Hace
algunos años, se ha impuesto la “moda”, huachafísima e hipócrita, de llamar
“colaboradores” a los trabajadores de las empresas. Esta “moda”, nada inocente,
derechamente pendeja, acompaña discursivamente al vertiginoso proceso de
flexibilización de los derechos laborales y desmantelamiento de la organización
sindical. Su objetivo principal es, entonces, opacar la dimensión conflictiva
de la relación capital – trabajo y desincentivar el auto reconocimiento de los
trabajadores como la parte más débil de la relación laboral.
Llámenlos
colaboradores o como quieran, el hecho concreto es que la explotación sigue
siendo la regla general. El cholo barato es el recurso más apreciado y
recurrido de las empresas formales e informales, y no se invierte, lo que
mínimamente se debe, en las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
Esta
semana fuimos sacudidos por la muerte trágica de dos trabajadores muy jóvenes,
Alexandra Porras, de 18 años, y Gabriel Campos, de 19 años, que perdieron la
vida electrocutados al efectuar sus labores de limpieza en la sucursal de la cadena
transnacional McDonald’s en Pueblo Libre. Increíblemente, en agosto pasado,
esta empresa pasó sin problema u observación alguna por la supervisión de la
Sunafil. Sin embargo, hoy sabemos, el establecimiento tenía instalaciones
eléctricas precarias, sacrificando la seguridad de los trabajadores y clientes;
y no brindaba a sus trabajadores la indumentaria básica: botas y guantes. Y es
que, ¿qué importa la seguridad, salud y vida de un trabajador frente a la
rentabilidad de las empresas?
La
muerte de estos dos chicos laboriosos, estudiantes al mismo tiempo que
trabajadores, no es un simple accidente, como pretenden presentarlo sus
empleadores y también las autoridades, quienes llegaron al extremo de omitir el
nombre de Mc Donald’s en el primer comunicado que emitieron. A esta comparsa
del silencio se sumó la mayoría de medios de comunicación, quienes prefirieron
resaltar la relación amorosa que existió entre los dos trabajadores fallecidos
que la injusticia de morir por no contar con las condiciones de seguridad
mínimas en el trabajo. Ya sabemos, pues, para quién trabajan las autoridades y
la mayoría de los medios, cuál es la lealtad a la que sirven sumisamente.
Pero
este caso tampoco no es un hecho aislado. Todo lo contrario. La inseguridad
laboral, los accidentes de trabajo y las muertes en el trabajo son una práctica
tan extendida que tiene visos de pandemia. En el Perú, las normas de seguridad
laboral no valen un carajo. En la ciudad y en el agro, en las minas y las
industrias, los trabajadores tienen que laborar expuestos a condiciones
peligrosas. A esta situación, que empeoró enormemente desde el gobierno de
Fujimori, contribuye radicalmente la caída del sindicalismo, perseguido y
estigmatizado por el modelo económico.
Recordemos
a los dos trabajadores muertos por asfixia al no poder escapar del incendio que
devoró la enorme galería comercial Nicolini, en junio de 2017, pues trabajaban
encerrados bajo llave y candado, dentro de contenedores metálicos
“acondicionados” como talleres en el techo del inmueble. Ni siquiera tenían
derecho a salir a los servicios higiénicos y se veían obligados a orinar en
botellas de plástico dentro del contenedor. Esta forma de explotación propia de
la esclavitud se practica en muchos otros centros comerciales donde se usan los
contenedores sin ningún escrúpulo.
Hagamos
memoria. Hace algún tiempo, en el complejo agroindustrial Beta ubicado en Ica,
136 trabajadores, de un total de 400, se intoxicaron gravemente como resultado
de una fumigación efectuada con total negligencia. La mayoría de las víctimas
eran mujeres -entre ellas, una mujer embarazada-, que trabajaban en los campos
de uva. El hecho obligó a una desesperada movilización de los servicios de
salud para atender la avalancha de víctimas, que presentaban vómitos y fuertes
dolores abdominales y en las articulaciones, entre otros síntomas.
El
10 de abril de 2019, Elmer Santos Tocto falleció en su centro de trabajo,
Corporación Industrial Wash SAC, aquí en La Victoria, al sufrir una descarga
eléctrica, al manipular máquinas oxidadas y no contar con los implementos de seguridad que el
empleador debió brindarle para efectuar la labor de lavandería de manera
adecuada y sin riesgos. Hoy su caso sigue en investigación, pero estuvo a punto
de ser enviado al archivo a propósito de un informe policial que parecía haber
sido redactado por el abogado de la empresa y no por una autoridad neutral y
objetiva.
El
21 de abril de este mismo año, un trabajador al que se le ordenó viajar en la
parte superior externa de un camión cisterna, murió en la volcadura del
vehículo, aplastado por éste. El obrero iba en el techo del vehículo, sujetado
por un arnés, pues su labor consistía en regar los jardines públicos y, de
acuerdo a lo establecido por sus jefes, debía hacerlo desde el techo del camión
cisterna, que prestaba servicios a la municipalidad de San Juan de Lurigancho.
Esta municipalidad, por supuesto, nunca supervisó ni se dio por enterada de la
forma peligrosa en que se cumplía el servicio.
El
16 de octubre pasado, tres trabajadores de construcción civil perecieron en Cusco,
aplastados por un derrumbe, cuando trabajaban en las obras de cimentación de un
inmueble en condiciones peligrosas. Las muertes de obreros de construcción
civil es moneda frecuente por la improvisación y la tacañería de las
inmobiliarias y las contratistas, y también por la negligencia de los
constructores individuales, que prescinden de ingenieros y hasta de maestros de
obra debidamente formados para ahorrarse unos soles.
Según
cifras oficiales, que no recogen todo el horror, en el 2016 se registraron
20,876 “accidentes laborales” y en lo que va del año se han reportado más de
29,000. Más del 40% de estos casos resultan en incapacidad del trabajador y
casi el 1% producen la muerte. En este sufrido país, dice Sunafil, cada hora se
producen dos accidentes de trabajo y cada tres días muere una persona por esta
razón: en el 2018 fallecieron 151 trabajadores y, hasta octubre último, han
muerto 194. A nivel de América Latina, Perú tiene un índice de fatalidad laboral
muy por encima de Colombia, y recontra lejos del promedio de la OCDE. El índice
peruano es considerado de nivel “crítico” según el estándar internacional.
Y a todo esto, ¿qué
dice la Ministra? Pues que los venezolanos son los responsables del desempleo
juvenil y, por ende, de que cada vez más jóvenes estén dispuestos a trabajar en
condiciones precarias. No se puede esperar más de una funcionaria pública que,
después de ser la principal responsable política de la muerte de dos jóvenes en
un contenedor, fue nombrada Ministra. En un país civilizado se iría a su casa,
pero en el Perú aún se premia la indolencia. Y, ¿dónde diablos y para qué
demonios está la Sunafil? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
es el organismo del Estado que debería cautelar el respeto a los derechos de
los trabajadores, empezando por su seguridad y su salud. Pero no parece servir
para nada. O no recibe ni cuenta con los recursos mínimos para cumplir con su
labor o se trata de una agencia completamente desmotivada. En todo caso, la
responsabilidad es del Gobierno y especialmente del Ministerio de Trabajo, que
anda por ahí, pintado en la pared.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 20 de diciembre de 2019.
