El tribunal internacional ha sentenciado a 61 mandos militares, políticos y religiosos por el asesinato de 800.000 personas.
En plena pugna entre el Gobierno de Ruanda (liderado por la etnia hutu) y el Frente Patriótico Ruandés (formado por refugiados tutsi), extremistas hutu asesinaron a más de 800.000 personas en el seno de ambas comunidades en cien días de violencia atroz en 1994. El ritmo de las matanzas, perpetradas con machetes, cuchillos y palos con clavos, superó los peores momentos del Holocausto. Desde 1995 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que cerrará sus puertas el próximo 31 de diciembre, se ha encargado de juzgar a los principales causantes.
Dos décadas después de una tragedia que la comunidad internacional no hizo lo posible por impedir, las últimas apelaciones han reducido las penas de cárcel impuestas en 2011 contra seis procesados. Los jueces del tribunal internacional han condenado a 61 mandos militares, gobernantes y empresarios, además de religiosos, milicianos y responsables de medios de comunicación tras escuchar a 3.000 testigos. Catorce personas han sido absueltas; 10 remitidas a juzgados ruandeses; 3 fallecieron antes o durante el proceso y hay 3 fugitivos.
A pesar de que los propios ruandeses no acaban de entender que el castigo máximo sea cadena perpetua, y no la muerte, dada la magnitud de lo ocurrido, el Tribunal ha sido el primero de la historia en fallar contra responsables de un genocidio.
Sobre los juicios de Nuremberg (1945-1946) planea siempre el temido término aplicado al exterminio judío, y también de gitanos, homosexuales, enfermos mentales o inválidos por parte de los nazis. Sin embargo, el genocidio como figura legal no fue citado allí expresamente. Sí sirvieron para tipificar el delito de forma autónoma dando pie a la Convención para su prevención y sanción de 1948. Por eso, en 1994, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó la creación del TPIR diciendo que debía “perseguir a los responsables de genocidio, y otras violaciones graves del derecho humanitario internacional, cometidos en territorio ruandés, y en los estados limítrofes, entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1994”. Además el TPIR fue la primera institución en reconocer la violación como una manera de perpetrar el genocidio.
El tribunal se ha centrado en los principales causantes del genocidio, entre los que figura el antiguo primer ministro Jean Kambanda, el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Agustín Bizimungo, y el exministro de Defensa, Théoneste Basogora. Este último organizó una organización paramilitar hutu (Interahamwe) responsable de secuestros y asesinatos. Y también de la emisora de Radio y Televisión Libre de las Mil Colinas, que lanzó soflamas racistas y a cuya influencia un estudio de la Universidad de Harvard atribuye más de 50.000 muertes.
Human Rigths Watch, que ha seguido la labor del TPIR, le critica no haber juzgado a más miembros del Frente Patriótico Ruandés, el partido del actual presidente, Paul Kagame, un tutsi. Aunque acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad, “menos de 40 han sido procesados a pesar de que el Tribunal tiene competencias, y ello lastra la reconciliación”, señala la ONG. Kagame ha dicho que se trató solo de venganzas aisladas. Por otro lado, la pasividad inicial de la comunidad internacional, que retrasó la ayuda a pesar de la evidencia de que el genocidio se había preparado durante meses, costó miles de vidas
El Gobierno ruandés también ha contribuido a hacer justicia habilitando juzgados locales y tradicionales. Denominados gacaca, estos últimos son más parecidos a un consejo dentro de las propias comunidades. Human Rights Watch ha analizado su trabajo y alaba su esfuerzo por tramitar casi dos millones de casos hasta su cierre en 2012. “Ayudaron a las víctimas a buscar la forma de convivir con sus verdugos. Otros supieron por los testigos lo ocurrido con sus familias o vecinos”. La organización humanitaria critica, de todos modos, “su parcialidad, la intimidación y corrupción constatadas, y la toma de decisiones inadecuadas por falta de formación de jueces”.
Junto al TPIR y los gacaca, al menos 10.000 personas han sido juzgadas por delitos relativos al genocidio en las cortes nacionales. En el extranjero, y en virtud de la jurisdicción universal, ha habido juicios contra presuntos genocidas ruandeses en Bélgica, Alemania, Suiza, Canadá, Noruega, Finlandia, Holanda y Suecia y Francia.
Situado en la región de los Grandes Lagos, en África oriental, Ruanda es un país marcado por la violencia étnica. Protectorado alemán antes de la I Guerra Mundial y luego bajo administración belga, sus tres grupos étnicos hutu (un 85% de los siete millones de habitantes en 1994) y tutsi (14%) han ganado y perdido respectivamente el poder político y social desde antes del periodo colonial. El tercer grupo, twa, solo suma el 1%. Si en el pasado los tutsis copaban los puestos importantes y los hutus no siquiera accedían a la educación, décadas de choques violentos desembocaron en una guerra civil en 1988.
En 1994, el detonante del genocidio fue el atentado mortal contra los presidentes de Ruanda, Juvenal Habyarimana (un hutu que marginaba a los tutsi), y de Burundi, Cyprien Ntaryamira. El derribo de su avión desató los asesinatos étnicos a gran escala y con una crueldad sin precedentes. Nadie se libró: murieron 300.000 niños, otros 95.000 quedaron huérfanos y miles de mujeres (la cifra no se ha podido calcular) fueron salvajemente violadas. De ahí que el TPIR sentara un precedente al considerar genocidio la violencia sexual.
Al menos 10 millones de personas son apátridas en todo el mundo, asegura un nuevo informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
