San
José, Costa Rica, 1 de abril del 2020.- En la Sentencia, notificada en el día
de hoy, en el Caso Noguera y otra Vs. Paraguay, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos encontró que el Estado de Paraguay es responsable por la
vulneración de los derechos a la vida, a la integridad y a los derechos del
niño en perjuicio de Vicente Noguera, de 17 años de edad, mientras se
encontraba llevando a cabo el segundo año de servicio militar, toda vez que las
autoridades no aclararon las circunstancias que llevaron a su muerte en un establecimiento
militar, ni desvirtuaron satisfactoriamente los indicios respecto de la
posibilidad de una muerte violenta. Lo anterior conlleva a una vulneración a
los artículos 4 (derechos a la vida), 5 (derechos a la integridad personal), 19
(derechos del niño) establecidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Los
hechos del caso tuvieron lugar el 11 de enero de 1996 en la Tercera Compañía de
la Agrupación CIMEFOR en Mariscal Estigarribia, en el Chaco Paraguayo. En esa
fecha, mientras se encontraba cursando el segundo año de servicio militar,
Vicente Noguera apareció muerto en su cama a las 05:00 de la mañana. De acuerdo
a las investigaciones, exámenes forenses y autopsias que fueron practicadas, se
estableció que la causa de muerte fue una infección de tipo neumonitis
intersticial.
En
virtud del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, el
Tribunal encontró que el Estado de Paraguay era responsable por una vulneración
a esos derechos en perjuicio de Vicente Noguera tomando en consideración que la
muerte del joven, de 17 años de edad al momento de su fallecimiento, se produjo
en un establecimiento militar, bajo tutela del Estado, sin que se hubieran
aclarado las circunstancias en las que se produjo ni desvirtuado
satisfactoriamente los indicios respecto de la posibilidad de una muerte
violenta.
Por
otra parte, la Corte advirtió que la falta de control para detectar un
padecimiento físico de Vicente Noguera, así como su sometimiento a ejercicios
físicos que podrían haber agravado su estado de salud, eran elementos que
reforzaban la responsabilidad del Estado, a pesar de que a la luz de la prueba
presentada no era posible llegar a una conclusión precisa con relación a que su
muerte fuera el resultado de malos tratos que habría sufrido.
A
su vez, el Tribunal determinó que se vulneraron los derechos a las garantías
judiciales y a la protección judicial (artículos 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos) en perjuicio de la señora María Noguera en el
marco de las investigaciones relacionadas con la muerte de su hijo Vicente
Noguera.
Por
último, el Tribunal aceptó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por
el Estado y consideró que se había vulnerado el derecho a la integridad
(artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) en perjuicio de
María Noguera por el sufrimiento que le produjo la muerte de su hijo Vicente
Noguera.
En
razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.
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La Corte ratifica la pena de 45 días de arresto para la teniente Carmen Quinteros, madre de un niño de tres años.
La teniente de fragata Carmen Quinteros Gimšeney solo quiso que le dieran permiso para amamantar a su hijo. Hace dos años y medio, tras terminar seis meses de permiso por maternidad, pidió que la excluyeran de las guardias de 24 horas cada tres días que hacían sus compañeros. Pero sus comandantes se lo negaron y la Justicia militar también. Fue la primera uniformada en reclamar su derecho y su caso obligó a crear salas de lactancia en los cuarteles. Pero la semana pasada, la Corte Suprema confirmó que Quinteros deberá cumplir con 45 días de prisión por una falta disciplinaria. Podrá cumplir la pena en su domicilio.
Quinteros de 33 años, recurrió a la justicia civil, apelando al derecho del niño a recibir la nutrición correspondiente. Un juzgado de la niñez le dio la razón y exhortó a su comandante a darle los permisos. Pero el militar, según su abogado, la sacó de su puesto administrativo original y la envió a una unidad operativa con permanencias en el cuartel de hasta 32 horas. Quizá sin proponérselo, Quinteros comenzó un pulso entre el derecho civil y el castrense en el país que sufrió la dictadura militar más larga de Latinoamérica (1954-1989), un pulso que aún no ha terminado.
Cuando el caso se hizo público en 2017, hubo movilizaciones y el debate llegó al Congreso. Los superiores de Quinteros intentaron entonces enviarla dos años a la cárcel por calumnias. El defensor del Pueblo presentó unhabeas corpuspara evitarlo. El lunes pasado, tras el fallo de la Corte que avaló la pena impuesta contra Quinteros por un tribunal militar, los abogados de la teniente pidieron la intermediación delpresidente Mario Abdo Benítez.El mandatario, sin embargo, advirtió el martes que es poco lo que puede hacer. “Yo no puedo ir contra la ley. Hicimos las averiguaciones para saber cómo está el caso, pero los asesores jurídicos de la Presidencia me dicen que no está en nuestra atribución” interceder, dijo.
Quinteros está acostumbrada a asumir desafíos. Fue la mejor graduada de su promoción y desde entonces cumplió y honró sus deberes castrenses. Nunca tuvo una falta. Hasta que con el nacimiento de su hijo chocó con un desafío inesperado que la obligó a confrontar con todo el estamento militar.
La teniente solicitó al entonces almirante Hugo Milciades Scolari Pagliaro, ahora retirado, trabajar de siete de la mañana a seis de la tarde para estar por la noche en su casa y cumplir con la lactancia. Según la fiscal de la Niñez de Asunción, Monaliza Muñoz, que recibió la denuncia de Quinteros, le daban la razón laConvención sobre los Derechos del Niño,la Constitución paraguaya y la ley de lactancia materna de 2015. Pero el estatuto del personal militar de 1997, que prevé los permisos de maternidad, aunque no los reglamenta, deja la decisión en manos del comandante. Una ley en la que la palabra mujer no aparece ni una vez.
"Los comandantes tenían la facultad de conceder esos permisos. Ninguno accedió. Pero el niño no deja de ser niño porque su mamá sea militar”, dice Muñoz. “Es un derecho del niño, no solo de la madre, porque puede afectar a su salud. Ella no ha violado ningún reglamento, ha cumplido con todos los servicios, solo se trataba de adecuar su jornada laboral”, añadió la fiscal. El abogado defensor en el proceso militar, Carlos Luis Mendoza Peña, dice que Quinteros “fue la primera mujer militar que reclamó su derecho marcando un antes y un después en el Ejército”. “Mientras que en la Fuerza Aérea ya había un autobús dispuesto para llevar a las madres a su casa, su comandante en la Armada solo creo las salas de lactancia por la presión del caso", añadió.
La ministra de la Mujer,Nilda Romero, dijo que “la sanción [contra Quinteros] está fuera de tiempo y es un mal precedente”. También destacó que la teniente podrá recurrir a la Justicia internacional, ahora que ha agotado todas las instancias nacionales. El Frente Mujer del Partido Paraguay Pyahura declaró en un comunicado que la actitud de los militares “deja al desnudo el machismo institucional existente dentro de las Fuerzas Armadas.
Paraguay se convierte en el 10mo país de la región en prohibir el castigo físico y humillante contra la niñez y la adolescencia. La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el Proyecto de Ley "De promoción del buen trato, crianza positiva y de protección a niñas, niños y adolescentes contra el castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección o disciplina".
Fué aprobado con modificaciones por la Cámara de Senadores y remitido con Mensaje Nº 1672. Dictaminado por las Comisiones de Legislación y Codificación y de Derechos Humanos que aconsejan aceptar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado. También fue girado a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de Educación, Cultura y Culto, de Salud Pública, de Presupuesto y de Equidad Social y Género (Sanción Ficta 18 de octubre de 2016).
Expediente Nº D-1538039 - sancionado, se remite al Ejecutivo.
Un tribunal certifica el pacto de las dictaduras latinoamericanas para asesinar disidentes
El Plan Cóndor fué algo único. Un pacto entre seis dictaduras latinoamericanas para intercambiar información y sobre todo colaborar en secuestros y asesinatos de disidentes políticos que luchaban para derrocarlas. Es una de las historias trágicas más conocidas de América, con
centenares de víctimas. Y sin embargo, más de 30 años después de su acta
fundacional,firmada el 28 de diciembre de 1975 en Santiago de Chiley
encontrada en el “Archivo del Terror” de Paraguay, ninguna sentencia
judicial había reconocido su existencia como una asociación ilícita
organizada para matar. Argentina, un país en el que el proceso de los
juicios de lesa humanidad está muy avanzado y no cesa, se ha convertido
en el primero que condena formalmente a los jerarcas del Plan Cóndor en
un larguísimo juicio con 105 víctimas y 18 imputados que empezó en 1999
con cinco casos y ha ido creciendo poco a poco. Un tribunal federal
condenó por "asociacion ilícita en el marco del Plan Cóndor" entre 8 y
25 años a los principales imputados.
Entre los condenados está Reynaldo Bignone, último dictador argentino, y
el general Santiago Riveros. También está el coronel uruguayo Manuel
Cordero, que fue extraditado en 2007 a Argentina desde Brasil, y el
exagente de la inteligencia argentina Miguel Ángel Furci, que recibieron
las penas más altas, de 25 años de cárcel. No figuran los máximos jefes
del Plan Cóndor porque han muerto, pero simbólicamente el proceso
judicial también va contra ellos. De hecho, el más cruel y conocido de
los dictadores argentinos,Jorge Videla, murió tres días después de declarar en este juicio.
Afrontar su responsabilidad en el Plan Cóndor fue lo último que hizo en
vida. Videla aseguró ante el tribunal que se hacía cargo de toda la
responsabilidad pero sin dar ningún detalle nuevo.
“Lo importante de este juicio es que por primera vez en América Latina
un tribunal reconoce la existencia del Plan Cóndor como asociación
ilícita, es un juicio clave porque si estuvieran vivos Pinochet o
Stroessner estarían en esta causa", explica Gastón Chiller, director
ejecutivo del CELS, un organismo de derechos humanos muy respetado en
Argentina que ha promovido este y otros muchos juicios contra los
jerarcas de la dictadura militar.
La prensa de la época da cuenta del hallazgo de cadáveres.ARCHIVO
La nacionalidad de las 105 víctimas cuyos familiares escuchaban emocionados la sentencia da una idea de las dimensiones del Plan Cóndor. 45 de ellos eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos. Entre los presentes en el tribunal estaba Macarena Gelman, hija de la desaparecida María Claudia García, que fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya y recuperó su identidad en el 2000, a los 23 años. La nieta del fallecido poeta Juan Gelmanescuchó con satisfacción la condena a Cordero, que fue recibida con aplausos en la sala de audiencias.
Argentina abre así una puerta que en otros países parece mucho más cerrada. Por ejemplo, en Brasil, rige una ley de amnistía que impide llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes cometidos por su dictadura (1964-1985). De hecho ninguno de los miembros del Plan Cóndor ha llevado a cabo un proceso como el argentino, un país en el que prácticamente todos los personajes clave de la dictadura están en la cárcel o en arresto domiciliario por su avanzada edad. La memoria histórica se ha convertido en una política de Estado que se ha mantenido con Mauricio Macri como presidente, como muestran los el medio centenar de juicios en los que el Estado es querellante. El otro gran juicio por el Plan Cóndor se desarrolla lejos del continente, en Roma, en un proceso contra 30 exmilitares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, acusados de la desaparición y muerte de 43 opositores, entre ellos varios de origen italiano.
La creación del Plan Cóndor quedó absolutamente probada durante el juicio argentino, tanto es así que existe incluso ese acta fundacional firmada durante una reunión de los responsables de la inteligencia de las dictaduras y firmada por los representantes de Argentina (Jorge Casas, capitán de navío, SIDE, que aún no representaba a una dictadura militar), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito Guanes Serrano, coronel del Ejército). Brasil no firmó esa primera acta pero otros documentos muestran con claridad que participó en el Plan Cóndor.
En el “Archivo del Terror” de Paraguay se encontró una invitación de la DINA -servicios secretos de Pinochet- “para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. En el texto formal firmado en Chile se señala: “Se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”.
El plan empezó como un intercambio de información y fue creciendo hasta que pasó a la fase de secuestrar o asesinar directamente a los disidentes en los países donde estuvieran escondidos, siempre con la autorización implícita de la dictadura local. El Plan Cóndor fue extendiendo sus fronteras y la dictaduras empezaron a asesinar a disidentes en Europa y EEUU, como el conocido caso de Orlando Letelier, exministro del Gobierno de Salvador Allende, asesinado en Washington en septiembre de 1976.
Una de las grandes preguntas que quedan pendientes esla participación de EEUU en el Plan Cóndor. Durante el juicio, según los investigadores del CELS, no ha aparecido ninguna prueba definitiva de que algún organismo de este país promoviera el plan pero sí ha quedado claro por distinta documentación, entre ellas alguna desclasificada por el propio Departamento de Estado de EEUU, que lo conocían con detalle.
Muchos investigadores confían ahora en quela promesa de Barack Obama de desclasificar más documentosrelacionados con las dictaduras latinoamericanas, especialmente los de la CIA, ofrezca mucha más información. Lo que sí se sabe es que EEUU se fue alejando a medida que el Plan Cóndor empezó su oleada de asesinatos en distintos países y dejó de ser un plan secreto. Son los documentos de EEUU los que con más detalle explican el objetivo del plan: “Implica la formación de equipos especiales por los países miembros para llevar a cabo sanciones hasta asesinatos contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros de ‘Operación Cóndor’. A los equipos especiales se les emitirían documentos falsos de parte de los países miembros de ‘Operación Cóndor’ y podrían estar compuestos exclusivamente por individuos de una de las naciones miembros de ‘Operación Cóndor’ o podrían estar compuestos por un grupo mixto de varias naciones miembros de ‘Operación Cóndor’”, detalla. En cualquier caso, explican en el CELS, la operación Cóndor fue un plan latinoamericano, diseñado por las dictaduras para acabar con sus propios disidentes.
La violencia contra la mujer es un fenómeno muy extendido en Paraguay, lamentó la oficina de ONU Mujeres en ese país.
El
organismo de la ONU expresó gran preocupación por el alto índice de
casos que incluyen situaciones extremas como el homicidio de mujeres por
sus parejas y un fenómeno alarmante de niñas entre 10 y 14 años que han
dado a luz producto de abusos sexuales.
Carmen
Echauri es experta de esa agencia de la ONU. En una reciente visita a
Paraguay nos dijo que se han presentado 684 de esos casos en 2014, según
cifras del ministerio de salud.
"Cuando nos enfrentamos a un dato como ése, inmediatamente surge la presunción y certeza de que se trata de un caso de abuso sexual, no puede haber consentimiento en una niña de 10 años para una relación sexual, el perpetrador es una persona muy cercana a su familia, se dan casos muy elevados de padrastros, de padres incluso, de tíos, del entorno familiar de la niña y/o del entorno comunitario muy próximo", dice Echauri.
Una agravante es la actitud que rodea esos casos, dónde se pone en duda el testimonio de la víctima. Como por ejemplo, el caso pasado de una niña paraguaya de 10 años que quedo embarazada producto de violación de su padrastro, y que tuvo un bebé a los 11 años.
"Hubo una seguidilla de situaciones previas, en el que ella llego al servicio de salud y que no se pudo detectar hasta que el embarazo estaba muy avanzado, se trato como un caso de parasitosis. La Fiscalía un año antes de que se diagnosticara que estaba embarazada, dijo que no tenía pruebas para decir que era abuso sexual, entonces termino el caso con el embarazo y parto de una niñas de 10 a 11 años".
Este caso fue condenado por un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos, que señaló que el Gobierno de Paraguay no actuó con la debida diligencia, negando acceso seguro a tratamientos incluído el aborto seguro en el momento oportuno.
Una niña de 10 años no tiene el cuerpo muy desarrollado. Siempre es una situación de riesgo para la salud. El Estado paraguayo no prohíbe la interrupción del embarazo salvo que la vida de la madre corra peligro. Pero, las personas encargadas de aplicar la ley consideraron que la niña no corría peligro, entonces el embarazo llegó a término.
La Oficina del Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF) en Paraguay deploró hoy la muerte de una niña de 14 años que trabajaba como doméstica o "criadita" en una casa en el distrito de Vaquería en Caaguazú, a unos 130 kilometros de la capital, Asunción.
La agencia de la ONU llamó a las autoridades a una investigación del hecho y a aplicar la ley. Según medios de prensa la niña habría muerto a golpes en la casa donde trabajaba.
UNICEF subrayó que este incidente no ha sido el único en Paraguay donde pese a los esfuerzos de organismos estatales y de la sociedad civil no se ha podido erradicar el llamado "criadazgo", que consiste en la explotación laboral de menores en tareas domésticas.
En Paraguay el trabajo infantil doméstico está prohíibido por ley y se le considera peligroso. Según una encuesta de 2011, casi 47.000 menores se encuentran en esa situación, el equivalente al 2,5% de la población infantil.
La oficina de UNICEF en Paraguay llamó a establecer normas para eliminar esa práctica, que incluya la concienciación de los familiares de los menores para que puedan desempeñar su rol de crianza.
