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25 may 2018

ONU: Argentina viola la Convención contra la Tortura en las prisiones

El Relator Especial de la ONU sobra la Tortura señala en una declaración que Argentina "ha recorrido un largo camino en el abordaje de su pasado" y destaca que "desde el juicio de las Juntas en 1985, hasta los veredictos en la causa de "los vuelos de la muerte" el año pasado, la sociedad argentina ha ganado muchas batallas contra la impunidad, y con coraje ha defendido la democracia, la rendición de cuentas y la dignidad humana.

No obstante, Nils Melzer asegura que aún queda muchos por hacer a fin de evitar la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura, con el fin de asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

Más allá del pasado
"Sin embargo, a la sombra de estos logros ejemplares, sobreviven algunos remanentes estructurales, culturales e institucionales del pasado, que aún se encuentran enquistados en los sistemas penitenciarios y de seguridad del país", expresa Melzer. 

El relator señala que a lo largo y ancho del país parece haber un endurecimiento de la política penal, en respuesta a las inquietudes populares en relación con el delito violento y la seguridad pública, lo que produce un incremento en los niveles de reclusión y un deterioro dramático de las condiciones de detención.

"Aun cuando aprecio genuinamente el sistema sofisticado de salvaguardas y mecanismos existentes para prevenir la tortura, asegurar condiciones adecuadas de detención y la dedicación personal de innumerables funcionarios/as en todos los niveles, la realidad es que dichas salvaguardas no han sido suficientemente traducidas en resultados prácticos", añade el relator.

Sobre población de los centros penitenciarios
Las cárceles y comisarías de Argentina se encuentran crónicamente sobrepobladas, y las condiciones en varios lugares de detención son claramente incompatibles con la dignidad humana.

"Aunque existen diferencias importantes entre las diversas instituciones, me sorprende realmente que, en algunos lugares, las personas privadas de libertad se encuentran encerradas en celdas infestadas con ratas y cucarachas. Una gran cantidad de reclusos disponen solamente de un metro cuadrado de espacio, algunos durmiendo sin colchones, en cemento o camas metálicas, otros no cuentan con acceso a luz artificial, con instalaciones eléctricas y sanitarias rotas, sin acceso a los baños durante la noche, y en casos extremos, sin acceso a la luz del sol durante períodos de hasta seis meses", observa el experto.

Además, en varios lugares, las personas detenidas se ven privadas de nutricción, higiene y salud adecuada o reportan haber estado expuestas a violencia o corrupción por parte de otros reclusos y agentes penitenciarios.

Adolescentes y enfermos 
El relator  también expresó su preocupación ante el hecho de que adolescentes privados de libertad residen en condiciones de seguridad excesivamente duras. Por otro lado, algunos pacientes psiquiátricos están institucionalizados en condiciones completamente inaceptables.

Mi opinión ponderada es que al permitir que esta situación surja, continué y se exacerbe, a pesar de los reiterados pedidos por parte de la sociedad civil y los mecanismos internacionales, la Argentina ha pasado a ser responsable de una generalizada y persistente violación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".


Melzer sostiene que “no existe justificación alguna, sea económica, política, legal o de otra índole, para exponer a seres humanos a condiciones tan intolerables”.

El experto señala que también ha recibido numerosas denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, y sobre acoso, corrupción y violencia policial arbitraria durante las requisas, los desalojos y los arrestos.

"Algunas víctimas alegaron haber recibido tiros, cachetazos, patadas, amenazas con armas de fuego y haber sido sofocadas con bolsas plásticas", afirma.

"Estos abusos parecen estar dirigidos principalmente a los sectores marginados de la sociedad como, por ejemplo, los habitantes de los barrios más carenciados, migrantes afrodescendientes, pueblos indígenas y minorías sexuales, entre otros", agrega.

Violencia sin investigar

Esta violencia institucional no parece ser efectivamente investigada en la práctica, de acuerdo con el relator que insta urgentemente a las autoridades argentinas, en todos sus niveles y poderes, a comprometer los recursos necesarios para mejorar las concidiones de detención en el país.

Medidas urgentes

El relator insta a las autoridades del país a tomar una serie de medidas urgentes:
A los jueces:

  • Evitar todo ingreso innecesario de internos en el sistema de detención existente
  • Facilitar su liberación o la aplicación de medidas alternativas para cualquier recluso cuya detención no sea imprescindible
Al Parlamento: Brindar los fundamentos legales para permitir el alivio de la presión que se ejerce sobre el sistema de detención.

Al Ejecutivo: Prevenir y sancionar todo acto de corrupción, extorsión o maltrato por parte de los agentes penitenciarios o las fuerzas de seguridad.

"En las últimas tres décadas, se ha comprobado en repetidas ocasiones que la sociedad argentina ha sido capaz de expresarse contra la violencia, la tortura y el abuso. Hoy insto al pueblo argentino a honrar esa promesa en nombre de la humanidad".

"En marzo de 2019, el relator especial presentará ante el Consejo de Derechos Humanos, un informe sobre el país con sus observaciones y recomendaciones.


El Consejo de Derechos Humanos nombra a los relatores especiales de la ONU y expertos independientes para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o una situación en el país. Los puestos son honorarios.

    
Fuente ONU Noticias: https://news.un.org/es/story/2018/04/1431862

25 jun 2015

CIDH urge a los Estados a garantizar rehabilitación a víctimas de tortura

En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se conmemora el 26 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación que, a treinta años de adoptada la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, su práctica persiste en la región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a los Estados a cumplir integralmente con sus obligaciones internacionales en relación con la prohibición absoluta de la tortura.

“Es sumamente preocupante que a tres décadas de la adopción de la Convención, persista la práctica de la tortura en los países de la región”, señaló el Comisionado James Cavallaro, Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. “Igual de preocupante es que haya Estados que intentan justificar la práctica de la tortura con argumentos sobre amenazas a la seguridad nacional, sobre la necesidad de obtener información en el marco de investigaciones o para evitar un atentado. Ningún Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos puede intentar justificar la práctica de la tortura bajo ninguna circunstancia. La prohibición absoluta de la tortura es una norma no derogable de derecho internacional”, agregó.

Asimismo, el Relator Cavallaro dijo: "resulta inaceptable en una democracia la negación de la existencia de la práctica de la tortura o declaraciones de autoridades que intentan reducir la verdadera presencia de la misma. La única reacción adecuada de un Estado Democrático de Derecho es investigar toda denuncia o información sobre la posible práctica de un acto de tortura, y sancionarlo de acuerdo a la ley".

La CIDH llama a los Estados miembros de la OEA a investigar de oficio todas las denuncias sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, o cualquier situación donde haya una razón fundada para creer que se cometió un acto de tortura. Esto incluye situaciones donde la parte acusada o sospechada de haber torturado son agentes estatales o donde estos actos se pudieron haber realizado con su aquiescencia. La CIDH urge asimismo a los Estados a cumplir con lo establecido en la Convención contra la Tortura y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en cuanto a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen la prohibición de la práctica. 

Por su parte, la Comisionada Tracy Robinson, Relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Mujeres, expresó preocupación por el uso de la violencia sexual como método de tortura. “Hemos recibido información alarmante sobre casos de violencia sexual por parte de agentes del Estado contra personas detenidas en el marco de operativos para disolver protestas. La violencia sexual también se ha utilizado en contextos de conflicto armado, crimen organizado y trata de personas. Es necesario adoptar medidas urgentes para abordar este grave problema”, señaló.

Este año, varias organizaciones que trabajan en el tema decidieron focalizar este día internacional en el derecho a la rehabilitación. La CIDH se suma a esta campaña global, urgiendo a los Estados a garantizar en sus marcos normativos que las víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes puedan acceder a un recurso que les garantice una reparación suficiente, efectiva, y completa. Esto incluye medidas de reparación que brinden atención adecuada a los padecimientos físicos y también psicológicos, ya que estos últimos perduran mucho después de las heridas físicas, atacando de manera directa a la integridad y personalidad humana.

“La tortura deshumaniza y destruye la dignidad de las víctimas como seres humanos, infligiendo lesiones que pueden prevalecer por siempre si no reciben un tratamiento adecuado a través de la rehabilitación. Es fundamental el acceso a una rehabilitación integral que ayude a sanar los efectos tanto físicos como psicológicos de la tortura, brindando a las víctimas la posibilidad de reconstruir su vida”, dijo la Presidenta de la CIDH, Rose Marie Antoine. “La legislación nacional de cada Estado debe garantizar a la víctima de un acto de  tortura, la reparación integral, y como elementos de ésta, el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible”, agregó.

La CIDH enfatiza la necesidad de que los Estados fortalezcan su trabajo con los mecanismos regionales e internacionales para prevenir la tortura e implementen las órdenes y recomendaciones de los órganos de supervisión con el objetivo de consolidar los sistemas nacionales de protección. Finalmente, a tres décadas de la adopción de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, el 12 de septiembre de 1985 en Cartagena de Indias, la CIDH insta a los 16 Estados Miembro de la OEA que aún no la han ratificado, a hacerlo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

19 feb 2015

Informe: "Prevenir la Tortura - una responsabilidad compartida - en América Latina"

La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) publicó el informe del Foro Regional sobre el OPCAT, "Prevenir la tortura, una responsabilidad compartida". 

Los Mecanismos Nacionales de Prevención juegan un papel esencial en la prevención de la tortura y otros malos tratos. Los Estados latinoamericanos deben cumplir con sus obligaciones - derivadas del OPCAT - para fortalecer a estos órganos, asegurando que sean independientes, que tengan los recursos y capacidades adecuadas y un acceso sin restricciones a todos los lugares en los que se encuentren personas privadas de su libertad. Esto fue resaltado por las y los participantes del primer Foro Regional sobre el OPCAT, organizado por la APT en Panamá entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre del 2014.
El Informe destaca las cuestiones clave discutidas durante el evento y proporciona una visión general sobre el desarrollo de los MNP y de los MLP de la región, así como un análisis de los debates respecto de los siguientes temas:
  • Elementos clave para unos MNP efectivos;
  • Riesgos enfrentados por grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, LGBTI, pueblos indígenas y personas con problemas de salud mental) y el rol de los órganos de monitoreo para abordar sus necesidades específicas;
  • Estrategias para el seguimiento de las recomendaciones de los MNP y del SPT;
  • Formas para mitigar el riesgo de represalias contra las personas que cooperan con los órganos de prevención de la tortura.

El informe incluye propuestas de acciones dirigidas a una variedad de actores que participaron en los debates del Foro: Estados, MNP y MLP, organizaciones de la sociedad civil, universidades, el SPT y la APT.

23 oct 2014

Subcomité de la ONU llama a abordar la corrupción para prevenir la tortura

Según el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, los Estados deben hacer más para luchar contra la corrupción como parte de sus esfuerzos para prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos.

En la presentación de su informe anual, el presidente del organismo, Malcolm Evans, resaltó la clara conexión existente entre la tortura y la corrupción y aseguró que en aquellos lugares con niveles más altos de corrupción, es más improbable que los malos tratos sean descubiertos o llevados ante la justicia.

"Los incidentes de tortura y malos tratos en todo el mundo no disminuyen y la necesidad de medidas efectivas de prevención es mayor que nunca", señaló Evans.
Sin embargo, agregó que desde una perspectiva práctica estas iniciativas de prevención se están complicando cada vez más debido a todo tipo de retrasos en la provisión de información y la falta de accesos a instalaciones de detención en los 74 países que han ratificado el Protocolo Facultativo contra la Tortura de la ONU.

Evans aseguró que el número de visitas que el organismo está llevando a cabo a esos países es demasiado bajo ya que el ritmo actual, acada uno solo recibiría una visita completa cada 25 años. La falta de visitas de seguimiento complica la labor del organismo para establecer en qué medidas sus recomendaciones están siendo implementadas, añadió.

Por otro lado, Juan Méndez  alertó que si los médicos forenses trabajan para la policía, el sector de seguridad o las prisiones, pueden afrontar un conflicto de intereses entre su empleador y su obligación de reportar casos de tortura por temor a represalias.

No obstante, en muchas jurisdicciones funciona de esa manera, señaló el experto, y recomendó que los sistemas sean reorganizados para asegurar su independencia, además de enviar los casos a asesoría externa, fuera de los servicios médicos que dependen del Estado.  "Mi informe insiste en la independencia institucional de los médicos forenses como un criterio principal para proveer esos servicios y además para cumplir con los requisitos de las leyes internacionales sobre la seriedad de los exámenes mñedicos de este tipo"; dijo Méndez.


Video
Informe y Reporte CAT 2014 (versión español e inglés)

14 oct 2014

8 sept 2014

México: Las autoridades guardan silencio ante el aumento alarmante de las denuncias de tortura y malos tratos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos entre 2010 y 2013. La tortura y los malos tratos en México están fuera de control, como pone de manifiesto el hecho de que las denuncias hayan aumentado en un 600 por ciento en el último decenio, según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional.

La organización pide al gobierno mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas.  

El informe, titulado Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, analiza el preocupante aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Sólo siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales federales. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor. 

"Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el gobierno no protege los derechos humanos", afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América. 

"El alarmante aumento del uso de la tortura significa que existe una amenaza real de malos tratos para cualquier persona en México. En una encuesta encargada por Amnistía Internacional, el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia."

Este es el primero de una serie de cinco informes de país que se publicarán en el marco de "Stop Tortura", la campaña global de Amnistía Internacional.  

En el informe se explica en detalle cómo, desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos. Según informes recientes, en 2014 ha disminuido el número de quejas. Pese a ello, sigue siendo mucho más elevado que hace diez años.

Víctimas procedentes de distintas partes del país contaron a Amnistía Internacional que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semi-asfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener "confesiones" o para que incriminasen a otras personas en delitos graves. 

Ángel Amílcar Colón Quevedo sufrió tortura y abusos a manos de la policía y miembros de las fuerzas armadas debido a su condición de migrante y su origen racial. Es miembro de la comunidad afrodescendiente de Honduras.  Fue golpeado, le provocaron asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, lo desnudaron y le sometieron a tratos humillantes y a insultos racistas. Permanece en prisión en espera de juicio. Fue acusado sobre la base de la declaración que le obligaron a hacer tras ser torturado. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en julio de 2014. 

El informe de Amnistía Internacional documenta los casos de más de 20 personas que, como Ángel Colón, sufrieron tortura a manos de las autoridades en México. 

A pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las personas acusadas en procesos penales. 

Las escasas investigaciones oficiales que se llevan a cabo sobre las denuncias de tortura suelen ser deficientes.

El procedimiento pericial especial de la Procuraduría General de la República para investigar los casos de torturas y otros malos tratos a menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul. Pese a estas deficiencias, los fiscales y los jueces se basan en las investigaciones oficiales defectuosas y se niegan a aceptar otras pruebas de investigaciones independientes.

"La ausencia de investigaciones creíbles y exhaustivas sobre las denuncias de tortura supone un abuso por partida doble.  Si las autoridades no recaban pruebas de los malos tratos, las víctimas carecen de la posibilidad de resarcimiento y no pueden demostrar que sus "confesiones" han sido obtenidas mediante coacción," afirmó Erika Guevara.

"Es hora de revisar a fondo la investigación de las denuncias de torturas y otros malos tratos, en especial la aplicación de las normas internacionalmente reconocidas del Protocolo de Estambul. Asimismo, las autoridades mexicanas deben garantizar que las pruebas recabadas por expertos médicos independientes son admitidas en los procedimientos judiciales."

El informe señala una serie de medidas que deben adoptarse para prevenir, investigar y castigar la tortura y otros malos tratos. En primer lugar, el gobierno debe reconocer la verdadera magnitud de la tortura y comprometerse públicamente a luchar contra esta grave violación de los derechos humanos como máxima prioridad.   

Información complementaria: 

Desde 2010 hasta finales de 2013 la CNDH recibió más de 7.000 quejas por tortura y otros malos tratos, pero en ese periodo la Procuraduría General de la República sólo aplicó su procedimiento especial en 364 casos, y concluyó que había indicios de tortura en 26.

Desde 2006 a 2013, la Procuraduría General de la República inició 1.219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos, pero sólo presentó cargos en 12 casos. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, sólo ha habido 7 sentencias firmes por tortura en aplicación de la legislación federal. El índice de sentencias condenatorias es del 0,006 por ciento. En el ámbito estatal, la prevalencia de la tortura y la impunidad es aún mayor. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas de todas las quejas que recibe, ni defiende los derechos de las víctimas como debe. De las 7.000 quejas que recibió de 2010 a 2013, sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos. 

El Protocolo de Estambul se conoce comúnmente como el Manual de la ONU para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se elaboró en 1999.

23 may 2014

Comité de la ONU: Vaticano es responsable de abusos cometidos por sacerdotes fuera de su territorio

El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) sostuvo hoy que el Estado Vaticano es responsable de los abusos de menores de edad cometidos por sacerdotes, así sea fuera de su territorio.

En las conclusiones presentadas hoy en Ginebra tras la primera revisión al Vaticano como Estado parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, el Comité señaló que el argumento de la Santa Sede de que no tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos por sus ministros en terceros países no es consecuente con el instrumento internacional.

El Comité recordó que la Convención estipula que "todos los funcionarios públicos o personas que actúen en una capacidad oficial" deben cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado Vaticano en virtud de ese tratado.

Asimismo, indicó que la Santa Sede debe detener esas conductas y sancionar a quienes violen los principios de la Convención e instó a ese Estado a investigar las denuncias y a suspender inmediatamente de sus labores a los presuntos responsables de atropellos para evitar que continúen los abusos o intimiden a las víctimas.

Agregó que cuando se encuentre responsable a algún ministro se le deberá sancionar adecuadamente, incluyendo la expulsión del servicio clerical.

Además, el Vaticano deberá notificar a las autoridades civiles del lugar donde se hayan cometido los presuntos delitos para que éstas investiguen y procesen a los perpetradores cuando sea el caso.

Finalmente, el Comité pidió una reparación para las víctimas, independientemente de que el responsable haya sido o no juzgado.

Adjuntamos la versión aún no editada de las Observaciones Finales del CAT, en inglés:

Fuente Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

21 feb 2014

Información adicional a las observaciones finales del CAT al Estado peruano


Este es el documento enviado al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas - CAT. Fue elaborado por las siguientes organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes: Acción por los Niños, Aldeas Infantiles SOS Perú, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, CHS Alternativo, Fundación ANAR, Fundación Terre des Hommes Nederland, GIN, Instituto Promoviendo Desarrollo Social - IPRODES, Paz y Esperanza, Terre des Hommes Lausanne, y Save the Children International.