los gobiernos no tienen la capacidad de monitorear las condiciones y hacer cumplir las leyes.

"Cuando estas minas son controlados directamente por grupos delictivos o en zonas controladas por el crimen organizado, existe un riesgo elevado de tráfico de personas. En Colombia y Perú en particular, y en menor medida en otros países de la región. Nuestra investigación reveló numerosos casos de trata, explotación laboral, tráfico sexual y trabajo infantil", señala la investigadora.

Los casos más frecuentes

Informes y opiniones de expertos consultados por BBC Mundo describen algunas de las formas más frecuentes en las que se producen casos de trata de mujeres y explotación sexual en centros de actividad minera.

- Bolivia: de acuerdo a la explicación brindada por Marco Gandarillas, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), en su país las actividades ilegales y criminales se retroalimentan de otras similares. "La minería ilegal se vincula a actividades que violan derechos humanos, es el caso de la trata y tráfico. La explotación laboral de jóvenes y niños es tan alarmante como la explotación sexual de niñas y mujeres", señala el experto.

- Brasil: según el reporte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en Brasil existe minería ilegal tradicional que no tiene fines criminales sino ausencia de regulaciones y licencias. Sin embargo, más recientemente creció la actividad minera ilegal asociada a otras economías propias del crimen organizado como el tráfico de drogas, de armas, de personas, incluyendo el de menores de edad, quienes son víctimas de explotación sexual. La evasión fiscal y los crímenes contra el sistema financiero también son frutos de estas actividades.

-  Colombia: se ha reportado hay mujeres obligadas a acudir a centros mineros durante los fines de semana para trabajar en prostíbulos de Colombia. De acuerdo al informe de Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, la minería ilegal de oro es una de las dos actividades delictivas que más atrae al tráfico sexual. Las bandas criminales que controlan las áreas donde existe minería fuera de la ley también están involucradas en trata de personas, explotación laboral y narcotráfico.

- Ecuador: la relatora especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud realizó un informe que señala que la minería ilegal de oro es una de las cuatro actividades en las que hay esclavitud contemporánea. Según Urmila Bhoola, los migrantes colombianos a Ecuador son sometidos a explotación sexual por parte de grupos transnacionales del crimen organizado. Durante una visita a Ecuador, la relatora concluyó que en Ecuador existen "situaciones análogas a la esclavitud" en el sector de la minería de oro ilegal.

- Perú: la policía peruana estima que en La Rinconada existen más de 4.500 mujeres procedentes Bolivia, Colombia y también el mismo Perú en situación de explotación sexual dentro de bares frecuentados por los mineros.

Gandarillas, del CEDIB, calificó estos delitos como "actividades golondrina", porque se desarrollan eludiendo controles (que tampoco son frecuentes) debido a que las zonas mineras ilegales son territorios improvisados en los que prevalece la explotación de las personas con fines laborales y sexuales.

"En los lugares donde hay minería formal e informal, hay prostitución y probablemente trata y tráfico de personas, entre estas de mujeres menores de edad. Es un fenómeno internacional", señaló Gandarillas.
Graciela II
Graciela Pérez fue rescatada gracias a un operativo de la Fiscalía de Puno en 2013 y devuelta a Bolivia.
Tuvo que recibir asistencia psicológica y acudir a familiares que la apoyaron hasta que encontró trabajo, pero para ella ese es un episodio del pasado.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó a BBC Mundo que el problema en La Rinconada persiste y son miles de bolivianas las que son víctimas de explotación exual, como también lo son las mujeres de otros países de Sudamérica.

Es más, se han dado casos de mujeres que perdieron la vida en La Rinconada y nunca lograron escapar de la pesadilla de la que salió Graciela en 2013.

"Las cantinas están abiertas todo el día vendiendo cerveza muy cara y son las jóvenes las que atienden y hacen que el minero consuma bastante bebida hasta dejarlo sin dinero. La función de las chicas es hacer tomar a los mineros y dejarse tocar", señala uno de los testimonios que recogió la Defensoría boliviana en una visita a La Rinconada el año pasado.

Testimonios que también se pueden encontrar en en Brasil, Colombia, Ecuador o Venezuela.

El oro, que llegó a cotizaciones récord hace tres años, infló las economías de varios países sudamericanos, pero también dejó heridas terribles en sus sociedades.

En la cordillera peruana o en la selva colombiana es igual.  

Los que pagan las consecuencias del frenesí de violencia, crimen y dinero fácil son los sectores más vulnerables.

Sectores como las mujeres y menores para las que la minería no es una oportunidad de mejorar, sino absolutamente todo lo contrario.


Fuente BBC Mundo: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160406_america_latina_alianza_siniestra_mineria_ilegal_trata_mujeres_prostitucion_sexual_bm

18 ene 2016

Amazonas: Ponen en funcionamiento segunda cámara Gesell

Chachapoyas, enero 18.
El Ministerio Público puso en funcionamiento una cámara Gesell en la provincia de Utcubamba, región Amazonas, que se empleará en las investigaciones que se realizan en dicha zona para casos de violencia física, sexual y psicológica, se informó.

Esta es la segunda cámara Gesell que entra en funcionamiento en Amazonas, la primera entró en funcionamiento en Chachapoyas y era utilizada por los fiscales de toda esta región.

Según el Ministerio Público, la puesta en funcionamiento de esta segunda cámara Gesell en Amazonas permitirá agilizar las investigaciones que llevan a cabo los fiscales de las provincias cercanas a Utcubamba, principalmente referidas a casos de violencia física, sexual y psicológica contra niños, niñas y adolescentes, así como mujeres, a través de un procedimiento de atención oportuno y eficaz.

Como se sabe, la cámara Gesell es una herramienta de suma importancia en el campo forense y legal, que facilita la realización de entrevistas únicas que son dirigidas por los fiscales como parte de sus investigaciones. Consta de dos habitaciones o ambientes contiguos separados con una división de vidrio espejado que observar solo por un lado, dotado además de un sistema especial de audio y video.

En uno de estos ambientes se realiza la entrevista única a la víctima de cualquier agresión, que es dirigida por un psicólogo forense; mientras que en el otro, de observación, se encuentran el fiscal, los abogados de las partes y los padres o tutores de la víctima.

Su uso es de suma validez pues permite que la propia víctima narre los hechos al especialista que son utilizados posteriormente en el proceso penal, evitando así que los agraviados vuelvan a pasar por episodios traumáticos, lo que se conoce en el ámbito legal como “revictimización”.

Cabe señalar que la primera Cámara Gesell en el Perú fue implementada por el Ministerio Público hace casi diez años, el 7 de julio de 2006 en la Dirección Forense de Lima.