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5 mar 2019

ONU: La crisis global de vivienda tiene origen en la falta de acceso a la justicia


La crisis global de vivienda tiene sus raíces en una crisis de acceso a la justicia porque al negar este acceso, la vivienda no se reconoce, entiende o aborda como un derecho humano, afirmó este lunes la  relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada.  

Leilani Farha señaló en un comunicado que los Estados no se pueden preciar de ser líderes en el campo de los derechos humanos mientras dejan a un creciente número de personas vivir y morir en la calle, sin instancias para reclamar este derecho a sus gobiernos y sin acceso a soluciones efectivas.

Consideró que hace mucho tiemppo debió ponerse fin a las excusas, las justificaciones o la negligencia relacionada con la impartición de justicia cuando se niega a las personas su derecho a una morada digna.

"(La falta de acceso al goce de) los derechos debe tener remedio y los gobiernos deben rendir cuentas a las personas", indicó Farha.

Jerarquización de los derechos
"Los desalojos rampantes de quienes viven en asentamientos informales y campamentos, la desestimación de órdenes de tribunales y del estado de derecho y la criminalización de las personas sin techo sugieren una cosa: esas personas no son reconocidas ni tratadas como miembros igualitarios de la familia humana", apuntó.

La experta consideró que mientras los Estados nieguen el acceso a la justicia a las personas afectadas en su derecho a la vivienda, seguirán perpetuando la jerarquización de los derechos humanos, como si unas garantías fueran más importantes que otras.

Agregó que hay millones de personas viviendo en la calle o en habitaciones con condiciones inaceptables que no pueden recurrir a ninguna instancia para reclamar su derecho mientras que los Estados fracasan a la hora de garantizárselos y continúan imponiendo desalojos y crminalizando a las personas sin hogar o que viven en moradas informales.

La Relatora Especial insistió en la importancia de que se garantice el goce del derecho a una vivienda adecuada y digna, de que se eviten los desalojos mediante el acceso a la justicia y de que las inversiones o planes de desarrollo respeten el derecho a la vivienda.

5 dic 2017

CIDH se suma a reconocimiento de la Relatora de Naciones Unidas a Canadá por su enfoque de derechos humanos en el derecho a la vivienda

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su recién creada Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) saludan el reciente anuncio hecho por el Gobierno de Canadá sobre la creación de una estrategia nacional de vivienda “para la implementación progresiva del derecho de cada canadiense a acceder a una vivienda adecuada.”

Junto a la Comisión Interamericana, Leilani Farha, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, reiteró su opinión de que el reconocimiento del derecho a la vivienda es una deuda pendiente en Canadá, el cual ha sido rezagado por otros miembros de la Organización de los Estados Americanos en esta materia. La Relatora manifestó que: "Reconocer, por primera vez, los derechos humanos de las personas sin hogar y con una vivienda inadecuada es un momento significativo en la evolución de Canadá como una democracia participativa basada en el reconocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas."

La estrategia canadiense de vivienda prevé crear viviendas seguras y asequibles durante los próximos 10 años, en particular, para la población canadiense más necesitada, como mujeres y niños que huyen de la violencia familiar, personas mayores, pueblos indígenas, personas con discapacidades, aquellos que tienen problemas mentales, problemas de salud y adicción, veteranos y adultos jóvenes. De acuerdo con el plan, los principios de inclusión, rendición de cuentas, participación y no discriminación deben guiar las acciones llevadas a cabo por las autoridades competentes de los diferentes niveles del gobierno. También prevé alianzas con sectores sociales y privados para lograr sus objetivos.

El Comisionado Francisco Eguiguren, Presidente de la CIDH, declaró que: "La declaración del Primer Ministro canadiense de que el derecho a la vivienda es un derecho humano es un mensaje importante no solo para Canadá, sino para toda las Américas debido al fortalecimiento de la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. La Comisión valora mucho los esfuerzos de Canadá en este sentido."
 
El poblema de falta de vivienda y la existencia de viviendas inadecuadas en un país tan próspero como Canadá, con un clima ambiental tan hostil, han preocupado a los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y a la CIDH en los últimos años. Como miembro de la Organización de los Estados Americanos, Canadá está sometido a las obligaciones derivadas de la Declaración Americana de Derechos Humanos, según la cual todos tienen derecho a la vida y la seguridad, así como a la preservación de la salud a través de medidas sociales relacionadas con la vivienda. Canadá también está obligado por varios instrumentos jurídicos de la ONU que garantizan y protegen el derecho a la vivienda.

Soledad García Muñoz, recientemente nombrada Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, señaló que "el hecho de que Canadá no haya cumplido estas obligaciones ha tenido resultados trágicos, como la falta de vivienda generalizada, con graves consecuencias para los derechos a la salud y la vida". La Relatora Especial resaltó la importancia de garantizar la perspectiva de género en la estrategia nacional canadiense, recordando el informe de la CIDH sobre “Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas en Columbia Británica”, por el cual la CIDH destacó el grave impacto de la falta de vivienda en las mujeres indígenas y recomendó medidas para garantizar una vivienda adecuada. Por su parte, el Comisionado James Cavallaro, Relator para Canadá de la CIDH, observó que: "La falta de vivienda asequible constituye un serio desafío de derechos humanos que afecta a grupos excluidos y en situación de vulnerabilidad en todo Canadá, y que requiere una estrategia integral basada en derechos humanos.".

Una estrategia efectiva de vivienda con enfoque de derechos humanos requiere una referencia clara al derecho a la vivienda, el cual impone a los Estados obligaciones de inmediato cumplimiento y obligaciones para cumplir objetivos específicos con plazos para garantizar los derechos en un período de tiempo razonable. También se requieren acciones independientes de monitoreo e información para garantizar que se cumplan con la progresividad de estas obligaciones; un procedimiento de quejas por violaciones sistémicas del derecho a la vivienda y la plena participación de aquellas personas cuyos derechos están en juego.

La estrategia anunciada incluye dos mecanismos novedosos que de ser adecuadamente constituidos ayudaran a garantizar que la estrategia tenga un enfoque de derechos humanos. El Defensor(a) Federal del Derecho a la Vivienda quien formulará recomendaciones sobre barreras sistémicas para acceder a la vivienda y un Consejo Nacional de la Vivienda con representación diversa, incluyendo a personas cuyo derecho a la vivienda no ha sido efectivamente cumplimentado, con el objeto de proporcionar insumos para investigación, planificación y elaboración de políticas públicas. Estos mecanismos deberían interpretar ampliamente el derecho a la vivienda, incluido el acceso a servicios públicos como al agua potable, saneamiento, suministro de energía e instalaciones de salud y educación, entre otros. Además, los mecanismos deberían proporcionar a las personas sin hogar y con viviendas inadecuadas espacios específicos para ser efectivamente escuchadas durante todas las etapas de implementación de la Estrategia Nacional de Vivienda. En particular, deberían buscar, en el marco de sus competencias, prevenir violaciones al derecho a la vivienda y facilitar el acceso a reparaciones efectivas e integrales para las víctimas.

El Comisionado James Cavallaro, la Relatora de Naciones Unidas Leilani Farha y la Relatora Especial sobre DESCA Soledad García Muñoz, expresaron conjuntamente su preocupación respecto a los objetivos descritos en el plan para combatir la falta de vivienda: "No estamos de acuerdo en que un país próspero como Canadá fije reducir la situación crónica de falta de vivienda en el país solo en 50 % para el año 2028. Todos los países deberían establecer fechas específicas para eliminar, al menos, la falta de vivienda para el año 2030 de acuerdo con sus compromisos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También alentamos a Canadá a garantizar que sus asignaciones presupuestarias cumplan con los estándares en materia derechos humanos cuando se materialicen legislativamente.".

En este sentido, la REDESCA considera que si bien algunos de los componentes de la Estrategia pueden no cumplir con todas las expectativas, una vez que se adopte la legislación correspondiente con un enfoque basado en derechos humanos, en principio tendrían que existir medios para garantizar que los programas y las asignaciones presupuestarias sean adecuados. El hecho de que Canadá incorpore en su legislación nacional el derecho a la vivienda y cree los mecanismos necesarios a través de los cuales sus gobiernos puedan rendir cuentas es un paso histórico para el país. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que esta estrategia sea verdaderamente efectiva y coherente con los derechos humanos, incluida la garantía de que las provincias, los territorios y los gobiernos locales participen efectivamente en su implementación así como el desarrollo de un entendimiento claro por todos los niveles de gobierno del significado y la aplicación del derecho a la vivienda en el contexto de la Estrategia. El Estado también debe tener en cuenta la obligación de proteger a las personas de violaciones de derechos humanos que puedan surgir en el marco de las alianzas que se establezcan con actores privados al implementar la Estrategia Nacional de Vivienda.La CIDH y las dos Relatoras Especiales expresaron su expectativa de que el compromiso anunciado por Canadá sobre el derecho a la vivienda sirva de base para un diálogo constructivo entre Canadá y los diferentes mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos en los próximos años. Al respecto, añadieron que: “Estamos comprometidos para trabajar conjuntamente con Canadá para ayudar a garantizar que la estrategia tenga éxito y que la larga crisis de derechos humanos que ha provocado preocupación internacional en la materia sea remediada.”
Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/198.asp

19 feb 2015

CEPAL. Derechos a la alimentación, a la vivienda y a la seguridad social

En América Latina y el Caribe se destaca el balance positivo en cuanto a la lucha contra la desnutrición y el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, la evidencia empírica sobre la cobertura de seguridad social en la población infantil es escasa y presenta varios déficits. Esta infografía es parte de una serie producida por la CEPAL y UNICEF sobre los derechos de la infancia.

15 jul 2014

Más de la mitad de la población vive en áreas urbanas y seguirá creciendo

El 54% de la población mundial actual reside en áereas urbanas y se prevé que para 2050 llegará al 66 por ciento, según datos de un informe de la ONU difundido este jueves.

Los mayores incrementos se producirán en India, China y Nigeria, que en conjunto representarán el 37% del aumento previsto entre 2014 y 2050.

John Wilmoth, director de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA), aludió en rueda de prensa a las razones del aumento de población urbana que se prevé

“El crecimiento de la población urbana seguirá alentado por dos factores. La persistente preferencia de la gente de mudarse de áreas rurales a otras urbanas y el crecimiento de la población durante los próximos 35 años. Estos dos factores combinados añadirán 2.500 millones de personas a la población urbana para 2050. Casi el 90% de ese incremento se producirá en Asia y África”, señaló Wilmoth.

Asia alberga en estos momentos el 53% de la población urbana mundial, seguida de Europa (14%) y América Latina y el Caribe (13%).

El informe de DESA señala además que se ha pasado de 10 megaciudades en 1990 a 28 en 2014, con más de 10 millones de habitantes, y Tokio es la mayor de ellas, con 38 millones.

Esas megaciudades acogen en conjunto a 453 millones de personas o un 12% de la población urbana mundial. De ellas, 16 están en Asia, 4 en América Latina, 3 en África y un numero similar en Europa y 2 en América del Norte. Para 2030, se calcula que habrá 41 ciudades con más de diez millones de habitantes.

Además de Tokio, Delhi acoge a 25 millones de residente, Shangai a 23 millones y en Ciudad de México, Mumbai y Sao Paulo residen 21 millones de personas respectivamente.

Los datos revisados del informe Perspectivas Mundiales de Urbanización reflejan por otra parte que casi la mitad de los 3.900 millones de habitantes urbanos actuales residen en áreas urbanas con menos de medio millón de habitantes.

Los autores de este estudio resaltan que el crecimiento de población que registrarán numerosas ciudades supondra numerosos desafíos para ellas, en cuanto a atender las necesiodades de sus habitantes tanto en vivienda, como en infrestructura, transporte y la provisión de servicios básicos.


Fuente ONU y el Departamento de Asuntos Económicos y sociales: http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html

10 jun 2014

España. Una jueza frena la personación de un ‘fondo buitre’ para evitar el desahucio de tres menores

La empresa Municipal de la Vivienda de Madrid ha vendido el piso a un fondo de capital riesgo. Pedía la sucesión procesal en el desalojo de esta familia, suspendido en 2013 hasta que la administración pública garantizara un alojamiento digno a los menores.

Es la primera vez que un juez impide la personación de un "fondo buitre" para evitar el desahucio de una mujer y de sus tres hijos, menores de edad. La jueza de primera instancia número 39 de Madrid, Lourdes Menéndez, ha dictado un auto por el que rechaza la personación de uno de estos fondos con el fin de evitar el desalojo por la fuerza de los tres niños de la vivienda social en la que residen.

Esta misma jueza ya había suspendido, el 6 de marzo de 2013, el desahucio de esta mujer y sus hijos instado por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) por el impago del alquiler. La jueza resolvió entonces que no se podía lanzar a esta familia hasta que los menores terminaran el curso escolar y nunca antes de conocer las medidas concretas que adoptarían la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada de estos menores.

La jueza requería entonces una solución a los organismos públicos, para cumplir con las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (decisión de 6 de diciembre de 2012, solicitud número 77842/12), así como la obligación del juez a actuar de oficio para apartar a un menor del peligro o evitarle daños (artículo 158 del Código Civil) ; el interés superior del menor sobre cualquier otro interés (artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor ), además de los derechos protegidos por la Constitución y por la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Además, el auto dictado en 2013 destacaba que la EMVS describe como objetivo en su página web el facilitar el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades y cumplir con otras directrices de la política de vivienda, con un marcado carácter social.

Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid respondieron, por lo que el juzgado dictó una providencia el 20 de junio de 2013 en la que dejaba sin fecha el lanzamiento hasta conocer esas medidas concretas. Tampoco se interpuso recurso alguno, así que esta decisión se convirtió en firme.

Ahora, en otra vuelta de tuerca, el Ayuntamiento de Madrid ha vendido el piso donde vive esta mujer y sus tres hijos menores a la empresa Fidere Vivienda S.L.U., que pedía personarse en el proceso de desalojo forzoso de la mujer y sus hijos.

Esta empresa administra los pisos de protección oficial que el fondo ‘buitre' Magic Real Estate Blackstone adquirió el pasado junio al Ayuntamiento de Madrid. La venta supusounos ingresos para las arcas municipales de 128,5 millones de euros, a cambio de un lote de 1.860 viviendas de alquiler social, además de 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros.

El fondo ‘buitre' ha intentado la sucesión procesal en el lanzamiento suspendido. Sin embargo, la defensa de la mujer afectada se opuso a esa sucesión y argumentó que le competen derechos o defensas que solamente puede hacer valer contra la EMVS y que ese cambio de parte iba a dificultar notoriamente su defensa.

La jueza de primera instancia 39 de Madrid, en un auto fechado el pasado 20 de mayo, da la razón a la mujer porque el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge como causa para la oposición si el cambio puede dificultar notoriamente la defensa.

El auto considera fácil de comprender que las exigencias que el tribunal planteó a la EMVS para que pudiera producirse el lanzamiento de estos menores de edad no pueden mantenerse del mismo modo frente a un particular.

En consecuencia, la jueza Menéndez no permite la entrada en el pleito como sucesora procesal de la EMVS a Fidere, sin perjuicio de las relaciones jurídicas que existen entre la EMVS y la empresa que adquiere la vivienda arrendada a la mujer afectada, en cuyo seno podrán convenir lo que consideren precisó.