Escribe Pedro Salinas.
La mejor ley de prensa es la que no existe. Bueno. Así es como pensamos algunos, no todos. Otros piensan radicalmente distinto, obvio. Como los
fujimoristas. Porque en el fujimorismo, como en todos los partidos
políticos de talante autoritario, se cree en los sistemas de control
para restringir las libertades de prensa y de expresión. O en la
represión, que también. Por lo demás, ya vimos lo que son capaces de
hacer cuando asumen el poder, no nos engañemos.
Y ahora que son mayoría congresal, ya saben, han vuelto a las andadas. Con el
esperpéntico proyecto –varias veces mutado– de las legisladoras Letona y
Aramayo (esta última, encima, con señalamientos gravísimos por
extorsión cuando ejerció el periodismo en Puno), para más inri. Ambas
fujimoristas, dicho sea de paso, se han mostrado hipersensibles con las
críticas a su reprobable iniciativa.
Lamentablemente, en paralelo a ello, están ocurriendo una serie de casos inquietantes
que parecieran apuntar a lo mismo. A silenciar las voces críticas, a
taparle la boca a los columnistas y periodistas incómodos. Me refiero a
los casos de Ronald Gamarra, Jaime Chincha y Raúl Tola.
Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción y columnista del semanario
Hildebrandt en sus Trece, ha sido sentenciado a un año de prisión
suspendida por supuesta difamación agravada contra Luz Marina Guzmán
Díaz, ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La
autora del despropósito, María Contreras Gonzales, jueza titular del 35º
Juzgado Penal de Lima, lo obliga además a pagar diez mil soles de
reparación civil a favor de Guzmán, cosa que debe hacer en los próximos
cinco meses. Asimismo, ha tenido que pagar tres mil soles como multa a
favor del Poder Judicial.
La sentencia contra Gamarra es de risa. Se le acusa de referirse a un
hecho ocurrido hace cinco años, “que ya no tendría interés público”. Tal
cual. El tema de la columna de Gamarra ahondaba en el archivamiento de
una investigación que se siguió contra Marina Guzmán en el ministerio
público y que estaba conectada a la ratificación de la fiscal Mirtha
Chenguayen. Era sobre un aparente trueque de favores, es decir.
Y qué creen. A la jueza Contreras le llamó la atención que Gamarra ose
interpretar actos sucedidos hace un lustro. En serio. Para ella,
analizar cosas que se produjeron cinco años atrás constituye delito de
opinión. Y claro. Como suele pasar en estos casos, la sentencia –además
de mal escrita– no determina claramente al final por qué se le condena a
Gamarra. Pero se le condena. Sí está claro que, para la jueza de
marras, algo que pasó más allá de un quinquenio ya no le importa a
nadie. O mejor dicho. No debería importarle a nadie. ¿Pueden creerlo?
Jaime Chincha, de Willax TV, fue acusado por el presunto delito contra
la fe pública “en agravio del Estado venezolano”. ¿Qué hizo Chincha para
que la embajada venezolana le cayera con todo? Difundir un reportaje en
el que recogió testimonios y declaraciones de venezolanos en las
inmediaciones de la sede diplomática. Lo que más fastidió,
aparentemente, fueron los acres y ácidos comentarios que exigían la
salida del autócrata Nicolás Maduro. El cargo contra Chincha esgrimía
que el periodista, en medio de un plantón que no organizó él, había
“promovido e incitado un escenario hostil y de descrédito para la
representación diplomática del Estado Venezolano, para posteriormente
transmitirlo en el programa Willax TV”. Por hacer su chamba, o sea, lo
querían preso. Lo más insólito es que la 34ª Fiscalía Provincial Penal, a
cargo de Geymi Gastañaga, aceptó la denuncia y le abrió instrucción.
Semanas después, la demanda fue desestimada, pero ello no quita
responsabilidad en la actitud indolente de la fiscal Gastañaga.
Raúl Tola ha sido querellado por Rafael Rey, actual miembro del
directorio del Banco Central de Reserva (BCR), por “difamación
agravada”. Rey exige incluso una reparación civil de 300 mil soles. ¿Qué
ocurrió? Tola cita a Rey en una columna. Pero Rey niega haber dicho
algo que sí dijo en una entrevista que le hizo Beto Ortiz.
El caso lo está viendo el magistrado Elio Abel Concha Calla, del 16º
Juzgado Penal de Lima. Estamos hablando de otro caso tan absurdo como
los anteriores, pero que debido a autoridades judiciales como María
Contreras, Geymi Gastañaga y Elio Concha terminan encausando a
periodistas que lo único que hacen es cumplir con su labor. Una labor
que gente intolerante es incapaz de comprender. ¿Qué cosa no son capaces
de entender? Que las opiniones son libres y los hechos son sagrados.
Pues eso.
Fuente La República: http://larepublica.pe/impresa/opinion/868282-libertades-bajo-asedio
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