El CELS finalizó su alegato en el juicio por la coordinación represiva en el Cono Sur. Solicitó penas para los represores y expuso las pruebas que demostraron una asociación ilícita para la desaparición forzada y la privación ilegítima de personas. Además, hizo una petición novedosa para este tipo de juicios: el derecho a la verdad.
Por Juan Manuel Mannarino.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expuso la última parte de su alegato en el juicio por "Plan Cóndor". En el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py, los abogados expusieron la calificación legal de los delitos. Y finalizaron con un pedido de penas. "Probamos la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que tuvo como víctimas a militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantes de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña", dijo la abogada Luz Palmás Zaldúa a Infojus Noticias, quien dijo que el Plan comprobó una asociación ilícita para la desaparición forzada de 106 personas. Y pidió investigar nuevos hechos que se desprendieron del proceso.
De ese modo, el CELS concluyó un alegato que duró cuatro audiencias. El acta de
fundación del Plan Cóndor, consignó el organismo, está fechada el 28 de
noviembre de 1975 y se realizó en Chile durante la clausura de la
Primera Reunión de Inteligencia Nacional, convocada desde el día 25.
Allí se rubricó con las firmas de los responsables de Inteligencia de
Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. “Si bien ningún
representante de Brasil firmó ese acuerdo inaugural, se comprobó a lo
largo del juicio su cooperación para actividades represivas contra
opositores políticos de los países partícipes. Por otra parte, muchas de
las actividades que consigna el documento ya se realizaban de forma
bilateral”, se detalló en la exposición.
Para el organismo, la coordinación represiva tuvo distintas fases. La primera supuso la creación de una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan. La segunda fase consistió “en pasar a la acción, identificando y atacando a estos enemigos políticos a nivel regional”. La última comprendió operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.
“Los alcances del Plan Cóndor quedaron demostrados en su total magnitud. A casi cuarenta años del acta que dio origen al Cóndor, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 deberá evaluar la prueba y dictar una sentencia acorde. Muchos países, sobre todo los latinoamericanos, están esperando este suceso como uno de los más importantes actos de justicia por delitos de lesa humanidad”, dijo Luz Palmás Zaldía.
Además, el CELS hizo una petición novedosa para este tipo de juicios: el derecho a la verdad. El recurso, recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se citó para que el Estado reconozca la materialidad de los hechos más allá que existan muchos imputados fallecidos. “Jorge Videla, por ejemplo, murió y estaba acusado por una gran cantidad de hechos. Entonces, pedimos que se acrediten esos delitos aunque no se condenen los responsables. Entendemos que el Estado deber garantizar la justicia no sólo para las víctimas involucradas sino también dando una respuesta a la sociedad entera”.
Las pruebas
“Si bien algunos países de la región avanzaron en enjuiciar operaciones del Cóndor, ninguno de esos procesos tuvo la profundidad de éste, en el que durante dos años y medio de audiencias más de doscientas personas dieron su testimonio”, dijo la abogada.
La prueba documental consiste en doce informes de organizaciones de derechos humanos; seis informes de organizaciones internacionales; 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos; 90 legajos y cientos de documentos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad; y 8 documentos de Fuerzas Armadas del Cono Sur.
A ese material se sumaron las decenas de miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A su vez, al Proyecto de desclasificación de Chile se sumó el pedido de organizaciones de derechos humanos argentinas como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS . Y, en el 2002, se llevó adelante el Proyecto de desclasificación de Argentina, que reveló 4600 documentos.
Además, se contó con los informes de archivos nacionales y extranjeros como los de la ex DIPBA y el Archivo del Terror del Paraguay, entre otros. Y, por último, las evidencias de 326 causas judiciales de la Argentina y de otras 46 tramitadas en el exterior.
El pedido de condenas
El CELS pidió 20 años de prisión para Humberto José Ramón Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Rodolfo Emilio Feroglio, Carlos Horacio Tragant, Santiago Omar Riveros, Bernardo José Menéndez, Antonio Vañek, Eduardo Samuel Delío, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Humberto Caggiano Tedesco por el delito de asociación ilícita agravada y, en algunos casos, por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas.
Para Manuel Juan Cordero Piacentini se solicitó la pena de 5 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad, en base a los términos en que fuera extraditado.
Y para Miguel Ángel Furci, la pena de 25 años de prisión por ser co-autor penalmente responsable por las privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y amenazas contra 67 personas, "24 de ellas con la imposición de tormentos agravados".
El CELS integra la querella unificada junto con el Equipo Jurídico Kaos, la Fundación Liga Argentina por los DDHH y la abogada Alcira Ríos. Representa, además, a los familiares de los ciudadanos argentinos Horacio Campiglia, Mónica Susana Pinus de Binstock y Norberto Habegger, desaparecidos en Brasil. A los de Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, desaparecidos en Argentina y Uruguay, y a los del uruguayo Bernardo Arnone, desaparecido en Argentina. También representa a los familiares de María Emilia Islas Gatti y de Juan Pablo Recagno Ibarburu, que murieron durante la tramitación de la causa.
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