Una cosa queda bien clara en medio de la tormenta desatada con la revelación de los audios de la red de corrupción judicial: hoy por hoy, el mayor obstáculo para desalojar a esa red delincuencial y reformar a profundidad las instituciones judiciales es el Congreso de la República tal como esta conformado, copado por una mayoría de fujimoristas y apristas comprometidos por multiples y muy claros vínculos con esta red en particular y, en general, con intereses oscuros relacionados con actividades ilegales como el lavado de activos. “Comadrejas de bolsas insondables”, les volveria a escupir don Manuel.
Pues sucede que mientras el débil presidente Vizcarra ha dado pasos en la dirección que el país espera porque intuye que, de lo contrario, se lo llevará la corriente de agua turbia, en el Congeso se han dedicado a tratar de no hacer nada efectivo contra quienes, a fin de cuentas son sus agentes para lograr el contral del CNM y con ello tener bajo su dominio el nombramiento de jueces, fiscales y de titulares de organismos claves como la ONPE. Ante el dilema de perder este control, la mayoría aprofujimorista trata de encontrar el modo de sacarle la vuelta a la exigencia ciudadana, pero no es fácil.
Ha quedado demostrado que esa mancha, ese garabato que es el congresista Becerril mintió y miente reiteradamente con descaro. El, a nombre de su bancada, ejerció una abierta y gosera intervención en el proceso de elección del presidente del CNM para asegurar que el designado fuera el candidato de su partido. Asi, queda en evidencia que el plan del fujimorismo es de abierto y directo control de las instituciones del Estado en violación de la separación de poderes mediante sus agentes, topos y asalariados. En suma, la reedición fiel de la estrategia de Montesinos para ahogar la democracia.
La Comisión del Congreso sobre el caso Odebrecht es otro instrumento que busca activamente trabar y enturbiar las investigaciones que, con avances y retrocesos, se realiza en el Ministerio Público. El objetivo es blindar a todo trance a la “señora K”, que todo el mundo sabe muy bien quién es. ¿Alguien con dos dedos de frente puede creer realmente que esa comisión parlamentaria se ha formado para llegar al fondo de la verdad? Su actividad y su razón de ser están muy claras y están en oposición diametral a una reforma profunda del sistema judicial.
Este Congreso lamentable, sin duda el peor de nuestra historia, lleno hasta el cielo raso de parlamentarios denunciados por unnumerables delitos en infracciones que son usualmente encubiertos por la comisión de ética con tal de que se alineen disciplinadamente con el partido que domina ese poder del Estado, carece de toda calidad moral para formular y llevar adelante una reforma judicial, en la cual nunca pensaron. Si está, en cambio, en toda la posibilidad de frustrala. Mediatizarla.
En el gran proceso de limpieza que el país necesita y que debe venir de todos modos ante la mugre general revelada por los audios de la corrupción, hay que darle la palabra al pueblo.Esa limpieza, esa fumigación, con su correspondiente reforma institucional, no se pueden hacer de espaldas al pueblo y sin consultarle. Este Congreso dominado por imprensentables, esta masa de bribones, ya no tiene ninguna representatividad ni respaldo. Ni respeto de ese pueblo. Este Congreso se debe ir cuanto antes, mejor.
Pero los sinvergüenzas no suelen irse por las buenas. ¡Qué va! Esperar que estos congresistas se jubilen por un súbito acceso de pudor es una ilusión. No hay otra salida: la ciudadanía debe expresarse democráticamente, pacíficamente, multitudinariamente, pero con claridad de objetivos y firmeza ante la corrupción. Y el presidente Vizcarra no debe titubear en el uso de los mecanismos constitucionales que permitan acceder al proceso de limpieza institucional, que no tiene por qué excluir al Congreso donde anida el poder corrupto, dando paso al voto popular libre y democrático.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 20 de julio de 2018.
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