La Oficina Regional para América de la agencia de la ONU para los Refugiados (
ACNUR) expresó alarma por el aumento de los hombres jóvenes hondureños que son atacados, asesinados o desaparecidos después de ser deportados por Estados Unidos o México.
Un artículo publicado en el sitio web de esa oficina señala que las víctimas, de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, habían sido enviadas de regreso después de haber sido detenidas por las autoridades de inmigración de esos países.
Un reciente informe del ACNUR, titulado "Niños en fuga", encontró que un número importante de menores de edad provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que ingresan a Estados Unidos de manera irregular podrían estar en necesidad de protección internacional.
"Creemos que si se analizan sus casos con mayor profundidad muchos serían reconocidos como refugiados con un temor fundado de persecución y falta de protección en sus países", dijo Marta Juárez, directora de esa oficina Regional.
Según el artículo, los adolescentes huyen cuando tratan de evitar ser reclutados por las pandillas, sus familiares son asesinados o han sido testigos de crímenes cometidos por las maras.
ACNUR precisó que para muchos de ellos, el retorno es sólo el comienzo de un viaje, a menudo, más peligroso.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). SAN PEDRO SULA, Honduras. El pistolero
estaba esperando cuando Marco Antonio Cortés subió al autobús en la
noroeste ciudad hondureña de San Pedro Sula. Un tirón del gatillo y el
muchacho de 18 años estaba muerto, sumándose a la alarmante lista de
hombres jóvenes hondureños que son atacados, asesinados o simplemente
desaparecen después de ser deportados desde Estados Unidos o México.
“No se trata sólo de uno, dos o tres que son asesinados
después de ser deportados”, dice la hermana Valdete Wilemann, que dirige
un centro estatal que alberga a algunos de los deportados que regresan a
Honduras. Muchos, como Cortés, utilizaron rutas irregulares para llegar
a EE.UU. y México escapando de la creciente inseguridad que afecta a
los jóvenes en sus comunidades de origen, incluidas las amenazas, la
extorsión, la violencia de pandillas y las ejecuciones. Otros se dirigen
al norte en busca de una vida mejor.
Las víctimas suelen tener edades comprendidas entre los 13 y
los 17 años, enviados de vuelta a casa después de haber sido detenidos
por las autoridades de inmigración por entrar en el país sin
autorización. Pero un informe publicado el año pasado por el ACNUR,
titulado “Niños en fuga”, encontró que un número importante de menores
de edad provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que ingresan a
EE.UU. de manera irregular podrían estar en necesidad de protección
internacional.
“Creemos que si se analizaran sus casos con mayor profundidad
muchos serían reconocidos como refugiados con un temor fundado de
persecución y falta de protección en sus países”, dijo Marta Juárez,
director de la Oficina Regional para América de ACNUR, quien también
citó las conclusiones de una misión de investigación el año pasado a
Honduras como una prueba más. ACNUR asesora a las autoridades sobre la
protección de las personas desplazadas y sus familias.
En el centro El Edén en San Pedro Sula, donde se albergan
inicialmente a los menores no acompañados deportados y a las familias
deportadas, Adalberto Guzmán de 36 años de edad, dijo a los miembros del
equipo de evaluación que estaba preocupado por su seguridad y la de su
esposa y sus tres hijos, de edades comprendidas entre los tres y los 12
años. Acababan de llegar de México.
Guzmán explicó que había prestado US$ 1.000 a un hombre en su
ciudad natal y había recibido la moto y la TV del hombre como garantía.
Cuando Guzmán insistió en que la deuda se debía saldar a tiempo, las
cosas se pusieron feas. “De repente, un niño de unos 15 años apareció en
nuestra casa y nos dijo a todos: ‘Si no devuelven la moto y la TV,
todos morirán’”, recordó Isaac*, el hijo de Guzmán, de 12 años.
La familia huyó a México; Guzmán no quería que sus hijos
terminaran muertos como un número creciente de otros jóvenes en la
ciudad. “De enero a julio [el año pasado], 93 menores habían muerto
violentamente en comparación con seis muertes accidentales. Para
mediados de septiembre, ya había 200”, dijo el patólogo forense Héctor
Hernández en la morgue de la ciudad, señalando un aumento dramático en
el número de jóvenes que sufren muertes no naturales.
El día de la visita de ACNUR llegó a la morgue el cuerpo de
Alfredo*. El niño de 11 años de edad, quería ser médico y su acongojada
madre relató que trabajaba turnos extras en una fábrica de prendas de
vestir para pagar su educación. Fue estrangulado, señaló Hernández, y
añadió: “Con los menores, las balas son una causa menos frecuente de
muerte que en los adultos. A la mitad de ellos los matan por asfixia.
Alfredo no era un deportado y no se sabe cuántos de los otros
jóvenes llevados a la morgue de la ciudad este año habían huido del país
solo para ser deportados. Pero estas muertes sí muestran un patrón de
aumento de la violencia que está provocando el desplazamiento entre los
adolescentes y hombres jóvenes que temen por sus vidas. Sucede algo
parecido en El Salvador y Guatemala.
En septiembre, un grupo de ocho personas, algunas de ellas de
16 o de 17 años, fueron obligados a acostarse en una calle de San Pedro
Sula y luego les dispararon. Parece probable que esto fuera una
ejecución relacionada con pandillas, que por lo general están
relacionadas con el reclutamiento forzado, el no pago de deudas
(incluyendo por ayudar a salir ilegalmente a alguien fuera del país); la
extorsión; o guerras territoriales. Las poderosas maras, esencialmente
pandillas urbanas lideradas por adolescentes, tienen una influencia
considerable, infundiendo miedo a todos -especialmente a otros jóvenes.
Los adolescentes que tratan de evitar la influencia de las
maras, viven una vida honesta y se resisten a ser contratados como
traficantes de drogas, pueden estar en riesgo sin darse cuenta. Marco
Antonio Cortés, el niño muerto a tiros en la estación de autobuses, fue
una de esas víctimas.
Él vivía en Brisas del Rosario, un pequeño asentamiento
controlado por las maras en las afueras de San Pedro Sula. Se le
considera uno de los distritos más peligrosos, como el sector Rivera
Hernandez, donde la gente arriesga recibir un tiro si caminan de una
calle a otra.
Y cuando la gente como Cortés logra salir, no pueden regresar
en condiciones seguras a zonas controladas por pandillas. En el 2013, un
hombre de 27 años de edad regresó de San Pedro Sula después de siete
años, creyendo que todos sus perseguidores estaban muertos. Fue
asesinado cuatro días después.
Otras razones para la huida incluyen el asesinato de
familiares y ser testigo de un crimen cometido por las pandillas. Pero
decidir huir del país no es una decisión fácil, debido al costo y los
riesgos involucrados. El abuso y la violencia son compañeros frecuentes
de los migrantes y de las personas que buscan protección, así como
estafas por parte de algunos funcionarios en las fronteras. Aquellos que
son descubiertos son deportados.
Karla López, psicóloga del centro El Edén, nos cuenta sobre un
grupo de migrantes irregulares que estuvieron secuestrados durante dos
semanas en Tampico, México, para presionar por el pago de un rescate a
sus parientes en EE.UU. y Honduras. “Finalmente, la policía mexicana los
encontró encerrados en varias casas particulares y los liberó”, dijo
López, quien agregó que todos fueron deportados. De acuerdo con cifras
oficiales de México y Guatemala en los primeros ocho meses de 2014 más
de 30.000 personas fueron devueltas en autobús, incluyendo unos 6.200
menores no acompañados.
Miles de personas fueron repatriadas por vía aérea desde
Estados Unidos. Los niños y las familias aterrizan en Palmerola, donde
el ACNUR está solicitando a las autoridades tener acceso a ellos. Los
adultos son llevados a San Pedro Sula. Según informes de prensa, entre
enero y mediados de septiembre del año pasado arribaron más de 38.000
deportados a los dos aeropuertos, en comparación con los 32.000
hondureños deportados en todo el 2013. Para muchos, su regreso a casa es
sólo el comienzo de otro viaje, a menudo más peligroso.
* Nombres cambiados por motivos de protección
Al menos 10 millones de personas son apátridas en todo el mundo, asegura un nuevo informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
