Washington, D.C. –
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el informe
“Situación de los Derechos Humanos en Honduras”. La elaboración de este informe
se basa en la observación realizada durante la visita in loco que tuvo lugar del
30 de julio al 3 de agosto de 2018, así como otras visitas de la CIDH y de sus
Relatorías Temáticas, en el monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento
de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su
alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones
y casos.
En este informe, la
CIDH aborda la situación de derechos humanos en el país, con énfasis en el
conflicto poselectoral, seguridad ciudadana, administración de justicia,
libertad de expresión, la situación de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales. Asimismo, la Comisión analiza de manera particular la
situación de grupos y personas de especial preocupación, como mujeres; niñas,
niños y adolescentes; personas LGBTI; personas defensoras de derechos humanos y
operadoras de justicia; personas privadas de libertad; pueblos indígenas,
afrodescendientes y comunidades garífunas; y personas en contexto de movilidad
humana. En el informe, la CIDH advierte que para que en el país exista un pleno
disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en
el proceso de fortalecimiento de su institucionalidad democrática, garantice
una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. La CIDH
ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado hondureño en el
fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos
humanos en el país.
La CIDH valora las
medidas adoptadas por el Estado de Honduras para hacer frente a algunas de las
situaciones presentadas en el informe. En particular, reconoce la creación de
la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, con el fin de
impulsar e implementar la Política Pública y Plan Nacional de Acción en
Derechos Humanos. Asimismo valora la creación e implementación del Sistema de
Recomendaciones de Honduras (SIMOREH) con el fin de dar seguimiento a las
recomendaciones formuladas al Estado de Honduras por los distintos mecanismos
internacionales y regionales de protección a los derechos humanos. Igualmente
reconoce la aprobación de la Ley de la Carrera Policial y los esfuerzos
realizados en cuanto a la disminución en la tasa general de homicidios y para
fortalecer y profesionalizar a la policía. Asimismo, reconoce la creación de la
Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como el
compromiso manifestado de continuar con el fortalecimiento del Mecanismo
Nacional de Protección.
Honduras enfrenta
niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las
víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación
de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en
ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los
derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH
sobre la existencia de lo que consideran una “justicia selectiva” que, por un
lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con
violaciones a derechos humanos, pero que por otra parte, actuaría favoreciendo
los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y
empresarial. Asimismo, persisten desafíos que debilitan la garantía de independencia
e imparcialidad, como la ausencia de suficientes garantías de independencia de
los órganos de control de jueces y juezas. Ello, debido a que continúa
prevaleciendo un excesivo control por parte de la Corte Suprema tanto en el
sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas.
La Comisión resalta
que para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta
indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad
democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el
Estado de Derecho. En este contexto, resulta crucial que la ciudadanía recobre
la confianza en sus instituciones estatales. Para ello, el Estado debe tomar
medidas decisivas en la administración de justicia y en la lucha contra la impunidad
y corrupción, así como en reformas al sistema electoral conforme a las
recomendaciones internacionales elaboradas en dicho sentido. Asimismo, el
Estado debe asegurar una transformación real y efectiva para la erradicación de
la situación de pobreza, exclusión y desigualdad estructural que persistente en
el país, que impactan en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, sobre
todo en los grupos en situación de particular riesgo. Lo anterior requiere la
adopción de medidas efectivas y acordes con los estándares internacionales
aplicables.
En este contexto,
la CIDH realiza una serie de recomendaciones al Estado de Honduras. En
especial, la Comisión recomienda al Estado, como medidas inmediatas, fortalecer
la institucionalidad democrática; garantizar que en las movilizaciones sociales
que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación
pacífica se protejan los derechos a la vida, a la integridad personal y a la
libertad personal de todos y todas quienes se manifiestan; avanzar en las
investigaciones por los hechos de violencia, asesinatos, y malos tratos en el
contexto de las protestas surgidas después de las elecciones; o avanzar en la
implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos
humanos. El informe también incluye otras recomendaciones específicas en
relación con la administración de
justicia, la violencia e inseguridad, y sobre sectores específicos de la
población tales como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes,
personas defensoras de derechos humanos, la niñez, personas migrantes y
personas bajo custodia del Estado.
La CDIH reitera su
compromiso con el Estado hondureño en la búsqueda de soluciones a los problemas
identificados, y en la implementación de las recomendaciones del presente
informe, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está
a disposición del Estado para colaborar en dar seguimiento al cumplimiento de
las recomendaciones del informe con el fin de asegurar el goce efectivo de los
derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.
La Comisión reitera
su agradecimiento al Presidente Juan Orlando Hernández y a su Gobierno la
invitación a realizar la visita in loco. Asimismo agradece todas las
facilidades logísticas y la asistencia brindadas para la realización
satisfactoria de la misma. La Comisión valora la información suministrada por
las autoridades estatales y la apertura para dialogar constructivamente con la
CIDH. Asimismo, la Comisión agradece el esfuerzo de víctimas de violaciones a
los derechos humanos y sus familiares, colectivos, organizaciones de la
sociedad civil y autoridades indígenas y afrodescendientes para reunirse con la
delegación y presentar testimonios, denuncias y comunicaciones.
La CIDH es un
órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la
observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como
órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete
miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/245.asp
