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5 mar 2026

CORTE IDH: PERÚ ES RESPONSABLE POR LA ESTERILIZACIÓN FORZADA Y MUERTE DE CELIA EDITH RAMOS DURAND


La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia contra el Estado peruano por ser responsable de la esterilización forzada y muerte de Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en el marco del programa nacional de salud reproductiva y planificación familiar.

San José, Costa Rica, marzo 5 de 2026. En la sentencia del caso Ramos Durand y otros Vs. Perú, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Perú responsable internacionalmente por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997. Además, por la falta de debida diligencia y demora injustificada en la investigación de lo ocurrido, y por las afectaciones que todo lo anterior causó en las hijas, esposo y madre de la señora Ramos Durand. En consecuencia, la Corte estableció que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, acceso a la información, a la familia, igualdad ante la ley y a la salud de Celia Edith Ramos Durand; a la integridad personal, garantías judiciales, protección a la familia y protección judicial de Marisela del Carmen Monzón Ramos, Emilia Edith Monzón Ramos, Marcia Maribel Monzón Ramos, hijas; Baltazara Durand de Ramos, madre y Jaime Enrique Monzón Tejada, esposo de la señora Ramos Durand; y de los derechos de la niñez de Marisela del Carmen Monzón Ramos, Emilia Edith Monzón Ramos y Marcia Maribel Monzón Ramos.

Sentencia Corte Idh Caso Ramos Durand y Otros vs Per Excepcin Prelimin_es 2026 by sofiabloem

Fuente CORTE IDH: https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/es/vid/1099209900

12 ene 2016

Perú: Aprueban Cronograma de implementación progresiva del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas

Aprueban Cronograma de implementación progresiva del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas REVIESFO periodo 1995 - 2001 que en su primera etapa comprenderá los departamentos de Cusco, Cajamarca, Piura, Huancavelica y Lima.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0001-2016-JUS
Lima, 8 de enero de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS, se declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995 - 2001 y se crea el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO);

Que,  dicha norma tiene por finalidad promover el acceso a la justicia, a través de los servicios de asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas, producidas durante el periodo 1995-2001, las cuales serán incorporadas en el REVIESFO, el cual es de ámbito nacional;

Que, el artículo 5 de la citada norma, crea el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas durante el periodo 1995 - 2001 (REVIESFO), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el ámbito de las competencias de los servicios de Defensa Pública de Víctimas, con la finalidad de identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0319-2015-JUS, se aprueba el “Procedimiento para la inscripción en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas en el periodo 1995-2001 (REVIESFO)” y su anexo “Ficha Única de Recojo de Información REVIESFO 1995 - 2001”;

Que, mediante el artículo 2 de la referida Resolución, se dispone que la implementación del referido Registro se realizará de manera progresiva, conforme al cronograma que se publicará en el portal institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

Que, es de interés del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos implementar el REVIESFO, de manera confiable y sostenible, garantizando la debida atención a todas las personas afectadas; 

Que, en virtud al propósito descrito en el párrafo anterior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha previsto iniciar la primera etapa del proceso de implementación progresiva del REVIESFO, en cinco (05) departamentos del país;
Que, la priorización de los departamentos se ha realizado en atención a las diligencias preliminares que viene realizando el Ministerio Público, respecto a las presuntas agraviadas de esterilizaciones forzadas, asimismo en atención a los Informes Defensoriales de la Defensoría del Pueblo Nº 7, Nº 27 y Nº 69;
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Decreto Supremo Nº 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Organizaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la Ley Nº 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública; el Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS; y la Resolución Ministerial Nº 0319-2015-JUS.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Cronograma de implementación progresiva del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas REVIESFO, periodo 1995-2001”, que en su primera etapa comprenderá a los departamentos de Cusco, Cajamarca, Piura, Huancavelica y Lima, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su anexo “Cronograma de Implementación progresiva del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas REVIESFO, periodo 1995-2001”, en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALDO VÁSQUEZ RÍOS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
ANEXO:
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA
REGISTRO DE VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS
Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS
Resolución Ministerial Nº 319-2015-JUS
Etapa
Departamento
Fecha de inicio
Actividad
Lugar
1
Cusco
Del 18 al 27 de enero de 2016
Inicio de Inscripción del REVIESFO
Provincia de Anta - Centro de Salud de Anta.
(Jr. Junín S/N - Anta - Cusco).
Jueves 28 de enero de 2016
Inicio de inscripción en la ciudad de Cusco
Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Cusco.
(Av. Micaela Bastidas Nº 657-D - distrito de Wanchaq - Cusco).
Cajamarca
Jueves 28 de enero de 2016
Inicio de Inscripción del REVIESFO
Centro Alegra - Complejo Qapacñan de Cajamarca.
(Av. La Alameda de los Incas S/N - Cajamarca).
Piura
Jueves 18 de febrero de 2016
Inicio de Inscripción del REVIESFO
Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Piura.
(Av. Sánchez Cerro Nº 1226 - Cercado de Piura - Piura).
Huancavelica
Jueves 25 de febrero de 2016
Inicio de Inscripción del REVIESFO
Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Huancavelica.
(Jr. Victoria Garma Nº 335 - Cercado de Huancavelica -Huancavelica).
Lima Este
Lunes 07 de marzo de 2016
Inicio de Inscripción del REVIESFO
Centro de Asistencia Legal Gratuita de Manchay
(Jr. Los Eucaliptos Mz.- A s/n, Huertos de Manchay, distrito de Pachacámac - Lima).

7 dic 2015

MINJUS: “Procedimiento para la inscripción en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas en el periodo 1995-2001"

Aprueban el procedimiento para la inscripción en el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas en el periodo 1995 - 2001 (REVIESFO) y su anexo "Ficha Única de recojo de Información REVIESFO 1995-2001", mediante Resolución Ministerial Nº 0319-2015-JUS, publicada hoy en El Peruano.



El Peruano: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-para-la-inscripcion-en-el-registr-resolucion-ministerial-n-0319-2015-jus-1320268-1/

5 dic 2015

La campesina Seferina Castro fue esterilizada cuando tenía dos meses de embarazo

Testimonio escrito. Ante el indignante abuso, se presentó ante un juez del distrito cusqueño de Colquepata y denunció que la condujeron a la fuerza a la posta del Ministerio de Salud para ligarle las trompas, en 1997. Nunca consiguió que le hicieran justiia. La evidencia documental cuestiona a lo que niegan que se cometieron atrocidades durante la ejecución del plan fujimorista de control de natalidad.
El mismo juez ante quien denunció que la esterilizaron contra su voluntad le dijo a Seferian que era inútil su esfuerzo, que no iba a pasar nada. Y así fue..

Creyeron que por su condición de quechuahablantes y analfabetas, ellas se quedarían calladas para siempre y todo quedaría enterrado en el olvido. Pero no hay crimen perfecto. Seferina Castro Huamán, a diferencia de sus vecinas de Colquepata, Cusco, resolvió denunciar ante las autoridades que le ligaron las trompas brutalmente sin su consentimiento, en 1997. Aguijoneada por los dolores a causa de la intervención quirúrgica, estimulada por su fe adventista, se presentó al Juzgado de Paz de Colquepata sin saber que el gobierno de Alberto Fujimori controlaba todos los poderes del Estado y la maquinaria bajo su control ahogaría la protesta de la mujer campesina. Pero el documento de la acusación sobrevivió al tiempo y ahora es un baldón para quienes subestiman o niegan los hechos.

El 11 de julio de 1999, doblándose de dolor, Seferina Castro se presentó ante el Juzgado de Paz de Colquepata para dar cuenta de la grave situación en que se encontraba. La habían esterilizado en la posta médica en condiciones infrahumanas y ahora no tenía fuerzas para trabajar y dar de comer a sus hijos. En el campo, padre, madre e hijos son mano de obra desde pequeños.

Los que esterilizaron a Seferina Castro ni siquiera se tomaron la molestia de verificar si la mujer se encontraba en estado de gestación. Tenía dos meses de embarazo. No les importó. La prioridad era cumplir con la campaña promovida por el Ministerio de Salud fujimorista.

Dice el documento: Que la señora compareciente indica haber sido ligada por el personal del Puesto de Salud de este Distrito en el año de mil novecientos noventaisiete, luego después de esta ligadura de trompa dio a luz a mi menor hijo (…) En esta comparecencia debo de indicar que esta ligadura de trompa me (la) hicieron sin mi consentimiento, ni tampoco mi esposo Julio Amao Jalanocca estaba de acuerdo.

A LA FUERZA
Seguidamente, describió el sistema de captación del personal de la posta médica para esterilizar a las campesinas, con el apoyo logístico de la municipalidad distrital de Colquepata:

En la camioneta de la Municipalidad hicieron traer a varias señoras de (la comunidad de) Tocra, (ubicada) en este Distrito. A ella (la) buscaron por las calles (y) la llevaron al Puesto de Salud para practicarlo la ligadura de trompas. (…) (Ignoro si es o no como consecuencia de la operación), pero a la fecha me vienen flujos de color amarillento, al mismo tiempo que tengo malestares y ardores desde la vagina hasta la barriga.

Seferina Castro pedía que los médicos del puesto de salud de Colquepata la tratasen para mejorar su estado y atender a sus hijos. No reclamaba nada extraordinario sino una compensación médica para recuperar el aliento y trabajar.

Jamás le respondieron. Su denuncia y reclamo fueron ignorados. Era la regla del gobierno fujimorista.

Encontramos a Seferina Castro Huamán 18 años después que le rompieron la vida en un puesto de salud nauseabundo donde la esterilizaron cuando estaba embarazada. Tenía 36 años y vivía en la comunidad de Tocra cuando la operaron.

Así lo relató:

Yo vi cómo traían en el carro de la municipalidad al Centro de Salud de Colquepata a las mujeres de mi comunidad. Habían ido a mi casa a las 12 de la noche los enfermeros Peter, José y Hernán. Ya habían ido muchas veces antes, insistían e insistían. Yo los puedo reconocer ahora. ‘Como la uña te vamos a cortar, no dolerá nada y todo va a estar mucho mejor’, me dijeron. Yo tenía seis hijos, me dijeron que si tenía más yo era la que iba a sufrir y no mi marido. Yo les dije que no quería porque había consultado a mis pastores (de la iglesia adventista), y ellos me dijeron que ligarse era malo. Me respondieron que yo era una rebelde. Que tenía que obedecer las órdenes del gobierno. Que obedeciera o me iba a la cárcel. Le hicieron firmar a mi esposo un papel a la media noche diciéndole que no iba a pasar nada malo. Él no quería, pero le obligaron diciéndole que si no firmaba iría a la cárcel.

Seferina Castro se negó a la intervención quirúrgica. Como hicieron varias vecinas de la comunidad de Tocra, huyó para evitar ser conducida a la inmunda sala de operaciones del puesto de salud de Colquepata. Pero, como si de una cacería humana se tratara, y con apoyo de la policía, los enfermeros de la posta la capturaron y operaron. Cuando llegó al establecimiento, encontró una escena copiada del infierno.

Yo logré escaparme del Centro de Salud, pero me atraparon los enfermeros Alicia, Peter y Hernán. Me agarraron de las dos manos y empujándome me trajeron de vuelta. Me encerraron en un cuarto y vi por la ventana que una mujer estaba con las piernas arriba. Me desesperé porque pensé que me iban a hacer lo mismo ahí. Vi una sala grande también donde estaban muchas mujeres tiradas en el suelo. Unas estaban hablando, a otras les salía espuma por la boca. Levantaban la cabeza y se caían. Yo les decía a los doctores: ‘¡No quiero que me hagan nada, nada, nada! ¡Suéltenme, por favor!’.  La enfermera Patricia me puso una inyección (la anestesia) y ya no recuerdo más. Desperté y me dolía mucho la barriga. No podía alzar mi pierna.

 Fue un trance difícil convencer a Seferina Castro, como a las otras mujeres víctimas de las esterilizaciones, para que recordaran el trágico episodio que vivieron hace casi dos décadas. Son sobrevivientes de una política estatal de control de la natalidad impuesta violentamente. No querían recordar no solo por el dolor sino también porque se trata de un terrible acto de injusticia. La única forma de restañar las heridas es con la sanción a los responsables prevista por la ley.

Seferina Castro es ágil, jovial, luchadora, positiva. Con una sed de justicia que a cada segundo se aviva más y más. Cree firmemente que algún día se hará justicia.

PROTESTA INCANSABLE

Y, sin embargo, Seferina Castro se quiebra, llora con sollozos profundos, cuando recuerda la espantosa experiencia que sufrió. Dijo: 

Después de la operación, seguía con dolores y me fui al hospital de Urubamba donde me hicieron una ecografía. Tenía tres meses de embarazo. Cuando la enfermera Alicia se enteró, me dijo que me harían abortar. Ahora mi hija tiene 17 años. Nieves se llama. Ellos no pudieron negarle la vida. Yo le dije a mi esposo que me llevara al juez para denunciar lo que me hicieron. No les di permiso para que me operaran. No puedo alzar mi pierna. ¿Por qué me hicieron esta desgracia? Los denuncié. Tengo los papeles.

Seferina Castro tiene ojos brillosos y expresivos. Es entusiasta y persistente. Lo comprobamos cuando por más de dos horas buscaba su denuncia sin señales de agotamiento o renuncia. Decía: “Tienen que tener la denuncia, ya la vamos a encontrar, yo busco por aquí, ustedes por allá, sigamos, sigamos, que sepan de mi denuncia para que no digan luego que inventamos”. Es rápida, amable y segura al hablar. Finalmente encontró el expediente de su caso. Mudo testigo de cómo funciona la justicia peruana, nunca tramitaron su protesta. Y eso la encoleriza, la enerva, la enfurece.

Y llora para desatar su impotencia.

Dijo Seferina Castro, comunera de Tocra:

La denuncia ha quedado en nada. Cuando me encontraba muy grave por los dolores hice la denuncia. Ha quedado en nada porque no tenía dinero para que continúe la investigación y sobre todo porque el juez de paz me había dicho que mejor no haga nada porque era peligroso para los médicos del centro de salud. ‘Mejor ahí no más que quede’, me dijo. Frustrada, triste, adolorida, ya no pude hacer nada más. 

Ahora existe la posibilidad de que los instigadores y perpetradores respondan ante la justicia.

Rufina: “Después que nos operaron amanecimos tiradas sobre el suelo”
Rufina Supho Flores, de la comunidad de Roquechira, también del distrito de Colquepata, fue maltratada con la misma modalidad que sufrió Seferina Castro Huamán. Incluso participaron los mismos personajes.

“Llegaron a mi casa los enfermeros Alicia y Hernán. Ambos me dijeron que el domingo tenía que llevar a la posta de Colquepata a mi hijo para que se vacunara. A mis 3 vecinas le dijeron lo mismo. Cuando llegamos a la posta, nos encerraron. ‘¡Están pariendo como chanchos!’, gritaban”, recuerda.

“Me quitaron la ropa, me pusieron una bata y me subieron a una camilla. Los que nos operaron eran médicos y enfermeros venidos de otras partes, Alicia y Hernán eran los que nos captaban de las comunidades”, explicó.

“Después que nos operaron, todas amanecimos tiradas en el suelo, como animales. Nos regresaron a una ambulancia y nos dejaron en la carretera. A pie, recién operadas, regresamos a casa. Ni una pastilla nos dieron”, recordó, amargamente.



En una entrevista en La República, el abogado colombiano Federico Andreau,  quien fue asesor de la Comisión del Parlamento Andino que el año pasado estuvo en Perú por las denuncias sobre esterilizaciones forzadas, recomendó una nueva investigación:

¿La “autoría mediata” por la que se condenó al ex presidente Alberto Fujimori por los crímenes del Grupo Colina se puede invocar en las investigaciones sobre esterilización forzada realizadas en su gobierno?
Es muy posible. Yo asesoré en temas jurídicos a la comisión de parlamentarios andinos que estuvo en Perú el año pasado viendo el tema. Por todo lo que escuchamos y vimos, es obvio que hubo una práctica criminal y que, por su carácter masivo y sistemático, podría ser calificado de lesa humanidad. Altas instancias del poder estuvieron implicadas.

¿En ellas el propio Fujimori?
El más alto nivel, incluido el ex presidente Fujimori, no solo tenían conocimiento, sino que las ordenaron. Puede aplicarse la teoría de responsabilidad por autoría mediata, o como mínimo puede calificarse como responsabilidad por ser superior jerárquico, pues sabiendo lo que sucedía no hizo nada para poner fin a las esterilizaciones forzadas.

Por haber sido una política gubernamental y frente a las denuncias presentadas en ese momento, ¿Fujimori puede aducir que no sabía lo que ocurrió?
Es imposible. Aquí no hablamos de una decena, ni de mil casos aislados. Hay miles de casos. Fue una política con un mismo modus operandi, el mismo propósito, y se puso a disposición gran parte del aparato del Estado para eso, por lo menos en el sistema de Salud.

¿Qué pruebas halló la misión del Parlamento Andino que el año pasado visitó nuestro país?
Quedó claro que no fueron hechos aislados, no solo por la cantidad, que superan  los 200 mil, sino por el patrón que se siguió. Entrevistamos a muchas víctimas en Cusco y en Lima, pero previamente recibimos mucha información que incluía expedientes judiciales, informes de ongs, los archivos de Naciones Unidas. Hubo un patrón, el personal médico y paramédico que participó no lo hizo por iniciativa propia, sino que fue el resultado de directivas de los ministros de Salud de esas épocas. Y este programa era de conocimiento y era promovido desde la presidencia de la República.

¿A qué conclusión llegaron?
Dado el altísimo número de casos y la existencia de un programa gubernamental, estamos ante un crimen de lesa humanidad y que para que haya justicia debía investigarse a las más altas autoridades implicadas en estos hechos.

¿Eso incluye a Fujimori?
Sí, involucraría al presidente de entonces, Alberto Fujimori.

En el caso de las torturas, ejecuciones y desapariciones no hay órdenes escritas, ¿lo mismo se puede aplicar para las esterilizaciones forzadas?
Como bien se dijo en la sentencia en el caso Fujimori (por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta), la inexistencia de órdenes escritas no quiere decir que no se dieran, pues pueden ser verbales.

Eso es difícil probar...
Se reconstruyen sabiendo que hubo tales reuniones, o que tales decisiones se tomaron a determinada instancia, en la que estaba el presidente, y por lo tanto, no puede desconocer que se dieron. En el caso de las esterilizaciones forzadas hay que tomar en cuenta de que fue un programa gubernamental, liderado desde la Presidencia. Incluso el mismo ex presidente Fujimori dio declaraciones sobre el programa y lo que debería hacerse; o sea que era una cuestión bien conocida por él.

La precandidata presidencial Keiko Fujimori, quien era primera dama cuando se produjeron las esterilizaciones, responsabilizó a los médicos...
Ellos ejecutaron  órdenes de los más altos niveles del poder.

Ella tenía que saber eso, ¿no? Claro.

¿Qué responsabilidad penal tendrían los médicos?
Habría que ver de qué manera participaron. Si actuaron bajo coerción y amenaza, hay que tomarlo en cuenta para rebajas de pena. Pero sí tendrían responsabilidad penal.

De ser presidenta, ¿podría indultar a su padre?
El ex presidente Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad, es decir, son crímenes inamnistiables. 

Fuente La República: http://larepublica.pe/impresa/en-portada/722457-la-campesina-seferina-castro-fue-esterilizada-cuando-tenia-dos-meses-de-embarazo
Foto Julio Angulo.
http://larepublica.pe/impresa/politica/722264-federico-andreau-esterilizaciones-forzadas-son-un-crimen-de-lesa-humanidad

6 nov 2015

Perú: Decreto Supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2015-JUS


Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto establecer el marco jurídico para implementar, con carácter prioritario, la asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaicones forzadas producidas entre los años 1995 a 2001 así como la creación del registro correspondiente a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 2.- Finalidad
La presente norma tiene por finalidad promover el acceso a la justicia, a través de los servicios de asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas, producidas durante el periodo 1995- 2001, las cuales serán incorporadas en un Registro de ámbito nacional.

Artículo 3.- Declaración de interés nacional
Declárese de interés nacional la atención prioritaria de las acciones de promoción del acceso a la justicia, a través de los servicios de asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas, producidas durante el periodo 1995 – 2001.

Artículo 4.- Acceso a la Justicia
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de las normas que regulan los servicios de Defensa Pública de Víctimas, brinda asistencia legal gratuita a todas las personas que se consideren víctimas de las esterilizaciones forzadas a nivel nacional, a fin de formular las denuncias a que hubiere lugar y, de ser el caso, brindar el seguimiento y patrocinio jurídico pertinente.

Artículo 5.- Creación de Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas
Créase el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas durante el periodo 1995 – 2001 (REVIESFO), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el ámbito de las competencias de los servicios de Defensa Pública de Víctimas, con la finalidad de identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia.

Artículo 6.- Atención integral en salud
Las personas incluidas en el registro creado por el artículo 5 del presente decreto supremo reciben atención integral en salud, en el marco de las disposiciones que regulan el Seguro Integral de Salud – SIS.
 
Artículo 7.- Atención psicológica y acompañamiento social
El Ministerio de la Mujer y POblaciones Vulnerables brinda la atención psicológica y el acompañamiento social correspondiente  a quienes se encuentren en el registro creado por el artículo 5 del presente decreto supremo.
Los Centros de Emergencia Mujer – CEM, en el marco de la atención psicológica y acompañamiento social y dentro del ámbito de su competencia, coordinan a nivel nacional con las direcciones distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de su respectiva localidad, a fin de implementar las acciones a que se refiere el presente decreto supremo de manera eficiente, optimizando sus recursos para la mejor atención de las víctimas de esterilizaciones forzadas.

Artículo 8.- Financiamiento: La presente norma se financia con cargo a los presupuestos institucionales de los Pliegos involucrados.
Artículo 9.- Refrendo: El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Salud, y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República  


11 jun 2015

El Tiempo: Víctimas del plan de esterilización forzada de Fujimori piden justicia

"Veinte años después del plan de "limpieza social", varias mujeres recuerdan el horror que vivieron".
 
Sabina Huilca Cóndor tenía 26 años, estaba en el último mes de su tercer embarazo y cuando llega el momento contaría con el auxilio de su madre y su hermana Nelly, como siempre. Era 1996 y en la pequeña comunidad de Huayllacocha, encajada en las montañas de los alrededores de Cuzco, la antigua capital del imperio inca, nadie dependía de médicos o enfermeras para algo tan natural y cotidiano como dar a luz.

Sin embargo, las ‘promotoras de salud’ que en la segunda mitad de los años 90 empezaron a acudir a los pueblos más lejanos del Perú –para ayudar a las mujeres a alcanzar una mayor conciencia de sus cuerpos y de los métodos anticonceptivos– le recomendaron confiar en ellas porque su bebé venía con los pies por delante y un parto en casa podría poner en peligro tanto la vida de la madre como la del feto. Así que cuando a Sabina se le rompió la fuente, el 25 de agosto, ella y su esposo, Carlos, caminaron hasta el puesto de salud más cercano.

Cuando la pequeña Soledad nació, a Carlos le ofrecieron un caldo a cambio de firmar un documento que él no supo leer y lo invitaron a irse a casa tranquilo. Su mujer pasó la noche con su primera hija, la que tanto había deseado después de parir dos varones, hasta que a las 6 de la mañana la despertaron a gritos: “¡Lávate la boca! ¿Te has bañado? ¡Lávate el cuerpo! ¡Lávate el cabello!".

Me agarraron a mi bebecita y sacaron una manguera para ducharme. Lloré. Nunca mi mamá me había bañado así, con agua fría. Me pusieron la ropa verde y una vía intravenosa. Me ataron las manos y las piernas a la camilla”, recuerda Sabina. “Usted no tiene plata para mantener tantos hijos. Dan a la luz como chanchos, como cuyes”, la insultaban.

Carlos fue a buscarla a la mañana siguiente, pero la mujer que encontró ya no era la misma: Sabina había sido esterilizada. Por la fuerza, mediante engaño y coacción, sin ninguna precaución higiénica, sin las herramientas apropiadas; sin preocuparse por posibles complicaciones, como infecciones o sangrados. Le habían abierto el vientre y se lo habían cosido a toda prisa, sin molestarse por sus gritos y sus súplicas por una explicación.Luego la tiraron a la calle, como si de verdad se tratara de un animal.

Su familia guardó el secreto durante meses, hasta que dejó de ser una tragedia íntima para convertirse en un crimen contra la humanidad que afectaba a miles de peruanas.

Hilaria Supa, la parlamentaria andina que causó un pequeño escándalo en el 2006 por haber jurado ante el Congreso de la República en quechua, su lengua nativa, viene de la misma comunidad de Sabina. Fue en Huayllacocha donde comenzó su carrera como dirigente campesina y valiente activista en defensa de los derechos de las indígenas.

Ella fue una de las primeras en darse cuenta de lo que estaba pasando: “Entrenaba a un equipo de fútbol femenino y de repente las jugadoras comenzaron a dejar de venir, decían que estaban enfermas. Así que fui a tocar a sus puertas y las hice contar la verdad”. Desde entonces, Supa nunca ha dejado de pedirle al Gobierno que haga justicia y repare a las víctimas. Hoy, es portavoz de una demanda colectiva que reúne a 2.074 mujeres.  

215.000 ligaduras

Victoria Vigo, de 51 años, fue esterilizada en 1996 en el hospital de Piura. Foto: Mirko Cecch.
Según la Defensoría del Pueblo, el Estado peruano esterilizó a 88.000 mujeres en 1996 y a más de 110.000 en 1997, cuando se registraron las primeras denuncias. En total, las cifras del Ministerio de Salud hablan de 215.227 ligaduras y 16.547 vasectomías en el periodo 1995-2000, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, que purga una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad relacionados con las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). 

En la gran mayoría de los casos se trató de campesinas, indígenas, madres de muchos hijos, a menudo analfabetas, pertenecientes a la esfera más pobre y marginada de la sociedad peruana, que en esos años estaba empezando a crecer en el plano económico y sentía el deseo de afirmarse como una potencia moderna e igualitaria, donde las mujeres finalmente eran “dueñas de su propio destino”.

Fueron esas las palabras que utilizó Fujimori durante la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que se celebró en Pekín en octubre de 1995. “Fue el único jefe de Estado hombre que intervino –recuerda la congresista Supa–, con el propósito de presentar su programa de salud reproductiva y planificación familiar, con el que pensaba exterminar la pobreza en Perú”.

Pero el suyo no era un proyecto para acabar con la pobreza, sino con los pobres, un programa de metas, incentivos y hasta sanciones para el personal que incumplía las cuotas de esterilización establecidas por el Ejecutivo.

Las mismas operadoras de salud se sacrificaban cuando no encontraban a nadie dispuesto a someterse a cirugía, convencidas de que el plan estaba realmente dirigido al empoderamiento de las mujeres”, cuenta Josefa Ramírez, presidenta del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (Iamamc).

Tristemente, 20 años después de que la administración Fujimori trazó este plan de ‘limpieza social’, la justicia ha avanzado muy poco. “Lo único que tenemos hasta ahora es un acuerdo entre el Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Mamérita Mestanza, una campesina indígena de 33 años que falleció el 4 de abril de 1998, ocho días después de haber sido esterilizada, a consecuencia de una infección posoperatoria y de la falta de atención médica”, resume Mariel Távara, de la ONG Demus.

Las primeras quejas ante la Fiscalía fueron archivadas en el 2009 y reabiertas en el 2012. En enero del año pasado, el fiscal Marco Guzmán volvió a archivar el caso. “No entendemos por qué, si fue gracias a él que Fujimori y sus ministros de Salud aparecieron por primera vez entre los culpables. Volvimos otra vez a la Corte Interamericana para denunciar las irregularidades y esperamos. La lucha continúa”, afirma Távara.

Campesinas y olvidadas

Esperanza Aguirre vive en Huancabamba, en el norte de Perú, tiene 58 años y no alcanza el metro y medio de estatura. Su voz es aguda y alegre. Lleva unos pantalones anchos con un vestido azul encima, el pelo recogido en una larga trenza y una gorra blanca con pequeñas flores de colores. Parece una niña cuando salta para contestar el teléfono o saludar radiante al que se encuentra por la calle. Pero las arrugas de su rostro evidencian todo el sufrimiento y las luchas que esta mujer ha tenido que dar.

Cuando le pido que me cuente lo que le hicieron, las palabras salen de su boca como un mantra: “Que bajen, decían, que les van a dar medicinas, alimentos. Los doctores vinieron de Lima. Yo ya tenía mis hijitos, siete, ahí en el campo, que se trabaja muy fuerte. Entonces entramos y miraba a las otras señoras, que ya les estaban haciendo la ligación. Y cerraron la puerta, ya no podíamos salir. Cuando me cortaban escuché que dijeron: ‘Ay, la señora está en estado’ ”. Esperanza estaba embarazada y no lo sabía. Los médicos no retiraron el feto, pero su hijo nació muerto meses después.

Desde que fue operada, Esperanza tiene la barriga hinchada, la siente dura y le duele. Para sobrevivir, vende en el mercado las frutas y verduras que le pasan algunas amigas y se encarga de la sede del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, que posee una pequeña granja con vegetales, cuyes y conejos que sirven para el sustento de las mujeres esterilizadas. Desde que dejó el pueblo comenzó a estudiar y ahora sabe leer y escribir. Esperanza no se da por vencida y sigue organizando reuniones y actividades para involucrar a las víctimas.

En Vilelapampa, un caserío a 40 minutos en carro de Huancabamba, más allá de una montaña que parece la cara de un diablo y que en las noches se asemeja a un toro, viven Marta Angélica y Clarisa Gertudis, también ‘ligadas’. “Todo el día recordando, pero ¿para qué?”, preguntan desconsoladas. El marido de Marta murió y el de Clarisa está enfermo. Sus campos están secos y este año no han dado para vivir. Cuando les pregunto cuántos hijos tienen, responden: “Siete, cuatro vivos y tres muertos” y “ocho, siete vivos y uno muerto; me faltan cuatro”, añade Clarisa después de calcular los que no pudo tener por culpa de la esterilización.

Todos se han ido lejos, en busca de suerte y trabajo. A Marta solo le queda Nancy, la más joven, que tiene 15 años. Su casa está hecha de barro, con techo de paja, y el agua llega apenas tres horas al mes, porque deben racionarla para que les alcance a todas las familias de la comunidad.

Nancy observa callada a su madre, que se ilumina escuchando la última idea de Esperanza: un taller para fabricar mantas, bolsos y ponchos, y venderlos en las ferias. Nancy va a la escuela y de Marta ha aprendido a tejer, así que el proyecto de Esperanza también es para ella. Le pregunto cuántos hijos quiere tener y tímidamente, pero sin dudarlo, responde: “Ninguno”.

El testimonio de Victoria

“Yo fui un error”, dice Victoria Vigo, víctima y representante de Demus recordando el día en que la esterilizaron. “Estaba embarazada y fui al hospital de Piura para un control por un leve malestar. Ellos, impulsados por el deseo de alcanzar las cuotas, se limitaron a un rápido vistazo a mi historia clínica.

Vieron que había vivido en la provincia, donde fui profesora, y dieron por sentado que yo también era una campesina sin voz ni derechos. Me dijeron que mi bebé estaba muerto el día siguiente, me vendaron el pecho para no dejar salir la leche y me dejaron ir, pensando que iba a ser solo una loca más”. Pero Victoria, independiente mujer de clase media y dueña de una empresa de construcción, no se quedó callada. Una vez entendió con su médico de confianza lo que le habían hecho, se dirigió a un abogado y obtuvo una pequeña compensación de unos dos millones de pesos. “No es nada comparado con el dolor que sufrí –reconoce– y, de todas formas, lo que quiero es que se haga justicia para todas, no solo para la gente como yo, que ha tenido más oportunidades”.